Violencia y narcotráfico en Santa Fe: sin acuerdo no hay solución

El refuerzo de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, concretada a inicios de semana por el gobierno nacional tras la balacera contra un supermercado de la familia política de Leo Messi, probablemente sea una de las últimas oportunidades que tenga la política para bajar los índices de violencia en la ciudad del sur, pero también en las ciudades más grandes de la provincia, antes de tener que tomar medidas extraordinarias.

El envío de más gendarmes a la ciudad de Rosario no es una novedad y, si juzgamos por los resultados, tampoco ha sido un éxito, más allá de la baja de delitos por un corto período de tiempo. Nación reforzó la presencia de fuerzas federales en Rosario en 2014 -en 2013 los índices de homicidios fueron similares a los de 2022 – y en 2018 con otro gobierno. Nadie puede decir que la situación mejoró. ¿Habrá en esta oportunidad resultados distintos?

De la mano del desembarco de gendarmes en Rosario también lo hicieron efectivos del ejército, en una riesgosa decisión de la que se despegó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el objetivo de urbanizar barrios y también, aunque no lo digan, de disuadir a los rosarinos. Más allá de la opinión de cada uno y de lo que establece el marco jurídico ¿Es atinado que militares desarmados estén metidos en un conflicto tan violento y con tantos actores? ¿Qué destrezas tienen los ingenieros militares que no tienen los funcionarios de Hábitat de Nación, provincia y municipio?

La violencia marca el ritmo de la política. Esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el demorado dictamen que busca fortalecer la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe con la creación de de 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión. También hay un compromiso para cubrir las vacantes que hay en los juzgados federales santafesinos.

Por su parte el Senado de la provincia votó un proyecto que permitirá a los jueces dictar la prisión a quien utilice un arma de fuego sin el debido permiso. También la creación de un registro obligatorio para quienes se dediquen al acopio y la comercialización de productos eléctricos (cables, por ejemplo), de conducción de gas y de agua potable, que es donde van a parar elementos robados, vendidos como bronce o cobre.

Hay pendiente una discusión sobre una reforma de la policía que, por períodos, vuelve a la agenda de los temas públicos y así como llega se va sin que casi nadie insista. Este, probablemente, sea el tema más importante para encarar en el mediano plazo por los actores de los tres poderes del estado provincial porque de lo contrario será muy difícil revertir una situación que parece no tener solución, aunque digan que la tiene. Con grandeza, sin egoísmos ni discursos refundacionales y sin esclarecidos que se consideren los dueños del saber.

Tampoco habrá solución sin un acuerdo de todas las fuerzas políticas de la provincia que avancen en una serie de medidas y decisiones que inicie un proceso de reducción de los índices de violencia. Esta es otra deuda de las clases dirigentes, en primer lugar, de la política, para salir de una situación en la que lo único que parece ocurrírseles es pedir que pongan más gendarmes y policías en las calles.

¿Es posible un acuerdo en el medio de una campaña electoral? Depende de quienes tienen que tomar la decisión. Es difícil porque la inseguridad es tema cotidiano y de disputa desde hace al menos dos décadas. Lo primero que tiene que suceder es la admisión de que a todos les fue peor que al anterior, que nadie va a poder solo y que no hay soluciones mágicas. Lo segundo es que algún dirigente se ponga al frente de una convocatoria amplia pero ejecutiva y la tercera, la generosidad de para dejar de lado posiciones individuales o ideológicas para encontrar puntos en común que avance en la solución del problema.