Un nuevo mensaje mafioso

EL LITORAL

Faltaban pocos minutos para las cinco de la tarde del martes, cuando dos vehículos del Servicio Penitenciario fueron atacados a balazos por desconocidos en la autopista Rosario-Santa Fe. Los agresores sabían lo que hacían: se trataba nada menos que del operativo en el que eran trasladados los sospechosos de haber asesinado en mayo de 2013 a Claudio “el Pájaro” Cantero, uno de los líderes de la banda de Los Monos.

Dos agentes del Servicio Penitenciario resultaron heridos. Otro pudo evitarlo gracias al chaleco antibalas. Uno de los reclusos recibió un impacto de bala 9 milímetros, fue intervenido quirúrgicamente y está fuera de peligro. En el carril contrario, transitaba un colectivo de pasajeros. Una bala perdida hirió a uno de los viajeros. Nadie está exento de sufrir las consecuencias de la violencia desenfrenada.

El fiscal de Homicidios de Rosario, Miguel Moreno, no tiene demasiadas dudas: está convencido de que el objetivo era asesinar a los detenidos -“la intensión fue homicida”, afirmó-. En todo caso, si no buscaban matarlos, el ataque tuvo como finalidad enviar un mensaje mafioso. En ningún momento intentaron liberar a los acusados.

A estas alturas de las circunstancias, resulta evidente que la banda de Los Monos que asoló el sur de la provincia de Santa Fe durante al menos diez años, puede haber sido fuertemente debilitada porque existió la decisión política de hacerlo, por el accionar de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Sin embargo, el problema está lejos de ser resuelto.

Los cabecillas del grupo criminal están muertos o detenidos. Pero el negocio de la droga es demasiado redituable como para que se desarticule por estas circunstancias. Rosario, como el resto de las grandes ciudades de la Argentina, sufre día a día las consecuencias del narcotráfico. No sólo por la violencia que impera en las calles, sino por la manera en que el dinero sucio terminó filtrándose en los intersticios del sistema.

No es la primera vez que se producen ataques flagrantes a funcionarios del Estado provincial. En octubre de 2013, la vivienda particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti fue atacada a balazos.

A principios de 2014, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el por entonces secretario de área, Matías Drivet, también fueron víctimas de intimidaciones cuando el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado en la autopista Santa Fe-Rosario. A la altura de la localidad de Arocena, un coche oficial en el que ellos solían viajar fue perseguido y encerrado por otro vehículo con vidrios polarizados. Las maniobras intimidatorias se prolongaron a lo largo de diez kilómetros.

Poco antes, Lamberto y Drivet ya habían recibido llamados amenazantes a sus teléfonos celulares. Los delincuentes les advertían que conocían perfectamente sus movimientos y los de sus familiares.

El 14 de junio de 2013, luego de que se encontrara un depósito con 60 kilos de cocaína en el sur de Rosario, una llamada anónima advirtió que se preparaban atentados contra las vidas del juez de Instrucción, Juan Carlos Vienna, y de funcionarios del área de Seguridad.

El tiempo pasó y algunos de estos episodios jamás fueron aclarados por la Justicia. Por ese motivo, resulta fundamental que en esta ocasión se produzcan avances en la investigación. No sólo para que los ciudadanos de esta provincia se sientan protegidos, sino para que los delincuentes no sigan actuando con el convencimiento de que pueden atacar con la más absoluta impunidad.

El tiempo pasó y algunos de estos episodios jamás fueron aclarados por la Justicia. Por ese motivo, resulta fundamental que en esta ocasión se produzcan avances en la investigación.