Acuerdos y desacuerdos sobre el final del año legislativo en Santa Fe

La política santafesina estuvo a nada de acordar y sancionar el Presupuesto para este año en el último miércoles de diciembre. Faltó un punto de acuerdo entre las exigencias de la mayoría de la Cámara de Diputados y la postura de la Casa Gris. Así los acercamientos que habían logrado en las dos semanas anteriores se disiparon ante la intransigencia. En febrero deberán intentar ese acuerdo y prometen que habrá negociaciones en enero para adelantar la tarea.

En los doce años de gobierno del Frente Progresista, sólo en 2009 y 2013 el Poder Ejecutivo debió dictar el decreto de reconducción del presupuesto del año anterior como lo faculta la Ley de Administración. En ambos casos, la entonces oposición justicialista tenía la mayoría en el Senado y en el segundo caso también en Diputados.

En esta etapa institucional de Santa Fe, el justicialismo en Casa Gris también tiene mayoría propia en el Senado y una escuálida minoría en Diputados que además anotó varios faltazos en la última semana, uno de ellos -Luis Rubeo- con ruido mediático por un viaje al exterior de vacaciones.

El equipo económico tiene que negociar el Presupuesto con un disperso mosaico de bloques, donde tienen preponderancia los socialistas (14 propios más 3 aliados) y los radicales de Evolución (10 más un aliado). Ambos sectores políticos expresan en esta discusión a municipios y comunas donde tienen amplia mayoría de las administraciones en toda la bota. En esa diagonal de intereses entre la administración provincial y las administraciones locales estuvieron los ruidos que impidieron la sanción de la ley.

En el recinto hubo chisporroteos lógicos de la política sobre el tema que no estaba en debate. Está claro que son concepciones diferentes a la hora de administrar el Estado que tiene Omar Perotti y el que ejercieron los sucesivos gobiernos del Frente Progresista, cuya existencia futura está en signos de interrogación. Es el electorado el que decide con su voto qué modelo prefiere. "Es un presupuesto conservador" repitieron el socialista Joaquín Blanco y el radical Maximiliano Pullaro en ese ensayo de debate. Desde el oficialismo fueron Oscar Martínez y Ricardo Olivera los que aguantaron los trapos y emparentaron la no aprobación con el rechazo del presupuesto nacional. Pero también mostraron algunos números para rebatir las críticas opositoras.

Walter Agosto se llevó de su reunión con Diputados una serie de reclamos por atrasos en giros de divisas a gobiernos del interior. El ministro de Economía abrió su despacho muchas veces para conversar el Presupuesto con diferentes legisladores e incluso con el intendente local, Emilio Jatón. Envió parte de la documentación que se le reclamó sobre el estado de las cuentas públicas santafesinas. Agosto antes se había sentado con los senadores para acordar el texto.

Los diputados radicales señalan que el Ejecutivo no cumplió con el pago de 1.300 millones de pesos adeudados por el Fondo de Obras Menores a administraciones de ese color político y que el miércoles apenas se había cumplido con Empalme Villa Constitución, Santa Clara de Saguier y Alejandra. Para las administraciones socialistas la deuda llegaba a 600 millones. En la Casa Gris se asegura que los pagos se cumplieron. Enseguida al lado de Perotti reprochan la deuda dejada por la administración Lifschitz en ese concepto. La contrarréplica llega asegurando que no se podían girar recursos cuando los proyectos no estaban aprobados y cuando los municipios no habían entregado la documentación correspondiente. Peleas de recursos que son una constante de los últimos años y en el fondo es el intento de los gobernadores de tener intendentes aliados a través de la chequera.

Una de las trabas centrales en el Presupuesto fue la fuerte negativa de Casa de Gobierno de incluir un fondo 4 mil millones para Rosario y Santa Fe en compensación a la pérdida de valor del fondo del conurbano contenido en el Presupuesto de la Nación. La Legislatura había compensado al resto de los municipios con el fondo de Obras Menores que se actualiza año a año. El reclamo también fue planteado por los ex intendentes José Corral y Mónica Fein y tampoco prosperó con Miguel Lifschitz en Casa de Gobierno. Hoy en algunas oficinas de la Casa Gris se considera hasta justo el reclamo, pero aún son más los que opinan lo contrario.

Había otros planteos opositores como compensar a Villa Gobernador Gálvez por la ejecución de gastos de salud e incluso llevar el programa Incluir de 4 a 6 millones en el presupuesto.

En febrero deberán lograr el entendimiento. Mucho tendrán que decir Jatón y Pablo Javkin pero siempre -aún en los momentos más delicados desde el punto de vista institucional- se lograron acuerdos que permitieron la sanción de la mal llamada 'ley de leyes'.

No obstante, en diciembre la Legislatura le dio dos instrumentos que reclamaba la Casa Gris: ley Tributaria y la Emergencia Pública en Seguridad y Sistema Penitenciario. La primera da certeza al contribuyente y le permite al fisco salir desde el primer día del año a cobrar los tributos. Allí sí la oposición logró arrimar algunos recursos a los municipios y comunas aumentando al 60% la coparticipación sobre el Impuesto Inmobiliario. La tributaria incorpora una nueva moratoria -la tercera en tres años- y un régimen que permitirá al contribuyente regularizar su situación ante el Impuesto Inmobiliario por cambios parcelarios o mejoras no declaradas. Habrá que esperar la reglamentación que hagan API y Catastro de esa facultad que podría traer un importante alivio a sectores que optaron por ir hacia nuevas urbanizaciones alrededor de las grandes ciudades.

En cuanto a Emergencia en Seguridad, está clara la rápida respuesta de la política para respaldar la gestión de Jorge Lagna tras la fallida experiencia de Marcelo Sain y los choques constantes con el verborrágico ex funcionario. Apenas Carlos Del Frade no votó la emergencia y sí -aunque con fuertes críticas- la justicialista Matilde Bruera.

Ahora, el ministro -que termina de armar el equipo- tendrá fondos para comprar en forma inmediata armamento y movilidad para la fuerza, así como algunos recursos para darle incentivos a grupos policiales y penitenciarios. ¿Era necesario declarar la emergencia para compras y jerarquizaciones?. Quizás no, pero la política intenta blindar esos recursos para que Lagna procure mejorar los indicadores de seguridad. Para eso no se privó de hablar con muchos opositores e incluso tomar sugerencias de nombres para la gestión.