Paro universitario de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento

La docencia universitaria realizará un paro nacional de 48 horas los días 21 y 22 de octubre, en reclamo por la "plena implementación" de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.

Entre los fundamentos, el gremio señala que la ley obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 a la fecha en un porcentaje no menor al índice de inflación del Indec, a garantizar aumentos remunerativos y bonificables, y a convocar a paritarias obligatorias cada tres meses, con actualización mensual por inflación.

Además, contempla la recomposición de becas estudiantiles (como Progresar, Belgrano y Enfermería), la creación de un fondo para investigación y becas, y la actualización bimestral del presupuesto universitario 2025 también atado al índice de inflación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento pleno de las universidades nacionales.

Desde el sector advierten que "la situación salarial es crítica" y exigen al gobierno nacional "respuestas urgentes" que garanticen el funcionamiento del sistema universitario público.

La medida de fuerza es impulsada por Conadu Histórica, y al que adhiere uno de sus gremios de base Adul (de la UNL). Hay facultades que están con exámenes, por lo que los alumnos deberán consultar a sus profesores. En tanto, el gremio que nuclea a los no docentes de universidades públicas -Fatun-, definió llevar adelante un sólo día de paro para este martes 21.

Además de Conadu Histórica, también la Conadu -que representa a otras universidades del país, entre ellas, la de Rosario- llevará adelante un paro de 48 horas los mismos días.

Promulgación

Como se recordará, el jueves 2 de octubre, el Senado rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, más conocida como "Ley Garrahan". En cuanto al financiamiento universitario tuvo el apoyo de 58 senadores y el rechazo de 7, mientras que 4 legisladores de la cámara alta del Congreso se abstuvieron.

Este lunes 20 de octubre vence el plazo para la promulgación de la ley, tras lo cual quedará vigente de hecho. Sin embargo, ante la posibilidad de que no se aplique (lo que ocurre con la ley de discapacidad), los gremios docentes indican que esto representaría "una violación a la democracia y a la separación de poderes".

El CIN, con la misma exigencia

En una declaración unánime, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todas las universidades públicas del país, también reclamó al Poder Ejecutivo Nacional la "promulgación y ejecución plena" de la ley.

"El panorama salarial y presupuestario es cada vez más grave", advirtieron desde el CIN la semana pasada, y recordaron que la ley es fruto del "trabajo colectivo del sistema universitario", elaborada con aportes de todos los sectores y debatida de forma democrática. Subrayaron que no existen "excusas válidas" para no aplicarla.

También reiteraron su reconocimiento al Congreso por insistir en su aprobación y se pusieron a disposición para trabajar en el presupuesto 2026, con la aspiración de que incluya los fondos garantizados por esta ley.