Autopista: se publicó el llamado a licitación para la nueva concesión

El Litoral

Ivana Fux - ifux@ellitoral.com

El gobierno provincial publicó hoy en los diarios el llamado a licitación pública nacional e internacional para definir el nuevo concesionario de la autopista Santa Fe-Rosario. Se concesionará por peaje “el mantenimiento, la administración, el gerenciamiento y la explotación” del corredor. La apertura de sobres está prevista para el próximo 20 de marzo a las 10 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y según dijo a El Litoral el ministro de Infraestructura, José Garibay, esperan adjudicar “a mediados de abril”.

El pliego de bases y condiciones prevé un período de concesión que reduce exactamente a la mitad los plazos contemplados en los contratos anteriores. En este caso, se habla de una administración “por cinco años”, cuando los anteriores preveían diez.

Controversia

El llamado a licitación se publica cuando no ha cesado aún la controversia por la finalización -para muchos, escandalosa- de la anterior concesión. Como se sabe, ante el incumplimiento de Arssa de repavimentar la traza completa de la autopista que era condición sine qua non de la contratación, la gestión de Miguel Lifschitz decidió terminar el vínculo de manera anticipada. Negoció, entonces, una “rescisión consensuada” con la empresa a partir de la cual el consorcio se retirará cinco años antes de lo debido. Arssa no pagará multas, mantendrá los reclamos administrativos a la provincia pendientes de resolución, y las empresas integrantes de la UTE podrán participar de la licitación que hoy se publica. De hecho, tres de ellas ya se presentaron a la que el gobierno realizó hace dos semanas, para repavimentar el primer tramo del corredor (ver La clave). Ésa es la otra decisión que genera polémica; la provincia se hará cargo de la obra para dejar la traza a nueva, pero volverá a dejar en manos de privados la administración y explotación del corredor. “Hoy no hay un mercado de capitales a largo plazo y el modelo para recuperar la inversión en plazos superiores a los diez años ha fracasado; esto quedó demostrado en licitaciones anteriores”, dijo oportunamente Garibay para justificar la decisión.

Nuevo pliego

Respecto del nuevo pliego, el ministro dijo hoy a El Litoral que se le exigirán al futuro concesionario “inversiones en materia de sistemas de información al usuario y sistemas de gestión (sistema de tránsito inteligente y sistema de automatización de cobro de peaje), mantenimiento del corredor, servicios de seguridad y trabajos menores sobre la calzada”.

Ratificó que “todo lo que sea inversión en repavimentación lo hará la provincia con presupuesto (propio) o con el saldo resultante entre lo que se resuelva como tarifa y el costo del servicio. Sí está incluido y el oferente deberá cotizar trabajos de reparación, como bacheos, que serán contratados por unidad de medida”. Para Garibay, esta modalidad permitirá “bajar el nivel de incertidumbre del concesionario en una autopista compleja, respecto de lo que tiene que hacer sobre la estructura de la carpeta”, explicó.

El pliego prevé nueve módulos de mantenimiento de estructura vial con los que el concesionario deberá cumplir, según una serie de especificidades establecidas de manera detallada (sellado de fisuras, fresado, reciclado con cemento, bacheo superficial, bacheo profundo, señalización horizontal, etc.).

Tarifa

Las empresas interesadas en el proceso deberán ofertar el costo por vehículo pasante, que seguirá siendo un componente más de la tarifa. “Eso es lo que en realidad se evalúa al momento de la licitación y no hay piso o monto propuesto de manera oficial -precisó Garibay. La tarifa -aclaró- es una decisión política, y obviamente tendrá que cubrir el costo (del servicio) y contemplar la creación de un fondo que se destinará a la financiación de obras en el corredor”.

Al momento de calificar, la provincia evaluará la oferta que cada empresa presentó sobre el precio por vehículo pasante, además de sus antecedentes, plan de inversión, situación patrimonial, entre otros ítems.

El pliego no prevé el cobro de un canon, pero sí incorpora una cláusula que exige al futuro concesionario respetar la fuente laboral de los 257 trabajadores que hoy se desempeñan en Arssa, con sus respectivas categorías y antigüedad. “Hay allí una carga importante”, concluyó Garibay.