Económica y más
La emergencia económica, financiera y fiscal le permite al Ejecutivo incorporar al Tesoro Provincial los recursos afectados de origen provincial cuando
éstos resultaren excedentes en relación al gasto ejecutado, al igual que saldos no invertidos en ejercicios anteriores. También estará facultada la “venta, dación en pago total o parcial por la construcción de obras públicas o la adquisición de bienes muebles o inmuebles del Estado que sean calificados como ociosos, improductivos o innecesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”. Las reparticiones “deberán presentar al Ministerio de Economía el listado de los bienes en condiciones de ser vendidos para proceder a su realización”. Los importes resultantes de la venta ingresarán a Rentas Generales para financiar políticas educativas y sociales.
La emergencia fiscal le permite al gobierno adecuar “procedimientos, estructuras, equipamiento y metodologías de fiscalización de API, para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la determinación, fiscalización y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones u otras leyes fiscales”. Podrá suscribir convenios de colaboración con universidades, municipios y comunas; y contratar “bienes y servicios que permitan incrementar la capacidad del organismo recaudador provincial”. Asimismo, en las disposiciones complementarias, se establecen nuevos topes para determinadas licitaciones y concursos privados, contemplados en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Seguridad
Para fundamentar la emergencia en materia de seguridad, el proyecto de Perotti advierte que “resulta imperioso reconstruir la credibilidad de la sociedad en la institución policial”, a la vez que considera que “el estado no tiene capacidad suficiente para dar respuesta a las demandas sociales” sobre esta problemática. Por ello, se considera “imprescindible poner en marcha un profundo plan de reestructuración y modernización de las fuerzas”. El Ejecutivo, a través del Ministerio respectivo, podrá “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias; reajustar y racionalizar los recursos humanos, reasignando funciones y destinos del personal policial; otorgar asignaciones no remunerativas al personal que desempeñe funciones consideradas “críticas”; y afectar personal de otras reparticiones para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades y dependencias policiales.