"La política judicial" (Parte IV): La piedra del escándalo

I – Un país se erige sobre bases sólidas y las mismas deben responder a principios elementales en donde los habitantes acuerden pautas de convivencia. Esas reglas básicas, en términos de Estado, se encuentran en un brevísimo librito que se llama Constitución Nacional. Entre otras cuestiones, organiza al propio Estado y la nuestra lo hace desde el modelo republicano que viene de la Revolución Francesa, en donde existen tres poderes.

Pero como la convivencia es compleja, cada uno tiene sus propios límites y los mismos están en esa misma ley fundamental. Uno legisla, otro organiza y el tercero resuelve las posibles disputas.

II - Un tema más se sensible es el de los recursos. Ríos de tintas y horas de debate para acordarlo. El caso que motivó todo este desaguisado impulsado por los preclaros hombres y mujeres de la Rosada, es que un buen día el presidente entendió que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía mucho dinero de la coparticipación y por lo tanto y de forma pretoriana dispuso recortar esas partidas.

Como era de esperar, se generó una disputa que tomó forma de proceso judicial. Si bien es una cuestión técnica, es necesario decir que lo que resolvió el Alto tribunal es una medida cautelar, en tanto en fondo de la disputa sigue su curso en otro expediente.

De esta forma se resolvió que la Nación le aporte a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables hasta que se resuelva la cuestión, y de que esas transferencias se efectúen en forma diaria desde el Banco Nación. Conocido el fallo, se desató una suerte de tormenta que llegó al paroxismo de bastardear a los porteños con actitudes que sobrepasan la línea de la discriminación.

III - Desde la estrategia de alguna usina política, en ciertos sectores de oficialismo fue un "fallo a medida"; esto la daba el esperado motivo para arremeter contra el Tribunal como cabeza de un poder que persigue a hombres y mujeres del gran movimiento nacional y popular. Claro que se omite incluir en la consigna, que se itera como latiguillo, es que se persigue a los que infringen la ley, sean de donde sean. Para eso están.

IV - Se escucharon todo tipo de declaraciones. Un siempre medido "Wado" de Pedro, consideró que "es antifederal sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país". Claro que hubo otras más subidas de tono que pertenecen al espacio, cada vez más amplio, del olvido.

Estas expresiones, como esas otras, son de exclusivo contenido político y de voluntad, pero los fallos judiciales se deben ajustar a derecho, no a los deseos y sentimientos de una de las partes o de operadores o de opinadores que se apoyan en la sempiterna (supuesta) mayoría.

La base de la certeza, en tono de relato, es falsa, ya que el fallo de la Corte consideró amañado el argumento de que restituirle fondos a la Ciudad signifique quitarles recursos de la coparticipación a las provincias, dado que sus porcentajes no varían. La cuestión es que los fondos que se deben restituir al distrito porteño corresponden a los recursos de la recaudación nacional que la Nación retiene para sí, y no a los fondos que se reparten entre las provincias.

El supuesto error in iudicando del Tribunal que reprocha el oficialismo nada tiene de real, más allá que este, como todos los fallos, son pasible de críticas.

V - El fondo del tema no es ese. El problema es otro en los que cultivan el principio de "vamos por todo". El distrito capitalino resulta adverso en las consultas populares de los comicios y por lo tanto son enemigos y siguiendo la máxima fijada por el leader, "al enemigo ni justicia".

Precursora de este argumento es Cristina Fernández que públicamente se refería a los "helechos que tienen luz y agua" en tanto que a pocas cuadras, cruzando la Gral. Paz, "hay gente en el conurbano chapaleando agua y barro". Los leguleyos dirían "a confesión de partes, relevo de pruebas": en cuarenta años de gobierno democrático, solo ocho no fueron peronistas.

De todos modos, la médula que impulsa toda esta andanada es una cuestión de momento: la causa penal con sentencia en primera instancia de la actual vicepresidente. Pasa que arremeter con ese solo y personal motivo contra el sistema es como mucho.

VI - Todo tiene inicio en 2020, año que recordamos por la pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández dio marcha atrás con la medida tomada en la gestión anterior y redujo de 3,5% a 2,32% el porcentaje de fondos que debe recibir CABA. El incremento recibido en 2016 era por el traspaso del área de Seguridad de la Nación a la órbita porteña.

Esto motivo un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por parte de la Ciudad, que aún no resolvió. Pero se dispuso por vía de cautelar que la Nación debe enviar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial. El fallo tuvo tan alto impacto político como el causante del recurso.

La litis se centra en la cantidad de dinero debe transferir la Nación a la Ciudad y el fallo resolvió provisoriamente modificar el porcentaje en favor de la ciudad mientras se tramita la causa y hasta su resolución.

Con un poco más de fundamentos técnicos, el gobierno nacional, apenas el fallo, emitió un comunicado en el que decía que es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", y que por ello pediría la recusación de los magistrados y una revocatoria.

VII - Los antecedentes previos los encontramos en la modificación del 1,4% que recibía la Ciudad hasta enero de 2016 en que el ex presidente Macri aumentó por un decreto hasta el 3,75% para hacer frente a los costos del traspaso de una parte de los agentes de la Policía Federal al ámbito porteño.

Este factor se enmendó en 2018 con la firma del Pacto Fiscal quedando en 3,5%. Ello se mantuvo hasta septiembre de 2020 en que se produjo un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y la ingobernable Bonaerense. Para apagar el incendio, el presidente concretó las aspiraciones de la "jefa" y le sustrajo esos recursos a la ciudad para inaugurar el verdadero federalismo. Según estimaciones, en 2020 la Ciudad perdió $ 13 mil millones.

El decreto, además, estableció que una vez que el Congreso aprobara la transferencia total de las funciones de Seguridad a la Ciudad, el coeficiente volvería nuevamente a 1,4%, como hasta 2015.

VIII - La Ciudad presentó un recurso de amparo ante la Corte, instancia jurisdiccional que tiene competencia originaria en estos conflictos y reclamó: volver al 3,5% de coparticipación; declarar la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández; reintegrar a la Ciudad la totalidad de los fondos retraídos más los intereses: por vía de cautelar, se suspenda la aplicación de ese decreto hasta que se alcance una sentencia definitiva. Entre los argumentos se dice que tanto la suba a 3,75% como el reajuste a 3,5% fueron decididos con el consentimiento de ambos.

En su memorial la Ciudad señala que durante el período de vigencia del coeficiente del 3,75% o 3,5% siempre gastó más de lo que Nación transfirió de forma adicional para la Seguridad.

En diciembre de 2020, el Congreso aprobó el convenio de transferencia progresiva de las funciones de Seguridad no federales a la Ciudad. Esta ley devolvió el coeficiente a 1,4%, ya que el decreto dictado por Fernández tres meses antes había establecido que, una vez aprobada la ley de traspaso, se volvería a ese coeficiente. La ley, además, estableció la transferencia de la Nación a la Ciudad de un monto de $ 24 mil millones anuales y con actualización trimestral, hasta tanto se acordara un monto entre ambas jurisdicciones.

El Supremo tribunal resolvió sobre la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, ya que la Ciudad presentó 2 demandas: contra el decreto de septiembre de 2020 y contra la ley que aprobó el convenio de traspaso. En su fallo, la Corte ordenó que hasta tanto no se llegue a un fallo definitivo en este expediente, la Nación debe enviarle a la Ciudad otro coeficiente: el 2,95% de los fondos coparticipables, sin dar explicación técnica de cómo llegó a ese guarismo.