Corte Suprema impar pero con diferencias en el número: no hubo dictamen en comisiones de Diputados

La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda no dictaminó sobre el proyecto para ampliar a siete el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia pero el oficialismo de Unidos -con mayoría de integrantes- hizo saber que la semana próxima habrá dictamen y será votado el jueves en la sesión Ordinaria.

Los tres proyectos acumulados en las dos comisiones llevan el número de integrantes de cinco a siete más el procurador general. La autoría le pertenece a Ariel Bermúdez (Creo), a Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) y a Joaquín Blanco y todo el bloque socialista.

La reunión conjunta de ayer no avanzó demasiado y fue evidente el faltazo de los miembros justicialistas de ambas comisiones. Otro justicialista, Miguel Rabbia (Construyendo Futuro) ingresó otra iniciativa para reducir a cinco el número de integrantes. ""Estamos de acuerdo en que los miembros deben ser impares, pero creemos justo achicar el número y no ampliarlo. No podemos ampliar la Corte sólo para tener los jueces que quiere el gobernador" señaló Rabbia. Pero también en el plenario de comisiones el bloque Somos Vida que conduce Amalia Granata, a través de Alicia Azanza, hizo saber que apoya una Corte de cinco y no de siete miembros.

Unidos había saldado internamente el tema en reunión anterior y el presidente de Asuntos Constitucionales, Pablo Farías, ayer le pidió a los bloques opositores que hagan llegar sugerencias para ser consideradas en el dictamen de mayoría que votarían el jueves próximo. La reunión de las dos comisiones no contó con la presencia de Palo Oliver por un problema de salud pero sí estuvieron dos de sus asesores.

El primer proyecto con estado parlamentario lo ingresó en julio de este año Bermúdez (Creo - Unidos) y apunta únicamente a modificar el artículo 11 de la Ley 10.160 que determina el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia y lo fija en seis. La Constitución de la provincia manda una Corte de al menos cinco integrantes y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo estableció en seis. En otro artículo faculta al Gobernador a proponer el nombramiento de un ministro con arreglo al procedimiento establecido por el decreto N° 0018/2007 dictado por Hermes Binner. El tercer punto establece que la composición de la Corte Suprema de Justicia establecida en el proyecto "no podrá ser alterada sino es por medio de una convención provincial constituyente".

El 20 de agosto, Palo Oliver ingresa el proyecto para siete miembros y el procurador agregando el tema de la paridad de género. Más adelante establece el sistema de audiencias públicas antes de la designación de un ministro y establece en 75 años la edad máxima para ocupar el cargo en la Corte.

Finalmente, el 17 de octubre encabezado en la firma por Joaquín Blanco los catorce integrantes de la bancada socialista ingresaron un proyecto más integral de reforma que contempla no solo el número sino otros aspectos del funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial. La propuesta apunta a modificar siete artículos. El primero lleva la Corte a siete miembros y el procurador general, cumpliendo el principio de paridad de género y reflejando las diversas especialidades del derecho y procedencia regional. Dispone además que los ministros cesan automáticamente en sus funciones el día en que alcanzan los 75 años de edad. A partir de allí podrán renovar por cinco años pero siguiendo el trámite de nombramiento de un nuevo titular. En otro artículo dispone que en materia jurisdiccional, la Corte forma quórum con la presencia de cinco integrantes. Para la emisión de un pronunciamiento válido, se requiere siempre un número de votos concordantes que representen la mayoría de los 7 ministros que la integran. En materia de Gobierno, la Corte forma quórum también con la presencia de cinco de sus integrantes, pero las resoluciones podrán ser adoptadas por mayoría simple.

El artículo siguiente propone que los casos de interés y con el voto de cuatro integrantes, la Corte puede convocar a audiencias públicas "para profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público".

Otro artículo de la propuesta socialista habilita a la Corte a proponer al Poder Ejecutivo "previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial y la remoción de ellos. Proponer también al Poder Ejecutivo el nombramiento de personal de gabinete para cumplir tareas específicas de asistencia a cada ministro, como su respectiva remoción. Dicho personal no integra ninguno de los escalafones, ni queda incorporado a la carrera judicial, sin embargo se encuentra alcanzado por las mismas inhabilidades, incompatibilidades, deberes y régimen disciplinario establecidos para los integrantes del Poder Judicial y tiene la jerarquía y remuneración correspondientes a los cargos a los que a tales fines se encuentren equiparados, de conformidad con la reglamentación que en torno al mismo dicte la Corte Suprema de Justicia."