Más críticas a la falta de agua que al aumento de las tarifas

Apoyo a ciertas líneas de desarrollo para extender el servicio de agua en barrios pobres y también para las obras en marcha en expansión de los servicios, pero muchos reproches respecto de la lenta incorporación de la micromedición domiciliaria, ante la existencia de unos pocos indicadores sobre la eficiencia y la transparencia de la compañía estatal (desde la oposición), así como por la poca (o ninguna) presión en las redes de distribución en las zonas urbanas alejadas de las plantas potabilizadoras. Esa es la síntesis de quien haya prestado atención a lo que, en Santa Fe este martes 7 y en Rosario en la víspera, se dijo en la Audiencia Pública.

Esta vez fueron más los usuarios que aprovecharon su oportunidad de hablar, al igual que los representantes de vecinales, de entidades que defienden los derechos de los consumidores y concejales de tres ciudades: Casilda, Esperanza y Rafaela. Tres diputados provinciales también expusieron: Clara García (Socialista), Agustina Donnet (Igualdad) y Oscar Martínez (FR-1% Santafesino).

Superar límites

Acaso al tanto de lo que se venía, el presidente del directorio de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán, en una exposición que llamó la atención por directa y breve, en ambas ciudades, habló sin embargo en extenso de las políticas con las que se busca incorporar como usuarios formales y con instalaciones regulares a los hogares marginados, que tienen redes hechas precariamente por los propios vecinos donde "se pierden incluso más de 6 litros de agua por cada 10 que se extraen de las cañerías de la empresa" o directamente no tienen ningún acceso al agua.

El funcionario habló de "superar un límite", el del área servida o incluso el de la concesión, para adentrarse en la realidad de quien debe tener agua y la consigue como puede. Como el titular de la oficina de los consumidores de la Municipalidad de Rosario, Antonio Salinas, destacó el apoyo económico que otorga una repartición nacional para hacer obras en barrios vulnerables, la Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio Nacional de Desarrollo Social.

Emblemas

Morzán puso ejemplos de lo hecho en el Barrio Toba de Rosario donde gracias a los tendidos formales de cañerías no fue necesario agregar un módulo de ósmosis inversa para mejorar la provisión de agua en sectores que desde hace décadas gozan del servicio de forma regular.

"Es un caso emblemático", dijo el funcionario que explicó que con $ 300 millones se ahorraron recursos y mejoró la calidad de vida de ese sector. Dijo que en Aguas "queremos cumplir con lo que dice la Ley 11.220, que es tener una una tarifa acorde a un servicio eficiente", esa palabra se usó varias veces más.

Clara García, diputada provincial socialista, se preguntó cómo evaluar la empresa con la información disponible y elaborada para la audiencia, que -según la legisladora- no basta para saber si podrían hacerse ahorros para no volcar todo el impacto de los mayores costos sobre los usuarios. Aunque admitió que lo pedido no supera la inflación, dijo que los trabajos tercerizados deberían reverse. Hizo una comparación fuerte con Aysa, la empresa de Agua y Saneamiento que se desempeña en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Porteños y bonaerenses pagan menos tarifa porque la Nación se las subsidia con $ 127 mil millones. (Malena Galmarini es su titular, la esposa del ministro de Economía, Sergio Massa). "La provincia de Santa Fe está también muy retrasada en las obras que financia el Enhosa y en el Presupuesto Nacional", en esa materia. Recomendó más caudalímetros para que se pueda saber cuánta agua se pierde sin que llegue a los usuarios y para fomentar el uso racional del servicio y llegar a los barrios, como se hacía en la gestión anterior con el programa "Luz y Agua Seguras".

"Ni una gota"

García citó los padecimientos de vecinos de Villa Gobernador Gálvez que en verano quedan sin agua. Y unos minutos después los describió en detalle un concejal de Casilda,

Maroevich Mauricio, que no vive en la zona céntrica de esa ciudad y para tener agua tiene que levantarse a las 4 de la madrugada. Explicó que sin inversiones de entre 200 y 350 mil pesos, entre cisternas y bombas o perforaciones, no se tiene agua. Ni una gota. Dijo que se sabía que la sequía pondría el jaque al servicio en esa ciudad y que las obras en marcha llegaron tarde, porque el verano ya se va.

Al concejal radical se le sumaron otros ediles. Rodrigo Müller (UCR-JxC), de Esperanza sostuvo que hay un trato discriminatorio en las inversiones de saneamiento para esa ciudad, y Lisandro Mársico (PDP), de Rafaela, que describió un panorama grave en cuanto a la ineficiencia en las prestaciones. Lo mismo, Cristian Cammisi (UCR-JxC), de esta última ciudad.

