La Justicia italiana tumbó la "cuestión menor" y reabre la ciudadanía a miles de descendientes

En un escenario bisagra para miles de familias santafesinas y latinoamericanas que buscan mantener vivas sus raíces transatlánticas, las Secciones Unidas de la Corte de Casación de Italia —la máxima instancia judicial del país peninsular— emitieron un fallo histórico que desarma un severo escollo burocrático.

El máximo tribunal declaró inválida la denominada "cuestión menor", un criterio administrativo aplicado desde octubre de 2024 que bloqueaba de forma sistemática el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis a descendientes cuyos antepasados italianos se habían naturalizado en el extranjero siendo ellos menores de edad. De esta manera, el sistema judicial italiano vuelve a convalidar la transmisión automática de la nacionalidad en países con régimen de ius soli, como la Argentina.

Un fallo histórico que corrige un freno burocrático

La controversia se remontaba a la emisión de la Circular Nº 43347 por parte del Ministerio del Interior italiano en octubre de 2024. Mediante esa instrucción, prefecturas, comunas y consulados de todo el mundo comenzaron a interpretar que los hijos de italianos nacidos en países donde la ciudadanía se adquiere automáticamente por nacimiento (como Argentina, Brasil o Estados Unidos) perdían la ciudadanía italiana si sus padres se naturalizaban posteriormente en ese país de adopción mientras ellos eran menores.

Esa lectura modificó drásticamente más de un siglo de doctrina administrativa consolidada y derivó en el rechazo en cadena de miles de expedientes. Sin embargo, al resolver los recursos de tres familias (una venezolana y dos estadounidenses), la Corte Suprema de Casación dictó la Sentencia Nº 24.045/2026, mediante la cual dictaminó de forma tajante que quienes hayan obtenido la nacionalidad de su país de nacimiento por ius soli no pierden su condición de ciudadanos italianos, aun cuando sus padres se hayan naturalizado o renunciado formalmente a la ciudadanía peninsular con posterioridad.

Impacto directo en la Argentina y la región

El pronunciamiento del máximo tribunal fue recibido como un triunfo decisivo por abogados especialistas y grupos de la diáspora en América Latina, especialmente en la provincia de Santa Fe y la región centro de la Argentina, donde la colectividad italiana ostenta una presencia centenaria.

Al unificar doctrina, el fallo desarticula el sustento jurídico sobre el cual los consulados venían denegando el trámite a una inmensa masa de descendientes de italianos. Especialistas en la materia destacaron que el fallo no solo impacta en los nuevos expedientes, sino que proporciona un fundamento sólido para destrabar causas paralizadas o rechazadas en sedes administrativas e instancias judiciales de primera instancia.

La vigencia de las restricciones de la Ley Tajani y el rol de Europa

Pese a este avance trascendental respecto a la "cuestión menor", el marco normativo para acceder al pasaporte italiano continúa atravesando un proceso de redefinición estructural. Sigue vigente la polémica Ley Tajani (Ley 74/2025), impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, que limita la transmisión de la ciudadanía por vía administrativa a solo dos generaciones (hijos y nietos) para nacidos en el extranjero.

Sobre esta última restricción, la Corte Constitucional de Italia decidió recientemente no expedirse de fondo de forma inmediata y elevó una cuestión prejudicial (a través de la Ordenanza N° 147/2026) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La justicia comunitaria deberá expedirse sobre si restringir la ciudadanía de manera retroactiva vulnera los principios fundacionales y tratados del bloque europeo.

Una ventana de oportunidad que exige cautela

El fallo de las Secciones Unidas de la Corte de Casación restituye el espíritu histórico del iure sanguinis y representa la victoria judicial más relevante de los últimos años para la diáspora. No obstante, especialistas juristas recomiendan a los solicitantes analizar minuciosamente el estado de sus carpetas y verificar la cadena documental de cada generación. Aunque el camino judicial requiere prudencia frente al paquete de reformas que aún aguarda definición en Europa, la sentencia marca un antes y un después en la defensa de los derechos adquiridos por sangre.