El Gobierno convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero para tratar una agenda clave

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni.

La decisión se apoya en las facultades que otorgan los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar al Parlamento fuera del período ordinario y a fijar los temas que serán tratados durante ese lapso.

Qué establece el decreto

El decreto consta de tres artículos centrales. En el primero, se convoca formalmente al Honorable Congreso de la Nación a sesionar en carácter extraordinario desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026.

En el segundo, se aclara que los asuntos incluidos en la convocatoria estarán detallados en un anexo que forma parte integrante de la norma, mientras que el tercero ordena su comunicación y publicación oficial.

De esta manera, el Ejecutivo delimita el marco temporal y temático del debate legislativo, ya que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los proyectos y asuntos expresamente incluidos en la convocatoria presidencial.

Si bien al momento de la publicación del decreto no se difundió el contenido completo del anexo, desde el oficialismo anticiparon que se tratará de una agenda “prioritaria” para la gestión, vinculada a reformas estructurales y a iniciativas consideradas estratégicas para el rumbo económico e institucional del país.

El contexto político del llamado al Congreso

La convocatoria a sesiones extraordinarias se da en un escenario político atravesado por tensiones entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición, en un año en el que el Gobierno busca avanzar con reformas profundas en áreas sensibles del Estado.

Durante su primer año de gestión, la administración de Javier Milei impulsó una serie de medidas orientadas a la desregulación económica, la reducción del gasto público y la reorganización del rol del Estado.

Muchas de estas iniciativas encontraron resistencia en el Congreso, lo que derivó en negociaciones complejas y, en algunos casos, en la postergación de proyectos clave.

En ese marco, el llamado a extraordinarias aparece como una herramienta para intentar acelerar el tratamiento legislativo de determinadas iniciativas, concentrando el debate en un período acotado y con una agenda previamente definida.

Desde sectores opositores, en tanto, se remarcó la necesidad de conocer en detalle el temario para evaluar el alcance de la convocatoria y la viabilidad de los consensos necesarios para avanzar con las leyes que el Ejecutivo pretende impulsar.

Qué son las sesiones extraordinarias y cómo funcionan

Las sesiones extraordinarias son un mecanismo previsto por la Constitución Nacional que permite al Congreso sesionar fuera del período ordinario, que se extiende del 1 de marzo al 30 de noviembre.

A diferencia de las sesiones ordinarias, durante las extraordinarias el temario no es abierto, sino que queda limitado exclusivamente a los asuntos que el Poder Ejecutivo incluye en la convocatoria.

Esto implica que tanto la Cámara de Diputados como el Senado solo pueden debatir y votar los proyectos expresamente habilitados, sin posibilidad de incorporar nuevos temas por iniciativa propia.

El objetivo de este tipo de sesiones es atender cuestiones que el Gobierno considera urgentes o prioritarias, ya sea por razones políticas, económicas o institucionales. En la práctica, suelen utilizarse para destrabar proyectos que no lograron tratamiento previo o para avanzar con reformas que el Ejecutivo considera centrales para su gestión.

Expectativa por la agenda legislativa

Uno de los puntos clave en las próximas semanas será la publicación del anexo que acompaña al decreto, donde se detallarán los proyectos y temas que formarán parte de la convocatoria. Allí se concentrará la atención de legisladores, gobernadores y distintos sectores sociales, que analizarán el impacto de las iniciativas incluidas.

En experiencias anteriores, las sesiones extraordinarias han estado marcadas por debates intensos, negociaciones contrarreloj y, en algunos casos, extensas jornadas parlamentarias. No se descarta que este nuevo período tenga características similares, especialmente si la agenda incluye reformas de alto impacto político o económico.

Para el oficialismo, el desafío será reunir los consensos necesarios en un Congreso fragmentado, donde no cuenta con mayorías propias y depende de acuerdos con bloques dialoguistas. Para la oposición, en tanto, el foco estará puesto en analizar cada proyecto y fijar posición frente a las propuestas del Ejecutivo.