Bancos acreedores de Vicentin piden la continuidad del concurso

Los bancos internacionales acreedores del concurso de Vicentin SA advirtieron a la Corte de Santa Fe que el 29 de diciembre se terminan los contratos para que la empresa trabaje por cuenta de terceros, lo que derivaría en la paralización productiva y la falta de pago de sueldos e impuestos, sin que los acreedores perciban nada.

El International Finance Corporation (IFC), brazo comercial del Banco Mundial y Nederlandse Financierings- Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) lo comunicaron por escrito al máximo tribunal, que por decisión del presidente de la Corte -Rafael Gutiérrez- del 16 de junio, suspendió el concurso Se trata del expediente que lleva adelante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. Las entidades financieras internacionales solicitaron "a la brevedad" la devolución del expediente a su juez natural.

El tribunal debe decidir si acepta el pedido de avocamiento de un grupo minoritario de acreedores. El expediente concursal ya tenía las mayorías requeridas por la ley de Concursos y Quiebras para aceptar el plan de pago presentado por Vicentin, junto a los inversores estratégicos ACA, Viterra y Bunge.

Tras la decisión administrativa del juez Gutiérrez, la Corte corrió traslado a diversos actores del expediente que se lleva adelante en Reconquista. Entienden los bancos que el planteo del acreedor Commodities SA puede ocasionar mayores perjuicios que el "daño incierto" que procuraría conjurar.

"No justifica la intervención en esta instancia de la Corte" porque sus inquietudes o alegaciones "pueden ser debidamente encauzadas y resueltas en el marco y bajo el esquema" previsto en la ley de Concursos y Quiebras.

Fecha de vencimiento

Recuerdan las entidades financieras internacionales "Vicentin funciona en la actualidad pura y exclusivamente bajo un esquema de fazón; los contratos en curso tienen fecha de vencimiento el próximo día 29 de diciembre de 2022. Esos contratos son la única fuente para que la empresa abone los sueldos de los más de 1200 empleados de su nómina. No hay otra actividad productiva de Vicentin en la actualidad".

Añaden incluso que la paralización decidida por el máximo tribunal conlleva un riesgo de daño "irreparable" a la comunidad productiva y a los acreedores, por cuanto no se podrían extender los contratos de fazón sin que se resuelva la reanudación del concurso.

Commodities SA invocó el carácter "fraudulento" de la propuesta de pago presentada en el concurso. Sin embargo los bancos -acreedores en el expediente- sostienen que "no se advierte" tal condición y que, en todo caso, aún cuando el juez Lorenzini aceptara la propuesta de pago y rechazara impugnaciones, tal decisión podría ser apelada.

Señalan los bancos que la misma ley determina en su artículo 52 que "En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley". También exponen que Commodities hizo cuestionamentos antes de la audiencia previa a una eventual decisión del juez, que Lorenzini agregó al expediente "no obstante su carácter de extemporánea por prematura".

Sin precedentes

"No existe en el repertorio de jurisprudencia nacional o provincial (en todo el territorio del país) un caso en el que un pronunciamiento sobre si una propuesta concursal resulta o no abusiva o formulada en fraude a la ley, haya sido resuelto por una instancia superior mediante una vía excepcionalísima como la avocación, sin que se hubiera cursado el trámite legal de impugnaciones y pronunciado sobre la viabilidad o no de la propuesta el propio juez natural de la causa".

¿Cramdown?

Si la oferta concursal no se homologa, la incertidumbre de la continuidad de Vicentin se acrecienta. "No se advierte, ni nadie vinculado a este proceso concursal lo ha explicado tampoco, de qué manera la apertura de un proceso de cramdown (o una eventual quiebra), contribuiría a una solución del caso favorable desde la perspectiva de los acreedores, que es la que debe priorizarse", señalan los bancos.

Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, señaló a El Litoral a fines de julio, que no hay nadie más que los inversores estratégicos con capacidad para invertir US$500 millones pagar a los acreedores, sostener las plantas activas y mantener trabajo y salarios.