Nación gira fondos educativos, pero los gremios reclaman que no impactan en el "bolsillo" de los docentes

El día previo a la reunión pautada con los gobernadores, el gobierno nacional prorrogó un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, de manera que resolvió enviar a las provincias los recursos de coparticipación destinados al sistema educativo. Sin embargo, gremios docentes salieron a señalar que esta decisión "significa cero pesos en el bolsillo de los trabajadores".

La medida fue confirmada a través del Decreto 231/2024, publicado en la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial. Con la firma del presidente Javier Milei, se decretó la vigencia del artículo 7 de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que asegura que un porcentaje de los fondos coparticipables se destinen al gasto educativo.

La norma garantiza el envío de los recursos para que las provincias y municipios destinen un porcentaje específico a Educación. Aunque no implica que la Nación envíe más dinero, sino que se trata de una “asignación específica” que busca “proteger” la inversión en este área en cada una de las jurisdicciones del país.

De esta manera, según aclaró el gobierno mediante un comunicado que hizo circular la secretaría de Educación de la Nación, "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la obligatoriedad, pueden ejecutar estos fondos educativos tanto al pago de salarios, como al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

"Si bien el cálculo de la afectación específica determina qué monto se deduce del total de recursos coparticipables en cada jurisdicción para ser destinado a Educación, se calcula que alrededor del 25% de los fondos son los que se deben destinar a tal fin", se aclaró en el comunicado enviado a los medios de prensa.

Acercamiento con provincias

La decisión no es una novedad en si misma pero cobra relevancia de cara a la cumbre entre el Presidente y los Gobernadores que este viernes tendrá lugar en Casa Rosada, como parte de la convocatoria al Pacto de Mayo, en el cual se busca consensuar un acuerdo fiscal en las provincias en medio del programa de ajuste nacional.

En la antesala de esta cumbre, este miércoles se llevó a cabo una reunión entre las carteras económicas de la Nación y las provincias. Allí, entre otras promesas, el Gobierno central comunicó la intención de comenzar a girar algunos fondos para actividades educativas ante el contexto de ahogo financiero que expresaron los ministros.

Esa voluntad fue expresada en los considerandos del Decreto publicado este jueves. Allí, el Poder Ejecutivo Nacional explicó que, frente a la decisión de prorrogar el mismo presupuesto que el año pasado, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias”, necesarias para “garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Aun así, la medida no significa una novedad por sí sola. Las anteriores gestiones de gobierno dispusieron sucesivas prórrogas de este artículo de la ley sancionada en 2005 con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. La última había vencido en 2023.

Tensión con gremios docentes

Conocida la disposición, la secretaría de políticas educativas de la CGT que encabeza Sergio Romero, junto a los gremios docentes UDA, Amet, CEA y Sadop, salieron a señalar que estos recursos "significan 'cero peso' para el bolsillo".

Asimismo las entidades de representación nacional advirtieron que el Decreto 231/2024 del Poder Ejecutivo Nacional "no incorpora ni el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) ni el ítem 'material didáctico'" por lo que acusaron "una quita salarial significativa y concreta para la remuneración docente".

Si bien los dirigentes celebraron que “el Poder Ejecutivo reconozca que debe garantizar el Financiamiento de la Educación en Argentina", reclamaron que el Decreto “resulta claramente parcial, escaso e incompleto” porque “se olvida de las personas que trabajamos en la educación y sostenemos el sistema”.

“Este DNU -agregaron- busca oxigenar los presupuestos educativos provinciales, con fines y objetivos específicos, en el marco de una disputa política que mantienen las jurisdicciones con el poder central de la que los trabajadores no formamos parte”.

“El Estado Nacional aparentemente cumplirá con parte de la tarea (financiar la educación) que hasta ahora buscaba eludir, pero se olvidó de los docentes que hemos sostenido el reclamo por salarios y fondos para la educación”, completaron los sindicatos.

Protesta frente al Congreso

Por otra parte, este jueves se realizó una jornada nacional de protesta por parte de la Ctera, en el marco del conflicto con el gobierno nacional ante el fracaso de las negociaciones paritarias y el desfinanciamiento del sector.

La concentración principal se realizó frente al Congreso de la Nación, y fue encabezada por la secretaría general de la entidad, Sonia Alesso, quien rechazó la "embestida del gobierno de Milei contra la educación pública, los docentes, nuestros salarios, los programas educativos nacionales y los haberes de los jubilados”.

En ese marco, Alesso explicó que durante las últimas semanas vienen llevando adelante reuniones “con varios bloques de la Cámara de Diputados de la Nación” y que ya hay “9 proyectos de ley para restituir el FONID y fondos para la educación”.

Además, se informó sobre un fallo de la Justicia que estableció que la educación “no es un servicio esencial”, y que determinó la inconstitucionalidad y el “avasallamiento” de la prohibición al derecho a la protesta, presente en el DNU del gobierno nacional.

El próximo martes los gremios docentes nacionales volverán a verse las caras con la secretaría de Educación y Trabajo dependientes del ministerio de Capital Humano, tras el cuarto intermedio pactado tras el fracaso de la última reunión para definir el mínimo salarial de los docentes de todo el país.