Perú: disponen alerta internacional para detener a un sobrino y a un exsecretario de Castillo

La Policía Nacional de Perú (PNP) dispuso una alerta internacional para la búsqueda y detención del exsecretario presidencial Bruno Pacheco y de un sobrino del mandatario Pedro Castillo, acusados de presuntos actos de corrupción.

"Hay una disposición desde el ordenamiento judicial de su ubicación y captura. Ya a nivel internacional se ha sacado la alerta roja de estas personas que están siendo buscadas", explicó el comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, citado por la agencia Sputnik.

El exsecretario presidencial y Fray Vásquez, sobrino de Castillo, están prófugos de la justicia, que ya ordenó para ambos 24 meses de prisión preventiva por supuesta corrupción.

Los dos habrían actuado en favor de un consorcio privado para favorecerlo en la concesión de una obra vial en la selva peruana por 58 millones de dólares y en una licitación otorgada por el Gobierno para que una empresa le venda biodiesel por un valor de 74 millones de dólares.

Tiburcio se limitó a señalar que la fuerza solo sigue el "mandato constitucional", porque es "respetuosa" de todas las instituciones.

"Nosotros tenemos un mandato constitucional, y ese mandato constitucional lo tenemos que cumplir. Nuestros policías están preparados para ello, más aun, respetuosos de todas las instituciones", refirió.

La causa incluye a otro sobrino de Castillo, Gian Marco Castillo, a quien se le revocó la prisión preventiva y se le impuso una medida cautelar de comparecencia con restricciones.

A mediados de abril, el Poder Judicial peruano había ordenado la búsqueda y captura de los dos sobrinos del presidente y de quien fuera su secretario ante el riesgo de fuga mientras durara la investigación del llamado caso Tarata III.

Además de ellos, se ordenó la prisión preventiva a los funcionarios de Provías Descentralizado, Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, y a los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera, quienes se encontraban bajo arresto provisional.

Para la justicia, existen fuertes sospechas de que todos ellos forman una organización criminal en el seno del Gobierno, que se habría servido de empresarios y otros funcionarios públicos para favorecer al Consorcio Tarata III en la adjudicación de la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín.