Sólo con las subas a jubilaciones se comprometen las metas fiscales

Un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que el costo fiscal del aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones es de 1.673.494 millones (0,20 del PBI) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.

En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PBI), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PBI)

Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero.

El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).

Las cuentas de la OPC ratifican que la sanción de la ley -que el gobierno nacional vetará según lo anunciado por Javier Milei- compromete el éxito del programa económico de baja del gasto, que lleva adelante la administración Milei.

El compromiso con el FMI

En el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina se ha comprometido a alcanzar metas de superávit fiscal primario crecientes para los años 2025 y 2026. Los objetivos buscan consolidar la estabilidad macroeconómica y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, postergando la inversión social.

Para el año 2025, la meta de superávit fiscal primario se ha establecido en un 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) (Milei prometió 1,6%). Este resultado, que excluye el pago de los intereses de la deuda, es un pilar "innegociable" del programa económico del gobierno.

Pero para conseguirlo, la Casa Rosada incumple -por ejemplo- con pagos como las compensaciones a cajas de jubilaciones no transferidas, entre ellas las de Santa Fe. Es parte del reclamo que la administración de Maximiliano Pullaro ha llevado a la Corte.

De cara a 2026, el esfuerzo fiscal nacional deberá intensificarse según lo acordado con el FMI, ya que el objetivo de superávit primario se eleva al 2,2% del PBI. Algunas fuentes indican que la meta podría estabilizarse en torno al 2,5% del PBI a partir de 2027, como parte de la estrategia de mediano plazo para reducir el peso de la deuda.

Cabe recordar que, según el ministro de Economía, el costo total del paquete de leyes sancionadas por el Congreso en las últimas semanas supone un costo fiscal del 2,5% del PBI.

Lo que "mejorarían" los haberes

Cabe recordar que la ley sancionada en el Congreso y cuestionada por el presidente, prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual. Eso más una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.

"Sin la nueva norma -señala la OPC- los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%".

Si se aplicara la norma sancionada -cosa que en lo inmediato no sucederá- los haberes mínimos (con bonos) alcanzarían una mejora de 16,4% contra julio, dada la suba del bono de $70.000 a $110.000.

Proyectando el análisis hasta diciembre de 2025, los haberes superiores al mínimo alcanzarían una mejora en términos reales de 11% contra diciembre de 2024, mientras que los haberes más bajos (con bonos) lo harían 16%.

Sin la aplicación de la nueva ley, la capacidad de compra de los haberes sin bonos alcanzaría una mejora de 3,6% a/a, mientras que los haberes mínimos (con bonos fijos a $70.000) se contraerian 1,1% a/a.