El Estado y sus fallos

"Un partido político es una maquinaria para la fabricación de pasión colectiva. Un partido político es una organización construida para ejercer una presión colectiva sobre el pensamiento de cada uno de los seres humanos que son sus miembros. El primer fin y, en último análisis, el único fin de todo partido político es su propio crecimiento, y esto sin límite alguno". Simone Weil

Comúnmente en economía cuando hablamos de "externalidades" o fallos del mercado, se los atribuimos al sector privado, y poco se teoriza, en ese sentido, sobre los fallos del sector público, que son, ciertamente, innumerables. Según la teoría económica neoclásica, cuando el mercado no puede satisfacer de forma eficiente determinadas necesidades o asignar recursos disponibles, debe, en consecuencia, intervenir el Estado para corregir tales falencias. Sin embargo, muchas veces las decisiones de un gobierno fracasan en su intento de salvaguardar aquellas cuestiones que el mercado no puede solucionar. Además, de las constantes regulaciones sobre la población civil que asfixian la iniciativa privada o ciertas prácticas informales como hechos de corrupción que ningún Estado está exento, generan lo que se denomina "fallos del Estado".

Se podrá determinar anticipadamente que el Estado tiene fallos que sin dudas son más graves que aquellos producidos por el mercado por dos razones básicas. En primer lugar, los políticos y burócratas sirven a sus propios intereses a través del poder público y como señala Thomas Sowell "las políticas siempre deben medirse por los efectos que estos tienen en la sociedad, no por la intencionalidad con la que se aplicaron". No obstante, este argumento tiene poca cabida en términos prácticos a la hora de juzgar las políticas públicas que, más bien, son guiadas por aspectos ideológicos y no por la realidad empírica.

En segundo lugar, se crean grupos de interés, informados y organizados, que imponen sus fines a través de la política en perjuicio de mayorías no informadas ni organizadas. De lo expuesto, el primer economista en acuñar el término en 1964 fue Ronald Coase (Premio Nobel de Economía 1991). Posteriormente, dos autores en la década de los años ochenta desarrollaron la teoría de la elección pública (Public choice theory), James M. Buchanan y Gordon Tullock, quienes realizaron un análisis de los "fallos del Estado". Estos dos autores afirman una serie de postulados que a continuación se enumeran.

El primero de ellos es el principio de la racionalidad ignorada. Se trata de aquí que los electores no pueden estar altamente informados sobre los programas electorales, ofertas o promesas políticas. Por ello es razonable ser ignorante en materia electoral y, en efecto, los votantes eligen candidatos sin estar informados, muchas veces por falta de incentivos. La decisión de un elector ciertamente no define el resultado. En cambio, en el mercado las decisiones recaen en nosotros mismos cuando compramos un producto y consecuentemente debemos estar bien informados. Si un producto o servicio no satisface las expectativas demandadas es posible cambiar de oferente. Ello no sucede en el terreno político.

El segundo es el efecto de los grupos privilegiados de poder. Al revés del anterior postulado, estos grupos están altamente informados en el ámbito gubernamental generando apoyos a candidatos políticos para luego ser retribuidos con favores cuando estos detentan el poder. Los grupos de presión tienen alta incidencia en los gobiernos, apostando por ciertos candidatos que, una vez que llegan a ocupar los puestos estatales, obtendrán de estos grandes beneficios en compensación de los apoyos económicos o mediáticos recibidos. Estos grupos de interés minoritarios actúan en detrimento de las mayorías sin acceso a la información.

El tercero es el efecto de la representación no vinculante. Aquí el político no cumple con las grandes promesas electorales una vez que accede al poder, y en consecuencia, el ciudadano no puede demandar el cumplimiento de aquellas promesas. En tanto que en el mercado si un producto o servicio no cumple con la expectativa deseada se puede optar por otro tipo de oferente. Por el contrario, en el ámbito público, ante el incumplimiento del programa propuesto en la campaña electoral el ciudadano nada pude hacer para que los burócratas cumplan con las grandes promesas de campaña durante su mandato efectivo.

