Bonadio acusará a Cristina de dirigir una asociación ilícita

Redacción de El Litoral

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Clarín/La Nación

El juez federal Claudio Bonadio ultimaba horas pasadas los detalles de una medida trascendental para la investigación que se inició en los cuadernos revelados por el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, con los detalles de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Según publica Clarín, tras ocho meses de investigación y con medio centenar de imputados -entre ex funcionarios y empresarios-, trascendió que Bonadio pediría la semana próxima el desafuero y la detención de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusaría de dirigir una asociación ilícita para cobrar sobornos a contratistas del Estado.

El mismo juez ya solicitó en diciembre pasado las mismas medidas contra la ex mandataria, en la causa por el encubrimiento del atentado en la Amia.

Días atrás, el juez publicó un informe en la página oficial del Centro de Información Judicial (CIJ) donde habló de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.

La organización

En la investigación, Bonadio asegura que la organización delictiva buscaba “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional”.

Los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández serían, según Bonadio, los “verdaderos beneficiarios” de las maniobras.

Con las pruebas recabadas y los documentos ya listos, no se descarta que en las primeras horas del lunes el juez avance con la medida contra la ex mandataria.

Para llegar a esa decisión, habría resultado clave el testimonio del ex secretario de Obras Públicas, José López. Fuentes con conocimiento de la causa citadas por el diario La Nación indican que en su confesión dijo que al morir Néstor Kirchner, ella lo citó para avisarle que desde ese momento asumía el control de las operaciones que hasta entonces había gestionado su esposo.

En el fallo de Bonadio se señalaría también al ex ministro Julio De Vido y a su mano derecha, Roberto Baratta, como los organizadores de la asociación ilícita, indicaron fuentes judiciales.

Cómo quedan los empresarios

Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos grupos. En uno estarán los que integraban el mecanismo recaudador, como el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, que serían considerados miembros de la asociación ilícita junto con los ex funcionarios.

Otro grupo de empresarios que confesó haber pagado sobornos quedarían acusados de partícipes de cohecho, un delito menos grave (aunque más severo que el de aportantes de dádivas, que es el que imaginan sus defensores). Sin embargo, no está descartado que el juez finalmente los sume a la organización criminal.

Los empresarios que confesaron haber hecho pagos ilegales son Juan Chediak, Wagner, el primo del presidente Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (ambos por Iecsa, la empresa que fundó Franco Macri), Gabriel Romero (Hidrovía), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Héctor Zavaleta (ex-Techint), Juan Carlos de Goycoechea, Armando Lozon, Claudio Glazman y Alberto Taselli.

Todos están libres, excepto Sergio Taselli, hermano de Alberto, que quedó preso al igual que Carlos Mundin, de BTU; Néstor Otero, de la Terminal de Retiro; Raúl Vertúa; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Juan Carlos Lascurain, ex vicepresidente de la UIA. Todos los detenidos no integran la lista de arrepentidos y seguramente serán procesados con prisión preventiva. Está prófugo aún Oscar Thomas, de Yacyretá.

La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con seis años como máximo. Pero los mínimos son mucho más bajos y en todo caso, si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos pueden tener una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos.

Desafuero

Si De Vido o Baratta están presos como integrantes de la asociación ilícita, para procesar a la jefa Cristina Kirchner y dictarle prisión preventiva, Bonadio debería pedir nuevamente al Senado su desafuero. Esta medida ya la solicitó el mismo juez en otro caso, el de la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento en la causa Amia.

Distinto es el rol de los ex funcionarios confesos, como José López o Claudio Uberti, que serían considerados integrantes de la asociación, pero a la hora del juicio se considerarían sus aportes.

Los aportes de López fueron determinantes para construir el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita. El ex funcionario confesó que muerto Néstor Kirchner, la ex presidente lo citó y le mostró otros cuadernos, no los de esta causa , sino los que escribía su marido fallecido. Allí estaban registrados los negocios sobre los que hablaron los arrepentidos.

López le explicó las anotaciones, los porcentajes y el rol de cada uno. Cuando Cristina le preguntó por los demás funcionarios, López le dijo que lo desconocía, que las líneas de recaudación eran independientes. Allí la ex presidente le dio indicaciones sobre cómo continuar con el mecanismo de recaudación. De algún modo, López la puso como “heredera” de la jefatura de la asociación ilícita.

López además dijo que el dinero de los bolsos que revoleó en el convento de General Rodríguez provenían de este mecanismo de recaudación y que se los dieron para que los escondiera. Allí involucró nuevamente a la ex presidente.

