La Comisión de la Verdad de Colombia reprobó y condenó la desaparición de dos líderes sociales

La Comisión de la Verdad de Colombia, órgano creado en paralelo a los diálogos de paz de La Habana que busca esclarecer las causas del conflicto armado en el país, condenó hoy la desaparición, desde el pasado domingo, de dos líderes sociales en la zona rural del municipio de Buenaventura que debían ser especialmente "protegidos por el Estado".

En un comunicado, el organismo repudió "con vehemencia la desaparición de los líderes de Yurumanguí, Valle del Cauca, Abencio Caicedo Caicedo y de Edinson Valencia García, ambos integrantes del Comité de Impulso de la reparación colectiva de esa cuenca y por tanto sujetos de especial protección".

El texto agrega que la comunidad de la que forman parte las víctimas indicó que su desaparición "es una consecuencia directa de su labor en defensa de su gente y del territorio" y que es "parte de una estrategia de confinamiento y silenciamiento". Según el Consejo de Paz Afroclombiano (Conpa), los dos líderes salieron de sus viviendas el domingo y desde entonces no se tiene noticia de ellos.

"Para las comunidades, las afectaciones a su seguridad y vulnerabilidad están causadas en su resistencia a los megaproyectos de desarrollo portuario, a la minería criminal y a los cultivos", expresó la comisión. Añadió que de allí que "consideran que la respuesta y presencia del Estado, de la Unidad de Víctimas y de jueces y fiscales en el territorio es urgente para minimizar los riesgos y no es suficiente con la presencia de la fuerza pública".

Al respecto, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe la situación de Buenaventura y los riesgos que corren los líderes sociales de esa región. El 30 de agosto, la Cruz Roja registró 637 desapariciones en Colombia desde los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Sustitución de la coca

El gobierno de Colombia, primer productor mundial de cocaína, informó que destinará 43 millones de dólares para programas de sustitución voluntaria de cultivos de su materia prima, la coca. "La Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos suscribió un convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo por más de 43 millones de dólares que servirán para dar continuidad a los programas de sustitución" de cultivos, dijo en un comunicado la estatal Agencia de Renovación del Territorio.

El departamento de Nariño, cercano a Medellín, es uno de los más afectados por los cultivos de coca en Colombia, junto con otros como Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. "Con este convenio se superan los 400.000 millones (al menos 100 millones de dólares) de inversión para el programa Sustitución de Cultivos Ilícitos", agregó en el comunicado Hernando Londoño, vocero de esa entidad encargada de coordinar la presencia estatal en áreas afectadas por el conflicto armado.

Según el documento, los recursos beneficiarán a por lo menos 17.500 familias que vivían de estos cultivos ilícitos y decidieron aceptar la sustitución voluntaria en el marco de programas oficiales contemplados en el acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.

Actualmente, por lo menos 56 municipios del país cuentan con programas como estos, que benefician a casi 100.000 familias, de acuerdo con el texto. El 28 de octubre, cocaleros retuvieron dos días a 180 militares colombianos que estaban erradicando cultivos de coca.