Microtráfico: nuevas herramientas y los límites de la investigación penal en Santa Fe

El fenómeno del microtráfico modificó el trabajo cotidiano de fiscales, defensores y jueces santafesinos desde que la provincia asumió competencia sobre los delitos correspondientes al último eslabón de la cadena del narcotráfico. Tres años después, Ignacio Alfonso Garrone, Santiago Saux y Clara Vázquez vuelven sobre el tema con un segundo libro, esta vez con un enfoque que combina cuestiones teóricas y prácticas.

“Microtráfico de estupefacientes: Herramientas para una persecución y alcances del Reprocann en el Proceso Penal santafesino” tiene 196 páginas y nueve capítulos. El prólogo fue escrito por el juez federal de Rosario Román Lanzón y la publicación estuvo a cargo de Editorial Librería Cívica. La presentación será el martes 29 de septiembre, a las 18.30, en el Salón Alberdi del Colegio de Abogados de Santa Fe.

—¿Qué diferencia a este segundo tomo del primero?

Ignacio Alfonso Garrone: El primer tomo surgió cuando el fenómeno del microtráfico era nuevo para los operadores provinciales. Defensores, fiscales y jueces no estaban acostumbrados a juzgar conductas vinculadas al narcotráfico. La ley tenía una respuesta específica para el último eslabón de la cadena y no era todo lo mismo. Con la experiencia profesional, la tarea docente de Clara y la experiencia de Santiago, entonces secretario de un juzgado federal, armamos aquel libro como una herramienta práctica para abordar el microtráfico.

Este segundo libro es más teórico, aunque también tiene una parte práctica. Abordamos las exclusiones probatorias, para determinar cuándo una prueba es lícita o no, las herramientas para investigar el microtráfico y también todo lo relacionado con el Reprocann.

Clara Vázquez: Hubo una idea rectora: analizar cómo el microtráfico está atravesado por la tensión entre eficacia y garantías. Por un lado, están los límites que deben ponerse a la recolección de pruebas para proteger las garantías individuales; por otro, la necesidad de obtener evidencias en una investigación, particularmente cuando se trata de investigaciones complejas. Esa tensión atraviesa la labor tanto de fiscales como de defensores.

Nuevas herramientas

—¿Qué nuevas herramientas aparecen en ese escenario?

IAG: Hay herramientas tradicionales, como la requisa o la requisa con perros, pero también otras modernas: bloqueo de celulares, herramientas térmicas, GPS, aplicaciones y vigilancia virtual.

CV: Son herramientas nuevas y por eso algunas están generando tensiones en la práctica. Todavía no sabemos bien qué va a ocurrir con varias de estas técnicas ni cuál será el resultado de su implementación.

—¿Están todas reguladas?

CV: Algunas están reguladas y otras surgen de la práctica, de interpretaciones abiertas o de la jurisprudencia.

IAG: En cuestiones como la detección térmica, el GPS o determinadas aplicaciones utilizadas a nivel comparado, recurrimos mucho a la jurisprudencia de Estados Unidos. El interrogante es hasta dónde llega la expectativa de privacidad de una persona, hasta dónde se puede avanzar sin una orden judicial y en qué momento esa orden resulta necesaria. Algunas técnicas también tienen regulación en nuestro Código Procesal Penal, como ocurre con la flagrancia virtual.

Otro de los temas que abordamos es el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), porque puede aparecer utilizado como fachada para determinadas conductas delictivas. El registro autoriza a tener una determinada cantidad de cannabis y eso también plantea interrogantes jurídicos.

—¿Cuál es, entonces, el aporte que busca hacer este segundo libro?

IAG: Creo que por primera vez dentro de la bibliografía jurídica local hay un desarrollo extenso de las exclusiones probatorias y sus excepciones, con la mirada de la jurisdicción nacional y provincial. Después hay un desarrollo de las herramientas para la persecución del microtráfico: desde la requisa con canes hasta allanamientos sin orden, uso de drones, vigilancia acústica, filmaciones, desbloqueo de celulares y levantamiento de secreto bancario entre otros. Y finalmente todo lo relacionado con el Reprocann. Ese es, en buena medida, el núcleo del libro.

