Lawfare

Por Gustavo J. Vittori

La palabra es nueva, la trampa es vieja. Lawfare, el vocablo en cuestión, es un neologismo inglés acuñado en Australia en 1975 por los humanistas John Carlson y Neville Thomas Yeomans, objetores de la deriva del sistema de Justicia y sus procedimientos, en los que, a su criterio, la búsqueda de la verdad ha sido desplazada por estrategias de tipo bélico, que usan las palabras en sustitución de las armas.

El éxito del hallazgo lingüístico se apoya en las evidentes falibilidades de la Justicia institucional en Occidente, y ganó rápido espacio en los EE.UU., donde buena parte de su producción cinematográfica lucra con las supuestas aberraciones que tienen lugar en sus tribunales.

El neologismo surge de la contracción de tres palabras inglesas: law, ley; war, guerra; y fare, en su acepción de precio, que cambia su sentido cuando se asocia con war. Warfare se traduce como guerra, contienda o conflicto, que lleva implícito un precio o costo; y cuando se sintetiza, fundiéndose con el prefijo law y formando lawfare, adquiere un nuevo significado, que puede expresarse en nuestra lengua como guerra legal, jurídica o judicial.

El prestigio de lo inglés en el imaginario criollo parece otorgarle al vocablo una consistencia académica que su difusa naturaleza contradice. Pero eso no importa, aquí suena raro e importante y, por lo tanto, es susceptible de la utilización astuta de nuestros operadores políticos.

No tardaron en emplearla el Papa Francisco, para advertir sobre las manipulaciones políticas de la Justicia en el Occidente capitalista, y Cristina, para usarla en defensa de su preocupante situación judicial.

Con el simple recurso discursivo de manifestarse víctima de una persecución política instrumentada mediante procedimientos judiciales -el presunto lawfare-, la vicepresidenta intenta derrumbar toneladas de expedientes de prueba en su contra, acumuladas por los investigadores en el curso de los procesos en los que está imputada. Basta acusarlos de ser la mano de obra ejecutora de un libreto político concebido como arma de destrucción, para terminar con el problema. Urge, por consiguiente, desalojar de los tribunales a embozados combatientes vestidos de fiscales y jueces (y, por cierto, reemplazarlos por tropa propia). Esta es la lógica de estas supuestas guerras de baja intensidad y larga duración que se protagonizan en un teatro singular: los estrados de una Justicia acusada de corrupta y artera.

Las medias verdades subyacentes en esta trama, contribuyen a que este tipo de elaboraciones políticas arraiguen con facilidad en los imaginarios de una sociedad que sospecha de todo y ve una conspiración detrás de cada movimiento de los actores en el escenario público. En nuestros días, la simplificación del mensaje es mucho más efectiva en términos populares que las argumentaciones técnico-legales, de comprensión más difícil. La consigna es más entradora que el pensamiento complejo. Una palabra puede hacer la diferencia.

Una sociedad frustrada está dispuesta a creer lo peor, y a sumarse a cualquier experimento político y social. Basta recordar el surgimiento del nazismo en Alemania, que creció al calor de las impagables indemnizaciones derivadas de la Primera Guerra Mundial, la destrucción de la moneda provocada por la hiperinflación y la multiplicación del desempleo y la pobreza.

Entre nosotros, cabe recordar los terribles acontecimientos de 2002, cuando la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”, condensó el hartazgo social respecto de los políticos, oportunamente acicateado a través de asambleas populares por agitadores organizados de la izquierda dura.

En los ríos revueltos, cualquier pescador atento puede obtener impensadas ganancias. Hoy la carnada puede ser la teoría del lawfare, tan inconsistente en su ambigüedad que puede dar lugar a cualquier cosa. Pero en las trincheras no se piensa en las consecuencias, sólo en el objetivo de corto plazo.

Los jóvenes se entusiasman con estas novedades lingüísticas, estas figuras a veces imaginativas, sin advertir lo que se incuba debajo de las palabras. Les encantan los cambios y, ni qué decir, tirar abajo estructuras que consideran vetustas, muchas veces con razón. Los profesionales de la política y la comunicación lo saben, y lo aprovechan. Las recompensas económicas suelen ser grandes.

