Las apps de viajes vuelven a entrar en la agenda del Concejo en busca de su regulación

El Concejo de Rosario vuelve a poner la mira en las aplicaciones de viaje que, en el último tiempo, vienen creciendo mucho y con cada vez más choferes operando. Es que el servicio tiene visto bueno por los rosarinos y rosarinas y, ante la crisis económica, se convirtió en una metodología rápida de obtener ingresos.

En este sentido, se presentó un nuevo proyecto que tiene como objetivo sacar a los choferes de la clandestinidad, brindarles seguridad a los usuarios y que las empresas paguen los tributos locales como cualquier comercio.

La iniciativa busca superar el estancamiento en el que entró el tema, asumiendo que el uso de las aplicaciones es una realidad que se da sin ningún tipo de regulación, aumentando los riesgos para los usuarios y generando mayor precariedad para los trabajadores.

Se plantea como objetivo que las nuevas modalidades de transporte entre privados cumplan condiciones de seguridad e higiene como las de taxis y remises.

El puntapié inicial lo da la concejala Julia Irigoitia que, en su proyecto, expone: "Este tema se viene haciendo muy largo, y la realidad nos pasa por arriba. Hay que tomar decisiones y ocuparse de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la vocación de resolver problemas y hacen falta medidas más simples que apunten a objetivos claros y realizables”.

Es que “lo que tenemos actualmente es el peor de los mundos posibles”. “No solo es competencia desleal, sino que es clandestinidad y descontrol. Es necesario avanzar en una legislación actualizada que regule el servicio de intermediación entre unidades de transporte privado a través de plataformas electrónicas y usuarios para mejorar la movilidad urbana de Rosario. Esto es lo que se conoce habitualmente como ‘tema Uber’, pero va mucho más allá”.

“Con esto también hacemos una contribución al sistema de taxis y remises. El gobierno local tiene que ocuparse de mejorar ese servicio y generar condiciones para que la movilidad sea mucho más que una consigna. Ordenar y regularizar la situación es el punto de partida. Esto implica desde el pago del DREI por parte de las plataformas hasta la exigencia de condiciones técnicas y sanitarias a los vehículos, además de la licencia profesional para los choferes”, remarcó.

Las plataformas prestan un servicio por el que cobran. Ese servicio es el de vincular a personas que necesitan trasladarse con choferes que registran sus vehículos. Esa actividad formalmente hoy “no existe en Rosario”. Por eso proponen “crear esa categoría y exigir que las plataformas declaren un domicilio y una facturación para que tributen a nivel municipal como cualquier otro negocio”.

En el proyecto se define al Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas como aquellos servicios que utilizan el sistema de posicionamiento global y permiten conectar a usuarios con conductores registrados, celebrando así un contrato de transporte en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

“El objetivo no es crear una regulación excesiva que avance sobre aspectos que no corresponden y termine por entorpecer y agravar aún más la situación. Por eso, ponemos el foco en el ámbito de competencia municipal. Negando la realidad lo único que se logra es que todos estemos peor”, finalizó.