El cuarto es el efecto de la miopía gubernamental. Una vez obtenido el triunfo, los políticos inmediatamente están planificando y pensando en las próximas elecciones, ya que tienen un tiempo limitado en el poder. Es decir, para asegurar su permanencia tienen que volcar los recursos y el poder estatal a las elecciones que le siguen una vez electos. Para ello tratan de tener contentas a las mayorías a través de políticas populares para de aumentar su rédito político. A diferencia, un empresario en un mercado competitivo debe planificar a largo plazo con previsibilidad si quiere subsistir, por ejemplo, realizando planes de inversiones que pueden exceder incluso la vida de los propios accionistas.

El quinto y último postulado aquí a desarrollar se denomina carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Este punto se relaciona íntimamente con el anterior puesto que los políticos, al tener un tiempo limitado en el poder, van a tener las preferencias temporales demasiado altas por el corto plazo, sin importar el futuro, ya que, en caso de no ganar una nueva elección, la cuenta la pagará el próximo gobernante y las generaciones futuras. En este sentido, muchos de los programas implementados se mantienen no por ser eficientes sino por ser populares. Por este motivo, el sector público carece de incentivos y justamente el burócrata busca aumentar el presupuesto y con ello asegurar su permanencia con independencia si lo está haciendo de forma eficiente o no. En el mercado difícilmente se pueda mantener un empresario si a largo plazo actúa de manera deficiente o a pérdidas, esto es, sin manejar de modo inteligente los recursos que posee; pues esto provocaría su quiebra.

El Estado funciona a través de imposiciones normativas en base a su poder soberano de dictarlas y en principio los ciudadanos deben acatarlas. Entonces los constantes marcos regulatorios o la excesiva intervención centralizada de una minúscula élite, cuyo ejercicio funciona a través de la imposición, anulan precisamente la libre espontaneidad de la población civil para buscar soluciones de distinta índole, pues, difícilmente, el Estado intervenga de manera eficiente y en pos de solucionar una falla de orden civil. En todo caso debería proceder bajo un principio de subsidiariedad, o sea actuar en un número limitado de asuntos cuando los particulares bajo ninguna vía puedan solucionar adecuadamente alguna falla presente en los cuerpos intermedios. Pero, valga la aclaración, debe haber una imposibilidad manifiesta y en última instancia se justifica el accionar del sector público, agotado, en definitiva, todo tipo de solución por parte de los particulares.

En el caso de Argentina la alta presión tributaria, los altos porcentajes inflacionarios cada año, la constante emisión monetaria que deprecia el poder adquisitivo, o la excesiva deuda -dejando el problema a los sucesivos gobiernos-, sumado a la corrupción sistemática y endémica, generan constantes fallos estatales. Estos son algunos ejemplos de la mala intervención del Estado en nuestro país. Joseph Stiglitz, otro destacado Premio Nobel, es un gran defensor de la intervención del Estado en materia económica; en un trabajo titulado "Government Failure vs. Market Failure: Principles of Regulation" reconoce que el Estado debería aplicar algunas de las reformas que sirven al sector privado en dos aspectos fundamentales: para aumentar la competitividad y la transparencia; y mejorar las estructuras de incentivos, esto es, para aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta estatal, pues el Estado cuando falla genera una baja de los incentivos del sector privado, reduciéndose este cada vez más en favor del poder estatal, y por ende aumentando el intervencionismo colectivo ante los agentes libres y espontáneos de la población civil.

Lógicamente, el Estado muchas veces cree aplicar remedios que resultan ser más nocivos que la enfermedad. Y es en este sentido, que el político como todo ser humano se equivoca y, lo que es peor aún, actúa con un interés elitista. Apela, además, a los sentimentalismos más que al juicio crítico, la lógica, la teoría y los principios de adecuación a la realidad que provee toda recta razón. Entonces, el interrogante final sería plantear, como aseveran Buchanan y Tullock, que "la existencia de efectos externos de la conducta privada no es una condición necesaria ni suficiente para que una actividad caiga bajo el ámbito de la elección colectiva". Esto quiere decir, que no todo lo que no puedan solucionar los agentes espontáneos de la sociedad civil debe caer necesariamente en manos del Estado, porque, finalmente, habrá que buscar otras soluciones que no dependan del poder burocrático.