Se aprobó un protocolo para administrar bienes de origen delictivo

El Gobierno nacional avanzó en la puesta en marcha de un nuevo sistema para asegurar que los bienes provenientes de delitos, una vez incautados o recuperados en causas judiciales, sean correctamente administrados y destinados al interés público.

El Ministerio de Justicia aprobó un protocolo operativo que fija los pasos a seguir para la recepción formal de esos activos, en coordinación con el Poder Judicial.

Un protocolo para garantizar la transparencia

La resolución 543/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece el “Protocolo Operativo para la Recepción de Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados”.

Esta medida se enmarca dentro del régimen aprobado por el Decreto 575/25, que regula la conservación, administración y disposición de bienes originados en actividades ilegales y que son objeto de procesos penales de competencia nacional y federal, así como de juicios de extinción de dominio.

Según lo dispuesto, los jueces nacionales y federales deberán poner bajo custodia del Ministerio de Justicia los bienes incautados en el marco de sus procesos. El objetivo es unificar criterios y evitar que esos activos pierdan valor, se deterioren o terminen en situaciones de manejo poco claro.

La administración centralizada busca garantizar la trazabilidad de cada bien, asegurar que ingresen efectivamente al patrimonio público y que su disposición final se realice bajo principios de justicia, transparencia y eficiencia.

Cooperación entre la Justicia y el Ejecutivo

El nuevo protocolo fija los requisitos y procedimientos que los órganos judiciales deberán cumplir para entregar los bienes al Ministerio. Esto incluye la remisión de información técnica, registral, documental y económica completa y actualizada. Sin estos datos, remarcan las autoridades, no es posible una recepción formal ni una correcta gestión posterior.

El Ministerio de Justicia destacó que esta herramienta permitirá fortalecer la cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. “Se busca una gestión transparente, ordenada y eficiente de los bienes sujetos a medidas judiciales”, señala la resolución firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La implementación inicial quedará a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la cartera de Justicia, hasta tanto se designe la Autoridad de Aplicación definitiva. Una vez en funciones, este organismo tendrá la responsabilidad principal de coordinar con los tribunales las entregas y de llevar adelante la administración de los activos.

Devolver a la sociedad lo que el delito le quitó

Desde el Ministerio remarcan que los recursos obtenidos de actividades ilícitas deben reinvertirse en áreas estratégicas del Estado, con el fin de recomponer el daño social provocado por el delito.

En este sentido, la normativa busca evitar que bienes como inmuebles, automóviles, embarcaciones, joyas, dinero en efectivo u otros objetos de valor permanezcan abandonados o sin destino durante largos procesos judiciales.

El nuevo sistema permitirá que esos activos sean preservados, administrados e incluso dispuestos de manera más ágil y transparente, siempre dentro de lo que la Justicia determine.