Por un reparto equitativo para garantizar el acceso real en todo el país

En las últimas semanas los problemas en torno al transporte público de pasajeros han ocupado nuevamente el centro de discusión de la opinión pública. Mucho se ha dicho sobre costos, beneficios, subsidios, pero no se habla de lo realmente importante, cómo repercute en la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas la falta de una política clara.

El transporte de pasajeros no es un servicio público más en nuestras ciudades. Es el medio por el que se mueven miles de argentinos todos los días, que merecen un trato digno como usuarios. Es por ello que este servicio debe ser controlado y garantizado por el Estado a partir de políticas públicas de incentivo y apoyo.

Dentro de ese marco, uno de los ejes claves es el de los subsidios al transporte, cuyo origen se remonta a la crisis económica de 2001-2002; en principio tenían por objeto garantizar la rentabilidad de las empresas prestadoras, manteniendo las tarifas accesibles, en contextos con altos índices de pobreza, desocupación y caída cíclica de los salarios. Con el tiempo, frente la inequidad en el manejo de los subsidios y la falta de un rumbo claro, terminó teniendo un impacto negativo sobre el bolsillo de quienes realmente lo necesitan, mientras que los que tienen contextos económicos más favorables sí se ven beneficiados por el solo hecho de vivir en una determinada provincia.

Como diputado de la Nación y santafesino no puedo permitir que decisiones fundamentales que nos afectan a todos los argentinos se tomen sólo en Buenos Aires, sin atender a las necesidades del resto del país. Como es sabido, el sector empresario del transporte solicitó y logró, aunque aún no se haya formalizado, un sustancial aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe, que llegará a $75 en los próximos días, frente a los $18 / $20 que abonan los usuarios del AMBA, ampliando aún más la diferencia del 400% que ya existe.

Lamentablemente, este aumento era predecible, no solo como consecuencia de la pésima gestión económica de Alberto Fernández, sino también porque el Poder Ejecutivo local de la ciudad no ha logrado instrumentar alternativas viables para enfrentar esa opción. Preocupados, pero más que nada ocupados por este problema -que afecta a los santafesinos y al resto de las provincias-, es que desde el Congreso Nacional hemos decidido presentar una iniciativa para garantizar una distribución equitativa y transparente de los subsidios destinados al transporte público de pasajeros.

En 2021, los subsidios al transporte fueron de $ 216.523 millones de pesos. Se estima que más del 75% se lo quedó el AMBA. Esto es inadmisible y contrario al federalismo ya que solo representa el 60% en cuanto a parque automotor, empleo registrado y estructura de costos equivalentes. Vale aclarar que una parte sustancial de estos subsidios se nutren con lo recaudado del impuesto al combustible; de ello el 87% queda en el AMBA. Entonces, como señala el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) "los subsidios benefician en mayor medida a la población del AMBA que a jurisdicciones de menor ingreso", generando que, indirectamente, personas con ingresos sustancialmente mayores aprovechen los incentivos sin más motivos que habitar en una zona determinada del país.

Este proyecto de mi autoría, que acompañaron los diputados nacionales Mario Negri (Córdoba), Ximena García (Santa Fe), Julio Cobos (Mendoza), Soledad Carrizo (Córdoba), Ricardo Buryaile (Formosa), Lidia Ascarate.(Tucumán), Marcela Coli (La Pampa), Marcos Carasso (Córdoba), Gerardo Cipolini (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sofía Brambilla (Corrientes), Virginia Cornejo (Salta), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Alfredo Schiavoni (Misiones), Francisco Monti (Catamarca), Marilú Quiroz (Chaco), Juan Martín (Santa Fe), Gustavo Hein (Entre Ríos) y Federico Angelini (Santa Fe), resuelve dos importantes deudas.

Por un lado, reafirma la importancia del federalismo, poniendo a Santa Fe, y al resto de las provincias argentinas en un plano de igualdad con la provincia de Buenos Aires, ya que entre otros puntos establece que "ninguna jurisdicción podrá beneficiarse con un porcentaje superior al 30% de los subsidios totales otorgados". Y por otro lado, responde con hechos concretos a las necesidades de miles de ciudadanos que requieren llegar a sus trabajos, a sus escuelas, o a cualquier otro destino, sin que ello conlleve un golpe importante a sus economías, a través de la fijación "del monto máximo de la tarifa de transporte público y la variación máxima de tarifas entre distintas jurisdicciones del país, debiendo compensarse a través de los subsidios los costos extras que se presenten en alguna jurisdicción".

En el Senado de la Nación también se presentó una iniciativa similar que impulsaron los senadores Alfredo Cornejo (Mendoza), María Alejandra Vigo (Córdoba), Luisa Avila (Tucumán) y Carlos Espínola (Corrientes), Carolina Losada (Santa Fe) y Mariana Juri (Mendoza). Desde Juntos por El Cambio queremos apoyar a los ciudadanos que con su esfuerzo diario hacen crecer a nuestro país y necesitan que este servicio esté regulado de una forma justa y equilibrada.

Como diputado de la Nación y santafesino no puedo permitir que decisiones fundamentales que nos afectan a todos los argentinos se tomen sólo en Buenos Aires, sin atender a las necesidades del resto del país. Como es sabido, el sector empresario del transporte solicitó y logró, aunque aún no se haya formalizado, un sustancial aumento del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe, que llegará a $75 en los próximos días, frente a los $18 / $20 que abonan los usuarios del AMBA, ampliando aún más la diferencia del 400% que ya existe.

(*) Diputado nacional. Ex intendente de la ciudad de Santa Fe.