Cuestionamiento de la violencia como medio de acción política en Argentina (Parte II)

El 24 de marzo de 1976, en un clima de crisis política, económica y social, la Junta Militar produce el golpe de Estado al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, iniciándose así el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Enmarcado en el Plan Cóndor, que involucraba la coordinación represiva de las dictaduras de la región aplicando un plan sistemático que implicó el accionar ilegal a partir de tipos como secuestros y detenciones ilegales en los Centros de Detención clandestinos, torturas, homicidios, desapariciones, violaciones a mujeres, robos de bebés, etc. El empleo de la picana eléctrica, el submarino y otros eran procedimientos de tortura rutinarios, prácticas institucionales perversas a las que deben sumarse los llamados "Vuelos de la muerte".

Otros hechos violentos significativos generados desde el poder público son "La Noche de los Lápices" -producido el 16 de septiembre de 1976- y el asesinato de Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977, como consecuencia de la redacción y publicación de "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar". El exilio de muchos dirigentes y militantes de las organizaciones de izquierda fue otro de los mecanismos de defensa. Años después, una vez derrocado el gobierno de Isabel Perón, en 1978, es planeada por Roberto Perdía y Mario Firmenich la denominada "Contraofensiva" de Montoneros.

En 1983, producto del desgaste político de la dictadura, que había desplazado el "enemigo interno" -el guerrillero o subversivo basado en la Doctrina de la Seguridad Nacional- al "enemigo externo" -el colonialista inglés en Malvinas-, y ante la derrota del general Leopoldo Fortunato Galtieri, se produce una nueva transición hacia el régimen democrático. Gana las elecciones el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, quien impulsó los juicios a las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros (Decreto N° 157/83) y lo que conocemos como Juicio a las Juntas (Decreto N° 158/83), que técnicamente significaba enjuiciar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir los integrantes de la Junta Militar que protagonizó el golpe del 24 de marzo de 1976. También crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (más conocida como Conadep), mediante el decreto N° 187 del 15 de diciembre de 1983, dando lugar un año después al informe conocido como "Nunca Más" o "Informe Sábato".

El 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio César Strassera lee el Alegato del Juicio a la Junta, que culmina con la célebre frase: "Señores jueces: Nunca Más". El material probatorio fue abrumador y contundente. Los jerarcas militares sostuvieron en sus defensas relatos vinculados a la "Guerra Justa", derivación impropia del Bellum Justum medieval. Aquí no hubo ni guerra -civil- ni justa, y tampoco teoría de los dos demonios. La diferencia de la estructura típica de los delitos es compleja, pero categórica.

El uso sistemático y metódico del aparato represivo del Estado para realizar prácticas ilegales es Terrorismo de Estado, estructuralmente diverso del terrorismo civil, lo que otorga la calidad de Delitos de Lesa Humanidad que resultan imprescriptibles, por tanto la acción penal no se extingue por el transcurso del tiempo por la entidad de los delitos y las escalas penales respectivas. Ante la presión militar, levantamientos militares mediante, Alfonsín dicta las leyes de Punto Final (N° 23049/1986) y de Obediencia Debida (N° 23521/1987), que constituyen un retroceso desde el punto de vista de los derechos civiles respecto al poder militar residual.

Desde el punto de vista de la persecución penal de los jefes y las jefas de los grupos guerrilleros, un caso emblemático representa el de Mario Firmenich, el dirigente montonero arrestado en Brasil el 24 de octubre de 1984 y extraditado desde Brasil. Firmenich fue condenado en segunda instancia por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (fs.6653/6750), por lo que la defensa interpuso Recursos Extraordinario y de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Fallos Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 312, volumen I, febrero-agosto 1989), así como a organismos internacionales. El arrepentimiento televisivo público de Firmenich, en entrevista realizada por Bernardo Neustadt y reproducida el 4 de mayo de 1995 en el programa "En la mira", conducido por Nelson Castro, tiene sabor a poco.

Dentro de los delitos típicos imputados en los procesos penales a los dirigentes de las organizaciones de izquierda se describen: asociación ilícita, homicidios agravados por el uso de explosivos, secuestros extorsivos, lesiones gravísimas, graves y leves, etc. Un argumento empleado dentro de la estrategia procesal de la defensa, fue plantear que la ilegitimidad e ilegalidad del gobierno de facto daba lugar a la posibilidad de ejercer el derecho de resistencia, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Nacional, que en su primera parte afirma que "(…) Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución", argumento que fue desechado por los jueces por ser inoponible a un gobierno constitucional, manteniendo la diferencia substancial entre gobierno de jure y gobierno de facto.

El atentado como metodología de acción política mediante el uso de explosivos, generó también víctimas civiles, incluso menores de edad. El listado de las víctimas del terrorismo civil fue recopilado por la actual vicepresidenta de la nación, Dra. Claudia Villarruel, en su obra "Los otros muertos", bajo la lógica de la memoria completa, llegando incluso a interpelar la simbólica cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, a los fines de mantener un relato que niega el Terrorismo de Estado, en una línea delgada respecto a la Apología del Delito.

El gobierno justicialista neoliberal de Carlos Saúl Menem, bajo el argumento o la excusa de la pacificación, unificación y reconciliación nacional, indulta con sendos decretos a los jerarcas de la Junta Militar (N° 2741/1990) y a los jefes de las organizaciones guerrilleras (N° 2742/1990). Néstor Kirchner, presidente también justicialista, produce un giro a la izquierda en la política de Derechos Humanos, declarando la Nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final el 21 de agosto de 2003, lo que posibilita la persecución penal de los cuadros medios e inferiores de las Fuerzas Armadas involucrados en la represión ilegal.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad de los indultos a los jerarcas de la Junta Militar el 13 de julio de 2007, lo que implica que deben cumplir sus respectivas condenas, en algunos casos prisión domiciliaria por edad.