Cuarto intermedio para la suspensión a Sain

Dos mociones del presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, dispusieron en un caso postergar el tratamiento de la suspensión del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, por presuntas faltas graves cometidas como ministro de Seguridad de Santa Fe, mientras retuvo ambos cargos. Y en el restante, facultar al presidente de la Comisión de Acuerdos Fabián Bastia a litigar como parte para oponerse a un fallo que le ordena al Poder Legislativo archivar el proceso contra Sain.

La moción que postergó el tratamiento del temario previsto (no es técnicamente un cuarto intermedio) fue aprobada por 11 a 5 en el Senado y por 34 a 9 en Diputados con 4 abstenciones.

Mientras que para designar al diputado radical Bastia para representar con su firma a la sesión conjunta el resultado fue de 13 a 5 en la Cámara alta y de 35 a 6 en Diputados.

Duelo

En la reunión que contó con la mayoría de los legisladores conectados de manera remota rodaron términos como "zafarrancho" o "bochorno" que se dedicaron unos a otros.

Mientras radicales y socialistas acusaron al gobernador de haber causado un conflicto de poderes al darle -decreto mediante- la orden al fiscal de Estado de "allanarse" a lo planteado por el ex funcionario en un pedido de amparo, una parte de los justicialistas sostuvieron que en cambio, se había caído en la desobediencia de un fallo judicial (una jueza laboral de Rosario) que ordenó además de no avanzar con el proceso su archivo, es decir, su cierre.

Todos los oradores admitieron que otra vez Santa Fe está ante un conflicto de poderes, aunque encontraron razones y causas muy diferentes para explicarlo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías (PS), y el de la Comisión de Acuerdos, Fabián Bastia (UCR), así como el miembro acusador para el caso Sain, Lisandro Enrico (UCR) y el ex titular de esa comisión Joaquín Gramajo (PJ-Nes) fueron las espada más filosas de la oposición, en un duelo en el que no hubo contemplaciones para infligir heridas al oponente. En tanto, los florines de Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad), Leandro Busatto (PJ), Matilde Bruera (PJ) y Marcelo Lewandowski (PJ-Lealtad) también se blandieron para sostener la posición del oficialismo con igual ferocidad y elegancia.

Aquella primicia

No hubo chicanas, ni golpes bajos, sino argumentos de fondo sobre un proceso que deviene de una situación advertida por El Litoral (en febrero de 2020) al develar que Sain era al mismo tiempo que flamante ministro de Seguridad un integrante más del MPA, sólo que en uso de licencia. Así, con un pie en cada poder.

También el conflicto gira en torno a una de las mal llamadas leyes "antiSain".

Para el oficialismo, escapa a todo el derecho la pretensión de que una norma posterior pueda ser aplicada al caso en materia de incompatibilidades. Para la oposición, en cambio, como Sain nunca dejó su cargo en el MPA cabe que se lo investigue también por su actuación como ministro.

Aquella ley fue vetada por el gobernador Perotti y fracasó en su intento por derogarla. (Tuvo éxito con la norma que creaba regulaciones y mecanismos de transparencia sobre gastos reservados, y ya no existe).

Busatto luchó con una mala conexión de internet y pudo decir lo suyo. Tanto para marcar definiciones políticas como para sostener que la mayoría, aún con un cuarto intermedio o la figura que finalmente se votó, hizo a la Legislatura incumplir el fallo que ordena "archivar" el expediente contra Sain.

Relevancia

En un momento de la sesión, también desde el oficialismo, Marcos Castelló (PJ-Lealtad) se preguntó si lo mismo hubiera pasado en la Legislatura ante un fallo de este tipo si no se tratara de Sain y en la misma intervención pidió a sus pares tratar temas "que para el vecino que nos puso en estas bancas tienen mucha más relevancia", expresó.

Carlos del Frade (FSyP) dijo que es "una persecución" el proceso contra Sain porque "se animó a decir algunas cuestiones que la política corporativa quería silenciar", disparó.

Se lo retrucó Joaquín Gramajo quien explicó que la Comisión de Acuerdos no ha actuado de motu proprio sino porque hay una acusación y una seria investigación en contra de Sain, elevada por el fiscal general de Reconquista, Rubén Martínez, que fue ordenada por la conducción del MPA. Y recordó que no son menores las acusaciones contra el director-ex ministro, entre ellas, "escuchas ilegales", además de sospechas sobre una licitación de armas cuyo pliego la justicia santafesina ordenó corregir.

Dos diputados del PJ con la oposición

El justicialista Luis Rubeo votó al igual que los diputados de la oposición. Ya había pedido a Sain su renuncia. En cambio, llamó la atención el mismo voto por parte de la diputada también justicialista Paola Bravo, de La Cámpora y cercana al diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri.

El Legislativo va a Tribunales

El argumento central de quienes entienden que es el Ejecutivo quien daña el equilibrio de poderes ponen el acento en la existencia de un decreto del gobernador, del martes 29 de junio, con la indicación al fiscal de Estado de aceptar el planteo en la justicia de Sain, ante un juzgado laboral por inconstitucionalidad, de que se "allane" a ese pedido.

Matilde Bruera advirtió que "el Estado es uno" ante la justicia y que no puede acudir a ella una de sus partes, mientras que a contrapelo Bastia aseguró que la vía judicial es el camino para superar un "conflicto de poderes". Y que así ocurrió esta semana con el fallo de la Corte que ratificó la potestad de los legisladores de sancionar ante faltas graves a fiscales y defensores.

El radical recurrió a la expresión "El Estado soy yo" a propósito de la decisión del gobernador de ordenar que el fiscal de Estado ni siquiera "consulte a la Legislatura, ni haya actuado como en otros casos" de fiscales que buscaron la vía judicial para no ser alcanzados por el control directo de las mayorías calificadas de ambas Cámaras, en sesión conjunta.

Recordó que "el fiscal de Estado no es el abogado del gobernador" y Busatto advirtió que el titular del Poder Ejecutivo había actuado "como jefe de la Administración Pública" en defensa de los santafesinos por un eventual juicio contra el Estado.

Para quienes nunca fueron partidarios de iniciar un proceso contra Sain lo que ocurrió esta tarde en la Legislatura fue que simplemente se desobedece un fallo judicial y que para el ciudadano común está claro que esa posibilidad no existe.

Claro que para ese destinatario de los derechos y las garantías existe la posibilidad de apelar... Y en cambio, según el razonamiento del oficialismo, para la Legislatura no. El motivo es que es justamente el fiscal de Estado quien debería representarla ante justicia, es decir, lo que ya ocurrió.