Un descendiente de Cornelio Saavedra fue procesado por vender un documento histórico

Un descendiente de Cornelio Saavedra, figura clave de la Revolución de Mayo que presidió la Primera Junta, fue procesado por haber vendido un documento histórico que formaba parte del "patrimonio cultural del país".

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento contra Marcelo White Pueyrredón y contra el rematador de objetos antiguos Enrique Bullrich, a raíz de la venta en 2007 de un documento original que contenía las firmas de Saavedra y de Mariano Moreno.

El documento es una nota enviada por Saavedra y Moreno al gobernador de Córdoba, Juan Martín de Pueyrredón, del 22 de agosto de 1810, disponiendo una "orden de embargo y para que se encajone toda la Librería del Obispo Orellana y todos los libros de los demás reos".

En esa terminología se refirieron los dos integrantes del primer gobierno patrio a los fieles a la corona española que se negaban a reconocer a la Primera Junta.

En una resolución de 16 páginas, el juez sostuvo que el descendiente del prócer y el rematador violaron la normativa que prohíbe la venta de documentos "relacionados con asuntos públicos, expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas y en general, todos los que hayan pertenecido a oficinas públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad no menor de 30 años".

En diciembre de 2007, el subdirector del Archivo General de la Nación, Pedro Bevilacqua, denunció que trascendidos periodísticos indicaban que el documento en cuestión había sido adquirido por esa dependencia en unos 27 mil pesos.

El funcionario negó tal situación y advirtió que si hubiera existido esa transacción podría configurar un delito, lo que provocó la investigación que llevó adelante el fiscal federal Carlos Rívolo.

Así, quedó probado -según el juez Martínez de Giorgi- que el descendiente de Saavedra "tenía en su poder el manuscrito" y que esa posesión, si bien era legítima, no fue debidamente denunciada al Archivo General de la Nación, quien tiene a su cargo la obligación de confeccionar el inventario de los fondos documentales que se refieren a la historia de la República.

"Si bien la transacción del ejemplar en cuestión fue a primera vista legítima, se concretó sin la debida autorización del Archivo General de la Nación", sostuvo el juez. "Son documentos históricos aquellos en los que están expresados inequívocamente alguno de los contenidos humanos que merecen ser destacados por la historia pública o privada del Estado y sus habitantes", justificó.

DYN