El relato de Clarens

El otro relato importante es el de Clarens. El financista colocó a Cristina Kirchner como destinataria del dinero y la puso en un rol de manejo de esos fondos. Habló de cómo se repartían las obras públicas entre los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, dejando un porcentaje del anticipo financiero como coima, lo que coincide con la declaración de Wagner. Y contó que como recaudador llevaba la plata al departamento de Cristina Kirchner en Uruguay y Juncal, en Recoleta, donde la recibía Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner.

Capítulo aparte es el destino del dinero de esta organización. Clarens dijo que supone que estaban enterrados en el sur y que Muñoz le dijo que la plata iba en aviones oficiales directo a una bóveda metálica de la casa de los Kirchner en El Calafate.

Bonadio allanó esa casa y encontró lo que considera que es una bóveda. La describió así en una de sus últimas resoluciones: “Un ambiente de reducidas dimensiones, con losa de hormigón y paredes metálicas, utilizado como bóveda, ubicado en el espacio lindante a la escalera que comunica al subsuelo con la cocina del inmueble”.

Tras pasar por allí Clarens especuló con que podría haber dinero enterrado en el sur. Y recordó que en un momento Lázaro Báez le preguntó en qué invertir y él le aconsejó que comprara activos, como propiedades o negocios.

Esta cita alimenta una de las ideas del juez: que el dinero de la corrupción es parte del que usó Lázaro Báez para construir su imperio.

Un nuevo procesamiento para Lázaro Báez y Cristóbal López

El juez Sebastián Ramos procesó por lavado de dinero a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a Fabián De Sousa -entre otros acusados-, en una causa en la que se investigó una operación de compraventa de un enorme terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia. La última documentación secuestrada por el magistrado corroboró los montos involucrados, las superficies de los lotes y una serie de irregularidades que rodean las maniobras millonarias. Se les trabó un embargo de $ 30 millones a cada uno considerando que la maniobra de blanqueo rondó los $ 3 millones y se aplicó la multa mayor: diez veces el dinero involucrado.

Los dueños del Grupo Austral y del Grupo Indalo fueron investigados conjuntamente por “sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia”. Se trata de unos 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que las firmas Servicio Integral Alem (de Báez) e Inversora M&S (de López) comercializaron entre ellos en lo que para la Justicia es una “clara maniobra de lavado”.

En sus comienzos la causa se centró en la propiedad, que costó a Báez 800.000 pesos y que al dueño del Grupo Indalo se le vendió por un millón de dólares. Pero el objeto de la investigación se amplió, complicando a ambos empresarios K con el ingreso de documentación clave al juzgado: “un expediente que muestra que la maniobra fue aún por más dinero”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

En Comodoro Rivadavia -de donde es oriundo López- se realizaron sucesivas compraventas “en escasos meses de diferencia, con sobrevaloración exorbitante de un inmueble”, había denunciado la ex diputada Margarita Stolbizer y confirmó el juez Ramos con el avance de la instrucción.

“Se mejicaneaban entre ellos”

La diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, aseguró este jueves que el dinero de la corrupción kirchnerista buscado en estancias de Lázaro Báez fue “movido en 2015”, pocos días antes de la detención del empresario. Y reveló que parte del dinero en negro que estaba en poder de personas de confianza de la familia Kirchner terminó robado entre ellos mismos.

“En Santa Cruz había distintos lugares donde se guardaba el dinero físico”, sostuvo. Y dijo que de esas maniobras participaban Roberto Sosa, ex secretario de Néstor Kirchner y actual secretario de Cristina; Raúl Copetti, histórico recaudador K en la provincia, y Daniel Alvarez, ex chofer de la ex presidente.

Según Zuvic, curiosamente, los tres “en simultáneo sufrieron robos de grupos comando”. “Se mejicanearon entre ellos”, aseguró, remarcando que al tratarse de plata en negro el hecho no podía ser denunciado.

La dirigente santacruceña sostuvo que la información del dinero de la corrupción kirchnerista “está desde el momento que con Jorge Lanata descubrimos las bóvedas” de Lázaro Báez.

Zuvic detalló que luego de que trascendieran las imágenes de las bóvedas, Lázaro y su hijo Martín “fueron a la estancia, las desarmaron y quemaron la documentación en el obrador de Austral Construcciones en la ruta 3”.

Al referirse a las demoras en los allanamientos que permitieron la remoción del dinero, la diputada de Parlasur apuntó al juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa conocida como “la ruta del dinero K”.