Ruta Nacional 34: la desidia del Estado nacional que se cobra vidas

Hay problemáticas que, por su persistencia, dejan de ser percibidas como urgentes. Se naturalizan, se vuelven parte del paisaje, se aceptan con resignación. La situación de la Ruta Nacional N° 34 en la provincia de Santa Fe es uno de esos casos. Pero naturalizar no es lo mismo que resolver. Y en materia de seguridad vial, naturalizar es, en los hechos, permitir que la tragedia continúe.

La Ruta 34 no es una vía secundaria ni marginal. Es un corredor estratégico que articula el centro productivo del país con el norte argentino, por donde circula diariamente un volumen significativo de transporte de carga vinculado al complejo agroindustrial. Es, en términos económicos, una columna vertebral.

Sin embargo, esa centralidad contrasta de manera dramática con las condiciones en las que se encuentra gran parte de su trazado en territorio santafesino. Lo que debería ser una ruta acorde a su importancia funciona, en muchos tramos, como una infraestructura precaria, insuficiente y peligrosa.

Desde la perspectiva de la seguridad vial, los datos acumulados en los últimos años configuran un escenario crítico. La Ruta 34 se ha consolidado como uno de los corredores con mayor siniestralidad fatal del país.

Choques frontales, participación frecuente de camiones, siniestros nocturnos y víctimas jóvenes conforman un patrón que se repite con una regularidad alarmante. No se trata de hechos aislados ni de episodios imprevisibles. Se trata de un problema estructural, con causas identificables y soluciones conocidas.

En este punto es necesario ser claros: cuando los siniestros se repiten bajo las mismas condiciones, dejan de ser accidentes para convertirse en consecuencias. Consecuencias de una infraestructura que no acompaña el volumen ni la composición del tránsito que soporta.

Consecuencias de una ruta sin duplicación de calzada en amplios tramos, sin separación física de carriles, con banquinas deterioradas o inexistentes y con deficiencias en la señalización y el mantenimiento.

La combinación de estos factores genera un escenario de alto riesgo permanente. En rutas de estas características, el margen de error es prácticamente nulo. Una maniobra de sobrepaso mal calculada, una distracción mínima o una condición de visibilidad adversa pueden derivar en un choque frontal con consecuencias fatales.

Y cuando el tránsito pesado es predominante, como ocurre en la Ruta 34, el impacto de esos errores se multiplica. Frente a este cuadro, suele apelarse a la responsabilidad individual como explicación principal. Se habla de imprudencia, de exceso de velocidad, de consumo de alcohol o de falta de respeto a las normas.

Y si bien estos factores existen, deben ser y son abordados, resultan claramente insuficientes para explicar la magnitud del problema. La evidencia internacional demuestra que la infraestructura vial es un componente determinante en la reducción de la siniestralidad. Las rutas seguras no eliminan el error humano, pero sí lo contienen, lo amortiguan y reducen sus consecuencias.

En cambio, las rutas inseguras amplifican cada falla. La Ruta 34, en gran parte de su extensión santafesina, pertenece a esta segunda categoría. Y aquí es donde la discusión deja de ser exclusivamente técnica para volverse política.

La Ruta Nacional N° 34 es, como su nombre lo indica, una responsabilidad del Estado nacional. Es ese nivel es el Estado el que define su planificación, asigna los recursos, ejecuta las obras y garantiza -o debería garantizar- su mantenimiento. Sin embargo, lo que se observa es una distancia cada vez mayor entre esa responsabilidad formal y la realidad concreta de la ruta.

Hablar de desidia no es exagerar. Es describir una conducta sostenida en el tiempo. La desidia se expresa en la falta de obras estructurales, en la discontinuidad de los proyectos, en el deterioro progresivo de la infraestructura y en la ausencia de una planificación integral que priorice los corredores más críticos.

Se expresa también en la reacción tardía, en las promesas incumplidas y en la normalización de una situación que debería ser inaceptable. Esta desidia se vuelve aún más evidente cuando se analiza el esquema de financiamiento.

En Argentina, el combustible está gravado por impuestos específicos que, en teoría, tienen como destino el mantenimiento y desarrollo de la red vial. Es decir, cada ciudadano que carga combustible está contribuyendo directamente a financiar la infraestructura que utiliza.

Sin embargo, la situación de la Ruta 34 pone en evidencia una contradicción difícil de justificar. Se recauda de manera sostenida, pero no se invierte en la magnitud necesaria para garantizar condiciones seguras de circulación. Esa brecha entre lo que el Estado cobra y lo que efectivamente devuelve en forma de infraestructura es, en sí misma, una forma de incumplimiento.

No se trata solo de una cuestión de eficiencia administrativa. Se trata de una cuestión de responsabilidad pública. Porque cuando el Estado no transforma recursos en obras, cuando no prioriza las zonas de mayor riesgo, cuando posterga decisiones que tienen impacto directo en la vida de las personas, la consecuencia no es abstracta: son vidas que se pierden.

La situación de la Ruta 34 también expone una tensión federal. Las provincias, como Santa Fe, son las que padecen de manera directa los efectos de esta problemática: siniestros, costos sanitarios, impacto social y económico. Sin embargo, no tienen control sobre las decisiones estructurales que podrían revertirla.

Esta asimetría entre responsabilidad y capacidad de acción genera un escenario en el que el reclamo se vuelve permanente, pero la solución depende de otro nivel del Estado.

Mientras tanto, las comunidades locales conviven con la incertidumbre. Cada viaje por la Ruta 34 implica asumir un riesgo que no debería existir. Cada siniestro vuelve a poner el tema en agenda por unos días, hasta que la atención pública se desplaza y el problema retorna a su estado habitual: la invisibilidad.

Pero detrás de cada número hay historias concretas. Familias que pierden a un hijo, a un padre, a una madre. Proyectos de vida que se interrumpen de manera abrupta. Comunidades que se ven atravesadas por el dolor. En ese sentido, la seguridad vial no es un tema técnico ni estadístico: es una cuestión profundamente humana.

Transformar esta realidad no requiere soluciones innovadoras ni experimentales. Las herramientas están disponibles y han demostrado su eficacia en múltiples contextos.

La duplicación de calzada en los tramos más críticos, la mejora integral de las banquinas, la incorporación de señalización adecuada, el mantenimiento permanente y el ordenamiento del tránsito pesado son medidas concretas, posibles y necesarias.

Lo que falta no es conocimiento, es decisión. Decisión para priorizar la inversión en infraestructura vial. Decisión para sostener políticas en el tiempo. Decisión para asumir que la seguridad vial no puede quedar subordinada a la coyuntura ni a la lógica del parche.

La Ruta Nacional N° 34 en Santa Fe es hoy un símbolo de una falla más profunda: la incapacidad del Estado nacional para responder con la urgencia que determinadas problemáticas exigen. Es la expresión de una desidia que no se mide en términos abstractos, sino en vidas humanas.

Revertir esta situación es una obligación ética antes que política. Porque garantizar condiciones seguras de circulación no es un privilegio, es un derecho. Y porque en materia de seguridad vial hay una verdad que no admite matices: cuando el Estado no actúa, la desidia también mata.