El Gobierno otorgó asueto para el 24 y 31 de diciembre: a quiénes alcanza la medida

En la antesala de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Poder Ejecutivo nacional resolvió otorgar asueto administrativo al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida, formalizada a través del Decreto 883/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y se inscribe en una tradición de fin de año que apunta a facilitar la organización familiar, los traslados y el descanso en fechas de fuerte arraigo cultural para la sociedad argentina.

Asueto nacional

El Decreto 883/2025 establece que los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional no deberán prestar servicios los días martes 24 y martes 31 de diciembre de este año.

Según se detalla en los considerandos de la norma, la decisión se fundamenta en el carácter especial que tienen las festividades de Navidad y Año Nuevo, reconocidas como feriados nacionales inamovibles por la Ley N° 27.399, que fija el 25 de diciembre y el 1° de enero como días festivos en todo el país.

En ese marco, el Gobierno consideró que las jornadas previas a ambas celebraciones suelen estar destinadas a la realización de preparativos, compras, organización de reuniones familiares y traslados, especialmente en un país con extensas distancias geográficas.

Otorgar asueto administrativo, señala el texto oficial, permite que las personas dispongan de “un tiempo razonable” para concretar estas actividades y compartir momentos de encuentro con familiares y seres queridos.

La norma también subraya que la medida no implica erogaciones presupuestarias adicionales para el Estado nacional y se adopta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Servicios esenciales garantizados y excepciones

Uno de los puntos centrales del decreto es la aclaración de que el asueto no puede afectar el normal funcionamiento de los servicios esenciales.

En ese sentido, el artículo 2° instruye a los distintos organismos del Estado a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones indispensables, especialmente aquellas vinculadas a la salud, la seguridad, la asistencia social y otros servicios críticos para la población.

De este modo, cada dependencia deberá organizar guardias mínimas o esquemas de trabajo alternativos que permitan garantizar la atención a la ciudadanía durante esas jornadas, aun cuando rija el asueto para el resto del personal.

Asimismo, el decreto establece una excepción concreta: la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras. Esto implica que el funcionamiento del sistema bancario quedará sujeto a su propio régimen laboral y a las disposiciones que adopten el Banco Central y las entidades correspondientes, como ocurre habitualmente en este tipo de decisiones administrativas.

Impacto social y turístico

Entre los argumentos que fundamentan la decisión, el Gobierno destaca el valor social y cultural de las fiestas de fin de año en la Argentina. Navidad y Año Nuevo son fechas tradicionalmente asociadas al reencuentro familiar, la celebración colectiva y el cierre de ciclos, tanto en el plano personal como laboral.

En ese contexto, el asueto en las vísperas de ambas festividades apunta a reducir las tensiones organizativas que suelen concentrarse en esas jornadas, permitiendo una mejor planificación de viajes y encuentros, especialmente para quienes deben trasladarse largas distancias dentro del país.

El decreto también menciona el impacto positivo que la medida puede tener sobre el sector turístico. Al facilitar los desplazamientos y extender, en los hechos, los períodos de descanso, se espera un movimiento mayor hacia distintos destinos turísticos, tanto tradicionales como emergentes, lo que puede traducirse en un impulso para las economías regionales en una época clave del año.

El asueto dispuesto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, por lo que no es de aplicación automática para empleados provinciales, municipales ni para el sector privado. En esos ámbitos, la adopción de medidas similares dependerá de las decisiones que tomen los gobiernos locales y los empleadores, respectivamente.