La ley y la Justicia están en capilla, no en cuanto principios sino en sus modos de gestación y aplicación. En la estela del engendro teórico de la “posverdad” todo es posible, porque le abre la puerta a la mentira emotiva. Alguien la ha definido como “el mundo al revés de la política”, lo que resulta atractivo a causa del sostenido descrédito de la política tradicional. Así, la subjetividad le quita espacio a la generalidad de la ley, pilar de una sociedad organizada. La ola actual la resquebraja, la fragmenta. La dispersión subjetivista en amplios sectores juveniles es funcional a quienes tienen un claro propósito de cambiar las leyes, la Constitución, y poner sus propias normas. La atropellada pone en riesgo la ardua construcción de la democracia republicana que, con sus defectos, es el más moderno de los sistemas de organización política. Para eso es necesario neutralizar a la oposición (golpe al Poder Legislativo) y reemplazar a la Justicia instituida (que tiene, es cierto, vicios innegables que remediar) por una organización propia. El tercer sector a demoler es el de los medios de comunicación con capacidad crítica, visualizados según las enseñanzas de Cuba y Venezuela como “fierros mediáticos” empleados contra el poder popular.

Éste es el fondo de la cuestión, quebrar toda estructura resistente a la absolutización del poder, proceso en el que el empleo del concepto de lawfare puede imaginarse conducente al objetivo. Esta es la razón por la que se impulsa una comisión de ética periodística -con rechazos, hay que decirlo, dentro del mismo gobierno nacional- que presidirá el Dr. Eduardo Barcesat, profesor de Derecho Constitucional en varias universidades, y muy próximo al ala dura del kirchnerismo. Este ex integrante de la Convención Constituyente que en 1994 aprobó el derecho al secreto de las fuentes periodísticas en su Art. 43, se convierte ahora en la punta de lanza de este experimento político contra la libertad de prensa.

¿Y porqué es importante esta libertad considerada estratégica en el andamiaje de la arquitectura republicana? Por su constante estado de alerta y la rápida detección de conductas públicas que puedan comportar violaciones de la ley, lo que la vuelve útil para la salud del Estado; sin mencionar, claro, su reconocida capacidad de vector eficiente para los intercambios de la ciudadanía y sus organizaciones. Ésa es su importancia, más allá de las miserias que se le puedan señalar a la prensa en su desempeño cotidiano. Lo expresa con claridad el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rodríguez c/Google”, donde valora que entre “las libertades que la Constitución consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría una democracia desmedrada o puramente nominal”.

La pantomima de juicio ético internacional a periodistas y jueces mediante un tribunal autoconvocado está en marcha. Además de Barcesat, este cuerpo sui generis está integrado, entre otros, por el desacreditado ex juez español Baltasar Garzón; la abogada de Julian Assange, Renata Ávila; la Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, Agnes Callamard; y los abogados del ex presidente de Brasil Lula da Silva, Valeska Teixeira y Cristiano Martins. Unos y otros están vinculados con el Common Action Forum (CAF), con sede en Madrid, ciudad en la que a fin de año será dictado su previsible fallo ideológico en nombre de la defensa de una mejor sociedad.

Más temprano que tarde, sus efectos se volverán como un bumerán contra sus autores intelectuales.

El prestigio de lo inglés en el imaginario criollo parece otorgarle al vocablo una consistencia académica que su difusa naturaleza contradice. Pero eso no importa, aquí suena raro e importante y, por lo tanto, es susceptible de la utilización astuta de nuestros operadores políticos.

La atropellada pone en riesgo la ardua construcción de la democracia republicana que, con sus defectos, es el más moderno de los sistemas de organización política. Para eso es necesario neutralizar a la oposición (golpe al Poder Legislativo) y reemplazar a la Justicia instituida por una organización propia.

El tercer sector a demoler es el de los medios de comunicación con capacidad crítica. ¿Y porqué es importante esta libertad considerada estratégica en el andamiaje de la arquitectura republicana? Por su constante estado de alerta y la rápida detección de conductas públicas que puedan comportar violaciones de la ley.