El primero sostuvo que cada esperancino recibe inversiones por 15 mil pesos financiadas por la provincia o la Nación mientras que cada rafaelino, por 100 mil. No obstante, el segundo y el tercero dijeron que las carencias en Rafaela son similares a las que existían años atrás, cuando a las audiencias públicas llegaba gran cantidad de concejales de esa ciudad del PJ y ahora "brillan por su ausencia".

Cammisi planteó que cuatro barrios rafaelinos no tienen agua en verano y que la ausencia de un plan de expansión del agua potable y las cloacas genera una detracción en la oferta de loteos, lo que los encarece.

Müller advirtió que su ciudad necesita no menos de 5 pozos de extracción de agua para cubrir la demanda del verano y Mársico pidió enfáticamente al gobernador Omar Perotti "que esta vez sí escuche a los santafesinos".

Agustina Donnet (Igualdad) comenzó con las ponencias en Santa Fe tras la presentación de la empresa. Subrayó que es necesario que las audiencias públicas sean vinculantes, por ley, y a sus palabras luego se adhirieron otros expositores con voluntad de reformar las normas o de que haya una intención política de las autoridades del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de tener presentes los pedidos, las críticas y los aportes de la Audiencia a la hora de autorizar los aumentos y de fijar líneas de trabajo. También el reclamo porque haya una tarifa social (como las que tiene la Epe) fue iniciado por la diputada y confirmado por otros que tomaron el micrófono.

Vecinos y usuarios

Fueron interesantes en la audiencia pública sobre las tarifas de Aguas, las exposiciones de Fabián Soda (Federación santafesina de Ongs), José Cetour (Vecinal Barrio Centenario), Raúl Fernández Zurita (Asociación de promoción y defensa del consumidor y del Usuario del Litoral) y Orlando Gauna que habló como usuario. Los dos últimos son habituales expositores de los debates sobre los servicios públicos y los dos primeros han comenzado a participar recientemente.

Los más experimentados volvieron a la carga con sus críticas al sistema de medición presunta, que mágicamente convierte en metros cúbicos de agua los metros cúbicos de una propiedad, en el caso de Fernández Zurita; y bastante más ácido, Gauna trató de inoperantes e ineficientes a los funcionarios de la empresa, del ente de control y del ministerio de Salud. Mostró un video de esa repartición que a diario utiliza bidones de agua en lugar de la de la canilla y se preguntó por la calidad del servicio o el derroche en la sede de calle Juan de Garay. Como de costumbre, pidió renuncias y reclamó respuestas.

Los dos primeros mostraron en detalle lo que se padece sin agua en los barrios y lo difícil que les resulta a los representantes vecinalistas o de otras organizaciones acceder a los funcionarios. Ser escuchados. También opinaron sobre los problemas sanitarios más allá de lo que pasa en los barrios por los que hablaron, dejaron en claro que el sentido común no siempre se impone: desde el derroche del agua a la necesidad de que haya un plan de inversión en micromedición serio.

Manuela Uberti, del barrio judicial planteó que no puede haber aumento si no hay servicio. Señaló que la ineficiencia llega a extremos insólitos: "No tienen planos quienes van a hacer reparaciones, contratados de empresas tercerizadas, les preguntan a los vecinos dónde está la cañería". Pese a que se trata de un barrio residencial, por estar lejos de la planta tampoco tiene la presión adecuada para que el agua suba a los tanques.

En Rosario, Oscar Ochoa de la Asamblea por los Derechos Sociales, cerró su intervención sobre esa misma realidad de marginación y falta de servicios con una cita peronista: "Mejor que decir, es hacer; mejor que prometer es realizar".

Tarifas sociales

Un estudioso del tema, el Dr Mg.Aníbal Faccendini, titular de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, dijo por esa alta casa de estudios que la idea de que el agua potable sea un derecho humano debería ser más que una consigna. Y que el acceso a los servicios públicos y a una vida mejor también puede contribuir a pacificar a Rosario. Destacó que es positivo que ya no esté en manos de una empresa privada la explotación del servicio pero pidió más de la compañía pública, y que se tomen decisiones políticas que incluso la exceden: habló de un modelo de gratuidad del acceso al servicio, como ocurre con la educación y la salud públicas. Sostuvo que para cuidar el ambiente y los recursos de los santafesinos debe avanzarse con la micromedición y calificó de "impuesto antojadizo" el sistema actual con que se factura a la mayoría, según los metros cuadrados de sus viviendas. Lamentó la idea de aumentar y advirtió que el pago de los servicios debiera significar no más del 15% de los ingresos de un hogar.

Indicó que sobre la población servida (los que tienen agua de Assa de manera regular) apenas 12% posee un caudalímetro. Tras extenderse sobre la ineficiencia del servicio habló de evitar "la indigencia o la pobreza de agua", en barrios periféricos. Recordó que se ha avanzado en la aceptación de casos sociales pero reclamó crear tarifas sociales.