Sin acuerdo en Diputados sobre un plan de contención a jóvenes

Tras varias semanas de negociaciones, en la Cámara de Diputados el Frente Progresista y el justicialismo no llegaron a un acuerdo para votar juntos un proyecto para darle fuerza de ley a un programa social para la contención de jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo de la actual mayoría es darle continuidad al llamado programa “Nueva Oportunidad” y para la Casa Gris es “Santa Fe Más”. Las diferencias no son sólo de nombre en cuanto a políticas sociales.

La media sanción del tema pasó al Senado con los votos del Frente más de Juntos por el Cambio y de los dos bloques de izquierda. El justicialismo se abstuvo de votar al igual que las bancadas de Somos Vida y Familia y Somos Vida.

El programa Nueva Oportunidad se inició en 2013 en la ciudad de Rosario y en 2017, el entonces gobernador Miguel Lifschitz lo empezó a ejecutar en la provincia llevándolo a 28 localidades con el objetivo de contener a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y formarlos para distintos tipos de ocupaciones. En octubre del año pasado, fue enviado el mensaje a la Cámara de Diputados para darle fuerza legal al programa que ejecuta el ministerio de Desarrollo Social. Fue uno de los temas que con el inicio de las Ordinarias de Legislatura, el Frente Progresista puso sobre la mesa para apurar su tratamiento. A principios de junio, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, mantuvo una reunión con la Parlamentaria de Diputados para buscar un acuerdo. Las negociaciones se prolongaron hasta este jueves cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales no hubo acuerdo, hubo dictamen y el tema llegó al recinto.

Fue la socialista Lionella Cattalini la encargada de fundamentar la postura frentista subrayando que el programa está pensando para ejecutarlo con municipios, comunas y organizaciones sociales.. “Es una política social real para acompañar a los jóvenes, para evitar que caigan en la violencia. Es un programa ambicioso que contiene a 18.000 jóvenes. Valoramos las instancias de buscar acuerdos pero nos llama la atención que el Ejecutivo diga que no necesita la ley”. Después señaló que el proyecto votado no le pone nombre al programa para que lo haga el ministerio y a pedido de esa cartera mantiene la edad en 16 cuando para ellos era deseable aplicarlo desde los 12 años.

En el recinto, Luis Rubeo pidió la abstención del justicialismo advirtiendo la falta de acuerdo y el apuro de la mayoría de llevar el tema al recinto. Después fue Lucila De Ponti quien también cuestionó el apuro e hizo notar que el Ejecutivo sigue adelante con el programa e incluso ha superado algunas dificultades para pagar las prestaciones a jóvenes. “No entendemos el apuro de sancionar la ley cuando el programa se viene ejecutando desde 2017” y recordó que en la discusión en comisiones hubo avances en las semanas.

Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) explicó que su sector se abstenía por entender que todos los bloques podían trabajar el tema e hizo hincapié en que el programa no está interrumpido mientras que Amalia Granata (Somos Vida) entendió que le corresponde al Ejecutivo definir este tipo de políticas.

Oscar Martínez (Frente Renovador) se pronunció a favor e instó a tener “política públicas universales, sin intermediarios” para evitar que hoy la Tarjeta de Ciudadanía en Santa Fe entregue 300 pesos mensuales a los beneficiarios.. “Las políticas públicas no deben depender de los gobiernos de turno”. En términos similares expuso luego Alejandro Boscarol (Juntos por el Cambio). Ambos advirtieron las dificultades sociales que existen hoy y que se agravarán tras la pandemia. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) votó favorablemente sin dejar de cuestionar que un proyecto de la bancada no haya sido tenido en cuenta.

A la hora de cerrar el debate, Joaquín Blanco (socialista) valorizó que no haya votos en contra y subrayó la necesidad de que haya simbiosis entre la Legislatura y el Ejecutivo en políticas pública y puso como ejemplo la sanción de las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes o la de protección contra la violencia de género.

Habló Lifschitz

La iniciativa contempla el acompañamiento de los los jóvenes de entre 16 y 35 años durante un trayecto de capacitación de modo que, ya sea a través del trabajo, la educación, el deporte o la cultura, puedan integrarse socialmente y construir un proyecto de vida.

Después de la sesión, el presidente de la Cámara, Lifschitz marcó que el programa “fue exitoso, creció año a año, y que está muy valorado por los protagonistas, que son los jóvenes que han participado; también por las instituciones sociales, que han sido fundamentales en el abordaje de este programa, y por los que tuvieron el rol de acompañantes, una figura muy importante en el desarrollo del programa”.

Lifschitz también expresó su “preocupación porque el gobierno actual no dice nada sobre este programa, anuncia permanentemente que está estudiando nuevas iniciativas que todavía no ha puesto en marcha. El tiempo pasa y los jóvenes están en los barrios, en las esquinas, hoy sin asistir a las escuelas, y sin la contención de este programa que nos parece fundamental. Mientras tanto, vemos el crecimiento de la violencia, de la conflictividad social, a los jóvenes que a veces son víctimas y otras, victimarios. No creemos que la solución sea solamente la policía o la justicia penal”.

Hubo unanimidad

Todo la Cámara, ya sea en forma presencial o virtual, dio otra vez media sanción al proyecto para que haya una ley de libre acceso a la información pública donde expusieron autores de la iniciativa: Gabriel Real (PDP), Clara García (PS) y Agustina Donnet (Igualdad). También el cuerpo validó una declaración elaborada por la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la que piden acciones inmediatas y expeditivas para frenar los incendios en las islas y juzgar a los responsables. El texto insta a coordinar acciones políticas y judiciales desde los ámbitos ejecutivos provinciales, para impulsar acciones inmediatas y expeditivas para terminar con los focos ígneos, juzgar a los responsables, y coordinar espacios interjurisdiccionales para trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias, con una perspectiva integral de cuenca, promoviendo la reactivación del PIECAS-DP. A su vez, los legisladores proponen al Congreso Nacional la incorporación al código penal de la figura de “ecocidio” como delito, comprensivo de hechos que provocan la destrucción deliberada y generalizada del medio ambiente y se compromete a mantener sesiones conjuntas con comisiones equivalentes de las Legislaturas de otras jurisdicciones involucradas y con cuerpos y organismos de otros niveles del Estado.