Mujeres y jóvenes vulnerables

—En el primer libro había un capítulo dedicado a género. ¿La experiencia de estos años modificó esa mirada?

IAG: En realidad, el primer libro ya había abordado los tipos penales, la competencia y un capítulo especial sobre género. Hay una realidad: la primera línea de prisionización en materia de narcotráfico, y particularmente en el narcomenudeo, son las mujeres. Esto se veía en los juzgados federales y se sigue viendo. En muchos casos realizan tareas domésticas, están en sus domicilios y son utilizadas como primera línea porque tienen hijos menores y, eventualmente, pueden acceder a una prisión domiciliaria.

Es un problema que sigue existiendo, pero en este segundo libro el eje está puesto en la tensión entre eficacia y garantías, las exclusiones probatorias y las herramientas para investigar el microtráfico.

—¿Qué puede ocurrir con los adolescentes a partir de la reforma del régimen penal juvenil?

CV: Sin duda vamos a tener un mayor número de imputados con la reforma. Es un delito en el que muchas veces están involucrados menores, sobre todo en los barrios, a través de la figura del llamado “soldadito”. En algunos casos son utilizados por las organizaciones o por vendedores barriales.

IAG: Después de las mujeres vulnerables, los menores ocupan un lugar importante. Muchas veces son utilizados como instrumentos por las organizaciones porque hasta ahora no eran punibles. Entonces, esa masa de menores va a pasar a tener una centralidad importante en el proceso penal y probablemente aumente la estadística de menores detenidos.

Pero habrá que analizar qué rol tenían dentro de la organización. Muchas veces cumplen un papel de protección o son utilizados como instrumentos por los verdaderos autores.

Desfederalir y coordinar

—¿Cómo evalúan la relación entre la Justicia provincial y la federal después de estos años de desfederalización?

IAG: En mi caso, creo que nunca se logró la coordinación que requería el sistema. Cuando sancionás una ley de microtráfico, fragmentás un delito que tiene una estructura organizativa. Tenés al que vende, al que provee, al que organiza y al jefe de la banda. A partir de la ley, una parte queda en la Justicia provincial y otra en la federal.

Cuando fragmentás el microtráfico necesitás coordinación. Un fiscal provincial puede estar llevando adelante una investigación que termine frustrando una investigación federal. Para mí, eso todavía no está aceitado.

La ley de microtráfico es razonable y necesaria, y es importante que los gobiernos provinciales sumen herramientas a la política criminal. También es cierto que la Justicia federal tiene que hacer su parte, porque había barrios con situaciones de violencia altamente lesivas que no eran abordadas con la velocidad necesaria. Pero la coordinación entre ambos ámbitos sigue siendo una deuda de la implementación.

—Existe un proyecto para que las provincias puedan avanzar sobre investigaciones de mayor complejidad. ¿Qué posibilidades le ven?

IAG: Se trata del proyecto que el Ministerio de Seguridad presentó ante la Nación para que las provincias que adhieran a la ley de microtráfico puedan tomar la investigación de todos los eslabones de la cadena.

Hoy el MPA puede intervenir sobre el último eslabón y bajo determinadas condiciones: droga fraccionada y destinada a la venta. Lo que se pretende es avanzar sobre toda la cadena. Yo lo veo difícil por las realidades provinciales. El narcotráfico es un delito federal, complejo, que requiere actos concatenados. Si uno investiga abajo y se adelanta, puede frustrar una investigación que está buscando llegar a los niveles superiores.

Los autores

Ignacio Alfonso Garrone es especialista en Derecho Procesal Penal por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. También se formó en litigación penal en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y en juicio por jurados en la Universidad de San Isidro. Es docente del Taller de Jurisprudencia de la Especialización en Derecho Procesal Penal de la UNL.

Santiago Saux es juez federal con funciones de garantías de Rafaela y especialista en Derecho Procesal Penal por la UNL. Es docente de Derecho Procesal Penal y de Práctica Profesional Final en esa universidad y de distintas carreras de posgrado vinculadas con defensa, garantías, derecho penal y medicina legal.

Clara Vázquez es diplomada en Juicio por Jurados por la Universidad de San Isidro, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y especialista en Derecho Procesal Penal.