Jefes policiales y penitenciarios juraron el nuevo texto constitucional

Marcando que en Santa Fe, la Constitución determina que "la seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable e irrenunciable de la Provincia dirigido a mantener el orden público democrático, las instituciones y la seguridad de personas y bienes, que procure el pleno disfrute y ejercicio de derechos y libertades", el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, juró la nueva Carta Magna santafesina.

Lo hizo en el salón Auditorio de la cartera -viejo microcine de Policía- ante el juramento que le tomaron los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Asuntos Penitenciaros, Lucía Masneri. Ambos tuvieron roles claves en la reciente Convención Reformadora. El primero como secretario Parlamentario y la segunda como convención del bloque Unidos.

En el acto, también juraron la Constitución todos los funcionarios políticos de la cartera así los jefes de Policía y del Servicio Penitenciario que depende del ministerio y luego lo hizo la plana mayor de ambos institutos.

"Estamos cumpliendo y haciendo extensiva la cláusula segunda de la Constitución que ordena que las principales autoridades del Estado deben jurar respeto y cumplimiento al nuevo texto constitucional, pero también plasmar un momento simbólico: juran junto con los funcionarios políticos del Ministerio de Justicia y Seguridad los principales referentes, las cabezas de ambas fuerzas de seguridad, de Policía y del Servicio Penitenciario", señaló el ministro ante El Litoral.

Enseguida, Cococcioni resaltó lo simbólico de la jura. "Porque es la primera vez que la Constitución establece como un principio básico la seguridad, la seguridad ciudadana, las facultades de la policía, la lucha contra el delito, el régimen de detenidos de alto perfil" y lo contrapone a que hasta hace un mes "en muchísimas cuestiones había que hacer todo un procedimiento deductivo para encuadrar lo que son las políticas criminales y de seguridad".

El ministro afirma que la Constitución vigente "pensó la seguridad no solamente como algo negativo para ponerle límite a la política criminal en garantía de la persona que es sujeta de un proceso, de una investigación, sino también por la positiva para dar herramientas a una política criminal. De hecho, es la primera Constitución que dice política criminal. El texto dice que el Ejecutivo diseña la política criminal en coordinación con los otros estamentos del Estado, con lo cual hay una política de Estado cuyo fin último es brindar seguridad y que la gente viva más tranquila".

Resalta que lo que hoy parece una obviedad, normalmente los textos constitucionales lo daban por sentado, no lo señalaban y es muy importante que no solo el ministerio, sino las fuerzas estén alineadas con los principios que inspiran esta Constitución.

En cuanto a las restantes constituciones, generalmente hablan de la seguridad de la persona frente al Estado. Recuerda que el decreto de seguridad individual de 1811 establecía las garantías procesales. "Era la seguridad contra el empleo arbitrario de la fuerza , es decir, un límite a la política criminal. Ahora, que el Estado tenga que darte seguridad como protección frente al delito. Esto es un concepto en el constitucionalismo absolutamente novedoso. Que esto vaya atado a una obligación del Estado y puntualmente a una facultad del Poder Ejecutivo de diseñar un plan de política criminal, es algo que en las constituciones, incluso en las más modernas, no no se advierte".

Resaltando la participación en el debate constitucional de autoridades de la cartera, Cococcioni señaló que el texto constitucional hace mención específica de la policía y de las fuerzas de seguridad, establece reglas claras para el tratamiento penitenciario que se alejen de la idea unidireccional de resocialización que reinaba en los instrumentos del siglo XX y de alguna manera reflejen lo que estamos tratando de llevar adelante ahora y fortalezcan la lucha contra el delito.

El funcionario entiende que el desafío por delante es más constitucional que político. "Hasta hace un mes, el que llegaba al ministerio podía venir con un plan de reabrir comisarias, poner destacamentos, cambiar el color del uniforme. Ahora, hay directrices que son política de Estado. La planificación se realiza en base al análisis criminal, basada en datos también, hay indicadores de la Constitución sobre esto. Lo que no queda librado al azar o al devenir de cada gobierno es que sea o no una preocupación en la seguridad. Cada gobierno tiene ahora el peso de que tiene que darle respuestas a la gente en esa materia", especifica.

Artículo 30

Uno de los artículos claves en relación a seguridad pública es el 30 del nuevo texto constitucional.

Dicho artículo reza que "toda persona tiene derecho a vivir en un entorno físico y digital seguro, libre de violencias y amenazas.

La seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable e irrenunciable de la Provincia dirigido a mantener el orden público democrático, las instituciones y la seguridad de personas y bienes, que procure el pleno disfrute y ejercicio de derechos y libertades.

La Provincia promueve políticas públicas integrales, multidisciplinarias e inclusivas para la protección de la vida, la integridad personal, la libertad, los bienes, la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Se fundan en la planificación estratégica, la producción y análisis de información, la evaluación de resultados, la articulación con la Nación y los gobiernos locales y la participación de la comunidad.

Las fuerzas de seguridad y demás órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana son instituciones esenciales de la sociedad y son responsables del mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación ante emergencias.

La Provincia garantiza la capacitación continua y la profesionalización de quienes integran las fuerzas de seguridad y promueve políticas de integridad, transparencia y rendición de cuentas en su funcionamiento.

La Provincia ejerce el monopolio de la fuerza, la que es siempre excepcional y conforme al ordenamiento jurídico, normas constitucionales y convencionales.