Conflicto de poderes por quién puede investigar a fiscales

A través de la Fiscalía de Estado, la provincia presentará ante la Cámara Laboral de Rosario un recurso de inconstitucionalidad de la resolución que dicho órgano emitió objetando la ley que le permite a la Legislatura investigar y sancionar a fiscales. La Cámara puede habilitar o no el pase del expediente a la Corte; en caso de no hacerlo, la provincia podría introducir un recurso de queja ante el máximo tribunal. Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron que eso es lo que, en términos técnicos y administrativos, hará la provincia en las próximas horas.

Como se sabe, este fin de semana se conoció un fallo de los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, que declara inconstitucional la ley provincial 13.807. Dicha norma es la que le concede facultades a la Legislatura para investigar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. El planteo judicial había sido promovido por el fiscal Adrián Spelta por considerar que con esas potestades, el Legislativo incurre en una intromisión de poderes. Spelta es, precisamente, uno de los fiscales investigados por la Comisión de Acuerdo que la semana pasada y por unanimidad, emitió un dictamen proponiendo suspenderlo por noventa días en el ejercicio de sus funciones, por mal desempeño. Se le imputa haber acordado indebidamente la prisión preventiva a Ema "Pimpi" Sandoval, acusado de haber baleado la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, y de un triple homicidio calificado.

En la faz política

También en el ámbito del Poder Ejecutivo se prevén una serie de reuniones para las próximas horas con legisladores tanto del oficialismo como de la oposición para determinar los pasos a seguir en términos políticos. Es que precisamente para este jueves había sido citada la sesión conjunta de cámaras para aprobar el dictamen de la comisión de Acuerdo sobre Spelta.

Según pudo saber El Litoral, no es intención de la Casa Gris sumar más incertidumbre a un escenario que ya se plantea como demasiado "desestabilizado". Sin embargo, no descartan evaluar a futuro algunos cambios a la legislación vigente en tal sentido. Eso fue lo que, en definitiva, habían plateado varios funcionarios del Ministerio de Gobierno cuando estallaron los casos de los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad . Hoy por hoy, la premisa es "defender la legalidad actual", sostuvieron algunas fuentes oficiales consultadas por este diario. Ello, a la luz de que son numerosos los procesos iniciados - algunos con sanciones ya establecidas - , cuya legitimidad estaría en duda. Esto es así puesto que si bien la sentencia de las últimas horas rige sólo para el caso Spelta, sentaría un precedente para que el resto de los fiscales investigados presenten recursos similares.

Entonces, Casa Gris sostendría en el corto plazo el sistema para defender esa "legalidad" que se plantea, pero no se descarta que en el futuro, el propósito no sea el de avanzar hacia reformas más profundas que permitan llegar a una nueva ley de enjuiciamiento de fiscales.

La resolución