La Corte Suprema, entre fallos históricos, la polémica por su integración y un rol determinante para las reformas en curso

El año 2025 encontró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el centro de múltiples titulares por decisiones judiciales de alto impacto, esporádicas declaraciones de sus ministros (ineludiblemente medidas y sopesadas con avidez y aprensión), y una fuerte controversia por designaciones sin acuerdo legislativo.

También, un descubrimiento inesperado de material relacionado con el nazismo en los archivos del tribunal. El hallazgo, considerado de trascendencia histórica y global, se suma a una agenda institucional cargada de debates sobre transparencia, memoria histórica e independencia judicial.

La condena a Cristina

En un acto resonante (al que erróneamente se otorgó carácter “de fondo”, cuando en rigor fue la ratificación de lo actuado por órganos inferiores), la Corte dejó firme en junio la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, confirmando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La decisión, tomada por el pleno del tribunal, generó amplio debate político y social sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil. Y habilitó otros debates colaterales, vinculados a la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, televisado con las cámaras apuntando al balcón del departamento de la ex mandataria.

Libertad de expresión

En declaraciones a medios nacionales, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, subrayó la necesidad de preservar la independencia judicial y de proteger las garantías constitucionales, afirmando que el tribunal “defiende la libertad de expresión y las garantías individuales sin oponerse a los otros poderes del Estado”.

Estas aseveraciones cobraron particular relieve a partir de otro debate de fondo, que se generó a partir de la prohibición de la difusión de audios de Karina Milei, mediante una cautelar de alcance indeterminado.

En forma paralela a los firmes pronunciamientos de entidades periodísticas y del mundo del derecho en defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier intento de censura previa, se puso de resalto la profusa y contundente jurisprudencia del Máximo Tribunal. Finalmente, la cautelar fue levantada.

Ministros por decreto

La controversia institucional había tenido un pico en febrero, cuando el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte sin acuerdo parlamentario, una decisión inusual en contextos democráticos.

El Senado finalmente rechazó sus pliegos, y la polémica derivó en recursos judiciales y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida y el equilibrio de poderes.

A tal punto que Lijo nunca llegó a asumir (la propia Corte demoró ese paso, condicionándolo a su previa renuncia a la Justicia Federal, que no sucedió), pero García-Mansilla sí, y hasta participó de una reunión de Acuerdo y estampó su firma en decisorios del Tribunal. Tras el rechazo del Senado, se retiró discretamente.

En ese marco, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, sostuvo públicamente la necesidad de completar los integrantes del tribunal con criterios de diversidad de género y representación, al mismo tiempo que rechazó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera tratada como “presa política”, defendiendo el rol autónomo del Poder Judicial.

Lorenzetti, señalado como impulsor de la candidatura de Lijo, sostuvo durante el año una dura interna con los otros dos miembros de la Corte, que se arrastra desde hace varios años y quedó de manifiesto públicamente a fines de 2024, por cuestiones organizativas internas y en el marco de la salida de Juan Carlos Maqueda.

Aún así, el enfrentamiento no bloqueó la tarea jurisdiccional, obligada a la unanimidad de los tres jueces, para compensar los dos cargos vacantes y no necesitar acudir a conjueces.

Reformas y reclamos

En este contexto, la Corte siguió acogiendo y acumulando durante el período una serie de reclamos de distintas provincias contra el Estado nacional, fundamentalmente por cuestiones previsionales, distribución de recursos o recorte de fondos. Entre ellos, el que sostiene Santa Fe por el pago de la deuda previsional acumulada, y también la remisión periódica de fondos.

Pero además, tarde o temprano el Alto Tribunal deberá sentar criterio definitivo sobre las reformas que lleva adelante el gobierno nacional, y las que tiene en proceso, muchas de las cuales han sido objetadas e incluso ya tienen pronunciamientos en contra en sede judicial.

Esto aplica incluso al mismo DNU 70/2023, para lo cual (según confirmó el propio Rosatti en recientes declaraciones), están esperando que se complete el trámite constitucional en el parlamento. Otro tanto corre para la ley Bases y sus derivaciones.

Fuera de lo cual, Rosatti, además de insistir en la necesidad de cubrir las vacantes en el fuero federal y ratificar la independencia absoluta del Poder Judicial (“sólo miro la ley y la Constitución”), formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía.

También recordó el carácter “difuso” del control de constitucionalidad, por lo cual, por ejemplo, cualquier magistrado está facultado a expedirse sobre cuestiones como la reforma laboral; más allá de la posterior revisión por órganos superiores. Claro pronóstico de un 2026 de expedientes agitados.

Pasado y futuro

En tanto, en medio de la agenda institucional, la Corte Suprema fue escenario de un hecho insólito y de alto impacto histórico. En mayo de 2025, funcionarios judiciales que trasladaban documentación para la creación de un Museo Institucional del tribunal encontraron cajas con material vinculado al nazismo en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

Según informó la Corte, las cajas —que habían estado olvidadas desde 1941— contienen documentos de propaganda nazi, libretas con esvásticas, fotografías y pasaportes vinculados al régimen de Adolf Hitler.

Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en presencia de autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y representantes de la comunidad judía, subrayando la importancia de preservar y analizar el contenido para aportar información histórica sobre el Holocausto y las redes de propaganda en Sudamérica.

El material nazi encontrado, como los 40 años del juicio a las Juntas Militares que también fue recordado este año, no sólo remite a episodios complejos de la historia argentina y mundial, sino que también posiciona a la Corte en un rol activo en la preservación de la memoria histórica, abriendo nuevas preguntas sobre el pasado y su interpretación contemporánea.

Mientras tanto, las discusiones sobre el equilibrio de poderes y la composición del tribunal seguirán marcando la agenda pública y jurídica en los próximos meses.