Procesaron al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo por liderar una red de corrupción

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por los delitos de cohecho pasivo, defraudación agravada, negociaciones incompatibles con la función pública y como presunto jefe de una asociación ilícita.

Según el fallo, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se consolidó un entramado de corrupción institucional dentro de la Agencia, con participación de funcionarios y actores privados que actuaron de manera coordinada para obtener beneficios económicos millonarios mediante contrataciones públicas irregulares.

Casanello sostuvo que la ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, en detrimento de su finalidad pública, que es la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.

Un sistema de retornos y sobreprecios

La investigación permitió reconstruir un esquema de “retornos” por parte de droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios, mediante el cual se recompensaba a funcionarios infieles de la Agencia.

El magistrado detalló que existieron licitaciones digitadas, intermediaciones ilegales y mecanismos de direccionamiento de contrataciones públicas, que favorecieron a determinados proveedores vinculados a la organización.

“Se montó un sistema de beneficios recíprocos entre funcionarios estatales y actores privados, con el objetivo de generar ganancias ilícitas a partir de fondos públicos”, remarcó Casanello.

Procesamientos, embargos y una causa abierta

En total, fueron procesadas 19 personas. Además de Spagnuolo, también fueron imputados como presuntos jefes de la organización Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al sector de droguerías.

El juez ordenó el embargo de bienes a todos los imputados, siendo el más elevado el de Spagnuolo, que supera los 202 mil millones de pesos.

En el cierre de su resolución, Casanello advirtió que el esquema delictivo “no se agotaría en los hechos probados” y señaló la existencia de indicios que permitirían avanzar sobre nuevos niveles de responsabilidades y complicidades dentro del Estado.