Guatemala decretó el estado de sitio en cinco municipios contra el crimen organizado

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó este domingo el estado de sitio en cinco municipios en el noreste del país para contrarrestar, según el Gobierno, grupos armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico que provocan violencia en la región.

El decreto 13-2020 fue publicado únicamente en el Diario de Centroamérica (oficial), sin que el mandatario diera a conocer a la población las razones de su decisión y los objetivos de la misma. Los municipios con el estado de excepción son El Estor, Morales y Livingston, en el departamento de Izabal (noreste, colindante con Honduras); y Panzós y Santa Catarina La Tinta, en Alta Verapaz.

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Según el texto, la consideración del Ejecutivo para actuar de esta forma se debe a que en dichos municipios existen "indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros". Además, dice que "las acciones realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad, y afectan la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de esa región y que es necesario que ese tipo de conductas no continúen".

Sin embargo, el líder indígena Daniel Pascual dijo a la prensa que la acción del Gobierno pretende perseguir a los movimientos sociales que han mantenido una oposición histórica en el área a la minería de níquel, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana, además de la lucha por recuperar tierras ancestrales. "No cabe duda que su objetivo (del Gobierno) es barrer, desalojar y capturar esa región para dejar todo en manos de las empresas transnacionales", consideró Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).

El estado de sitio -que debe ser ratificado por el Congreso- durará 30 días y le da autoridad al Gobierno para prohibir movimientos de la población, diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras disposiciones.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades "terroristas, sediciosas o de rebelión" que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves "pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado". También cuando se registran o se tengan "indicios fundados" de que se van a producir "actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva".