El Gobierno estudia un aumento salarial para funcionarios, tras dos años de congelamiento

El gobierno nacional prepara un aumento salarial para funcionarios en 2026, que la Casa Rosada discute desde escalas y fechas hasta el impacto en la opinión pública; integrantes del gabinete presionan por una vigencia desde el 1 de enero mientras la mesa chica propone un plazo más amplio.

De acuerdo a lo informado este domingo en portales nacionales, el Ejecutivo trabaja en las escalas y en cómo comunicar la medida para minimizar el costo político y no solaparla con el tratamiento del Presupuesto y la reforma laboral en el Congreso, que se discuten durante las sesiones extraordinarias.

El llamado a sesiones extraordinarias se realizó del 10 al 30 de diciembre y está previsto que se amplíe desde el 15 de enero hasta fines de febrero. En el entorno del presidente Javier Milei reconocen que “Lo vamos a tener que hacer, pero de forma ordenada”.

Condiciones, proyecciones y antecedentes

La propuesta que evalúan en la Casa Rosada apunta a un incremento progresivo y condicionado a “un incremento de la actividad que lo respalde”, según los lineamientos internos.

Las proyecciones del Ministerio de Economía contemplan una expansión anual del PIB del 5% para 2026, 2027 y 2028, dato que el Gobierno usa como referencia para justificar la sostenibilidad de una suba.

El antecedente reciente obliga a cautela: la última vez que el oficialismo avanzó con un aumento salarial terminó con el desplazamiento del exsecretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y la derogación de la medida.

La firma de la medida estaría ahora en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tiene bajo su órbita a la subsecretaría de Modernización del Empleo Público, presidida por María Rosana Reggi.

La decisión final corresponde al presidente Javier Milei y su articulación depende, conforme al esquema interno, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del jefe de gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según los números que difunde el Ejecutivo, la escala actual de haberes ubica al presidente con un sueldo bruto de más de $4.000.000; a la vicepresidenta, alrededor de $3.700.000; a los ministros, $3.580.000; a los secretarios, $3.200.000; y a los subsecretarios, cerca de $2.900.000; en tanto los diputados cobran $7.000.000 y los senadores $9.500.000.

Una queja reiterada en el gabinete es que la disposición salarial dificulta el armado de equipos técnicos por la brecha con el sector privado, argumento que impulsa la iniciativa pese a que se elevó anteriormente y fue rechazada antes de las elecciones.

Ajuste de las cuentas públicas

El Ejecutivo insiste en que también profundizará a la par el ajuste en el Estado durante 2026 para sustentarlo; según datos oficiales, ya redujo durante los primeros veinte meses de gestión más de 53.000 puestos de trabajo —equivalente al 10% del personal— y, según la proyección de Desregulación, esa etapa generó un ahorro anual de US$2.106 millones.

Fuentes oficiales consultadas por la Casa Rosada sostienen que la suba será considerada en función de los indicadores macroeconómicos y del calendario legislativo, y que se buscará una implementación ordenada que evite choques políticos y fiscales.