Palacios fue hallado esta madrugada en una vivienda del municipio Ragonvalia, en el departamento Norte de Santander, por efectivos del Grupo Antisecuestros (Gaula) de la Policía que habían sido alertados por una llamada telefónica. “No fue un rescate; logramos llegar hasta donde estaba el capitán en esa vereda (barrio) y posteriormente lo trasladamos hasta Cúcuta (capital de Norte de Santander) para todas las atenciones médicas”, informó el director del Gaula, general Fabio López Cruz, en rueda de prensa.
López Cruz explicó que Palacios presentaba “algunos síntomas de hipotermia” en el momento en que fue hallado y que aún no había revelado las circunstancias de su secuestro y su reaparición. “Todavía no nos hemos podido entrevistar con el capitán porque se encuentra en los chequeos médicos; esperaremos el momento oportuno para realizarle la entrevista para que de su propia versión sobre el posible secuestro”, dijo López Cruz.
En tanto, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, afirmó que la fuerza investigaba “los móviles de los hechos y no descartamos nada”. Según el diario El Tiempo, algunos investigadores no descartan que se haya tratado de un autosecuestro.
De acuerdo con la denuncia de familiares, de la que se hizo eco la Policía Nacional, Palacios fue raptado en la noche del sábado mientras viajaba en automóvil por la ruta que une a Cúcuta con Pamplona. Cuatro hombres armados que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron el vehículo y se llevaron al capitán pero dejaron allí a su padrastro, Arcilio Ortiz, que viajaba con él.
Palacios había recibido varias amenazas de muerte que denunció ante la fiscalía y, pese a que solicitó medidas de protección, las autoridades nunca se las brindaron, aseguró su hermana Raiza. El capitán denunció meses atrás la existencia de una red de prostitución masculina en el seno de la Policía Nacional, que fue denominada por la prensa como “La Comunidad del Anillo” y de la que aseguró haber sido víctima. El caso desató un gran escándalo y causó el mes pasado las renuncias del director de esa institución, general Rodolfo Palomino, y el viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Carlos Ferro.
La fiscalía procura determinar si es cierto que cadetes de la escuela de formación de la Policía Nacional eran obligados a mantener relaciones sexuales con oficiales, tal como asegura Palacios, quien es testigo de la causa. Paralelamente, también apunta a comprobar si oficiales de la Policía ofrecían a algunos de esos cadetes a legisladores, con la presunta finalidad de ganarse la simpatía de ellos para facilitar sus ascensos dentro de la fuerza.
La Procuraduría General advirtió que esas denuncias pueden derivar en procesos penales que “se podrían encuadrar en diversos delitos, como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas”.