Opinión: Maldito Antirrábico

Asociación Defensa de los Derechos del Animal (Addera)

El Instituto Antirrábico fue creado con la intención de contrarrestar las causas y efectos de una zoonosis que ponía en serio riesgo a la salud pública. Justificado en esas razones, surge el decreto-ley 6.150 de profilaxis de la rabia en 1963.

Con el transcurrir del tiempo, se logra el control de dicha enfermedad y, si bien no se puede hablar de su total eliminación, en la actualidad está controlada.

A pesar de esta realidad y habiendo pasado 46 años de la puesta en vigencia del decreto, el Antirrábico sigue operando bajo la misma modalidad y concentrándose en los artículos que hacen referencia al sacrificio de los animales de compañía y no en lo que refiere a la coordinación de actividades con el municipio o a la puesta en funcionamiento de un registro de propietarios de animales. Dadas las celdas de reducidas dimensiones dentro de las cuales los animales deben satisfacer sus necesidades fisiológicas, comer, beber y dormir, este organismo se ha transformado en un centro de tortura y matanza de perros y gatos, donde se sacrifica bajo la presunción de animal agresivo y/o mordedor y se transgrede la ley penal 14.346 de Protección a los animales y la Declaración Universal de los Derechos del Animal. No se entiende cuál es el objetivo que anima a las autoridades del Ministerio de Salud para continuar con estas prácticas que lo único que hacen es fomentar la irresponsabilidad de quien incorpora un animal de compañía a su hogar y cuando éste se torna una “molestia” es depositado en el Antirrábico, donde se encargarán “oficialmente” y sin mayor oposición de extinguir su llama de vida. Mucho más sorprendente que las prácticas aberrantes que allí se suceden es que se podría redireccionar la funcionalidad del Antirrábico hacia la vida y no la muerte.

Las respuestas de las autoridades del Ministerio de Salud han sido “deberían trabajar en la modificación de la legislación”, poniendo en evidencia una preocupante laguna mental en cuanto a quienes ejercen la labor gubernamental o “es la Municipalidad la que debiera hacerse cargo”, no asumiendo que la responsabilidad, por el momento, es de la Provincia.