Diez “mentiras” del proyecto del oficialismo que perjudica a las Pymes del biodiésel

La Cámara Santafesina de Energías Renovables emitió un documento contra el proyecto de ley que los legisladores del gobierno nacional impulsan para el biodiésel y los biocombustibles.

El texto lleva la firma de Marcelo Kusznierz y apunta a “los diez argumentos falsos” que sostienen la iniciativa de senadores de La Libertad Avanza encabezados por Patricia Bullrich. Sostiene que con ellos se busca “justificar un retroceso energético, productivo, ambiental y federal”.

El sector de las Pymes santafesinas siempre consideró imprescindible que el corte de biodiésel fuera elevado a un 15% del diésel. Y que ese corte obligatorio no pueda ser sustituido en todo o parte con derivados del petróleo y que las normas regulatorias permitan la competencia dentro de cada segmento productivo “como única forma de que los fijadores de precios y monopolizadores de la materia prima no abusen de su posición dominante”.

En pocas palabras, el biodiésel derivado de las oleaginosas espera del Estado Nacional el mismo trato que se le ha dado al bioetanol (el alcohol de caña y de maíz). Que la competencia por precio se de en licitaciones diferenciadas entre los distintos segmentos productores.

El documento subraya que en 2006 se fijaron normas para el desarrollo de una industria de los biocombustibles y se creó un sector eficiente y competitivo gracias la Ley 26.903 que permitió crear una nueva cadena de valor energética: inversiones por cientos de millones de dólares, plantas industriales distribuidas en distintas provincias, miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Decálogo

Kusznierz subraya que el proyecto de Bullrich tiene el aval del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, del CEO de YPF Horacio Marín y del empresario Alejandro Bulgheroni (quienes lideran los desarrollos en hidrocarburos en proyectos de Vaca Muerta).

“La verdadera pregunta no es cuánto cuesta incorporar más biodiésel sino cuánto resignar inversiones, empleo, agregado de valor, recaudación tributaria, desarrollo tecnológico y federalismo productivo”, destaca. Y recuerda que “el verdadero costo fiscal es sostener una economía que exporta materias primas e importa energía, resignando empleo, recaudación y agregado de valor en el interior”.

Uno: “La primera gran mentira es que ‘más biodiésel significa combustibles más caros’. Se omite deliberadamente que el precio del gasoil “depende del valor internacional del petróleo, del tipo de cambio, de los costos de refinación, de la logística y de la carga tributaria. El biodiésel representa solamente una parte de la mezcla final y su incidencia sobre el precio en surtidor es considerablemente menor que la de esas variables”.

El biodiésel se produce íntegramente en el país. Sustituye combustibles fósiles y reduce la exposición de la economía a los vaivenes internacionales del mercado petrolero. “La experiencia internacional demuestra que los países que más avanzaron en el uso de biocombustibles no retrocedieron por problemas de precios. Brasil, Indonesia y Estados Unidos continúan incrementando sus porcentajes de mezcla porque entienden que los biocombustibles fortalecen la seguridad energética, generan empleo y aportan estabilidad al abastecimiento”, compara.

Dos: “Los biocombustibles distorsionan el mercado”. En realidad, se debe a “la elevada concentración del sector petrolero. Argentina posee uno de los mercados energéticos más concentrados de la región”. Y esas firmas petroleras cuentan con una “enorme capacidad de influencia económica y regulatoria”.

Debilitar la industria de los biocombustibles “reduce alternativas de abastecimiento y aumenta el poder relativo de los actores dominantes”.

Tres: “Se dice que el proyecto de ley de Bullrich promueve la competencia pero resulta difícil sostener semejante afirmación cuando los principales perjudicados son precisamente los actores que introducen competencia en el mercado. Las empresas no integradas de biodiésel nacieron al amparo de la Ley 26.093 para generar una oferta diversificada y federal. Muchas de ellas se encuentran radicadas en localidades alejadas de los grandes centros urbanos y constituyen polos de desarrollo regional”. Reducir su participación es “concentrar aún más el negocio energético en manos de actores integrados verticalmente”.

Cuatro: “Menos biodiésel significa mayor seguridad energética”. La realidad “indica exactamente lo contrario: los combustible fósiles, directa o indirectamente, dependen de mercados internacionales sujetos a volatilidad geopolítica y económica. Los biocombustibles fortalecen la soberanía energética porque aprovechan recursos nacionales, generan producción local y disminuyen la necesidad de importar energía”. Una matriz energética diversificada “siempre es más segura que una matriz dependiente de una sola fuente”.

Cinco: “El biodiésel argentino no es competitivo”. Por el contrario, “los principales países productores del mundo incrementan año tras año sus porcentajes de corte obligatorio. Brasil, Indonesia y Estados Unidos han consolidado políticas de largo plazo para promover combustibles renovables porque reconocen sus beneficios económicos, ambientales y estratégicos. El biodiésel argentino ha demostrado capacidad tecnológica, eficiencia industrial y competitividad exportadora. Lo que enfrenta no es un problema de competitividad sino un problema regulatorio derivado de decisiones políticas que favorecen otros intereses”.

Seis: “Biodiésel y bioetanol deben recibir el mismo tratamiento”. “Llama la atención que muchos de los argumentos utilizados para cuestionar al biodiésel desaparezcan cuando se analiza el bioetanol. Si realmente existiera una preocupación por el impacto económico de los biocombustibles, el razonamiento debería aplicarse de manera uniforme a ambos productos. Sin embargo, el foco de las objeciones suele concentrarse sobre el biodiésel, precisamente el combustible renovable que compite de forma más directa con el gasoil fósil. Existen intereses económicos concretos que buscan preservar cuotas de mercado”.

Siete: “Se afirma que se trata de una política moderna y alineada con el mundo pero nada está más alejado de la realidad. Lo dicho: las principales economías desarrolladas y emergentes avanzan hacia mayores niveles de utilización de combustibles renovables, la descarbonización, reducción de emisiones y diversificación energética. Limitar el desarrollo de los biocombustibles significa alejar al país de esas tendencias y resignar oportunidades futuras de inversión, exportación y desarrollo tecnológico”.

Ocho: “Aumentar los cortes de biodiésel tiene un elevado costo fiscal”. El planteo “omite analizar integralmente los efectos económicos, productivos y tributarios de la actividad”. El biodiésel tributa impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y otros sectores energéticos reciben beneficios fiscales.

Nueve: “Los motores no soportan mayores porcentajes de biodiésel”. Ese es quizás uno de los argumentos más repetidos pero “la propia Secretaría de Energía ha admitido técnicamente la utilización de mezclas de hasta B20”, habilita “mezclas de hasta 20%” a nivel técnico. “Indonesia (35%) y Brasil (40%) incrementan sus porcentajes obligatorios”. Es un uso homologado por fabricantes de motores.

Diez: “Petróleo y biocombustibles son incompatibles”. Para la cámara esa “es la mentira más grave”. Se deben “desarrollar plenamente los recursos hidrocarburíferos y aprovechar el enorme potencial de Vaca Muerta. Pero también capitalizar la extraordinaria capacidad agroindustrial y generar energía renovable, valor y empleo en el interior del país. Presentar ambos sectores como actividades incompatibles constituye un falso dilema”.