Diputados escuchó objeciones a sancionar a los cuidacoches de Santa Fe

En la previa al tratamiento de un proyecto para sancionar la actividad de los cuidacoches o trapitos, tres comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en reunión conjunta, escucharon a integrantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Santa Fe y de Rosario y a dirigentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.

Además del intercambio de apreciaciones que los religiosos y laicos en primer término, y luego dirigentes de derechos humanos, tuvieron con los legisladores, ambos colectivos dejaron documentada sus posturas. Con diferencias, ambos sectores plantearon cuestionamientos a la sanción de la actividad en calle de personas sin trabajo fijo y en situación de pobreza.

Es más, dirigentes del Foro hicieron notar que si no hay acto lesivo no puede haber sanción pero también hicieron notar los alcances del artículo 19 de la Constitución Nacional. "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", marca.

Afirma el Foro que el proyecto de ley que tiene a estudio Diputados "se ensaña con prácticas discriminatorias y estigmatizantes sobre personas que se encuentran fuertemente vulnerabilizadas cuando el Estado se encuentra en deuda sobre políticas prioritarias para actuar contra los determinantes estructurales de su empobrecimiento".

Acota que "mediante disposiciones prohibitivas, expulsivas y sancionatorias se violentan reglas constitucionales básicas sobre los fines y alcances de la acción estatal punitiva, a la vez, que se conculcan los principios de igualdad y no discriminación. Se criminaliza una actividad de subsistencia y se consideran prohibidos actos voluntarios de ciudadanos libres para imponer sanciones irrazonables y desproporcionadas".

Mencionando documentos sobre el tema que se aportan desde Naciones Unidas "este tipo de normativa violenta los derechos humanos de las personas más desfavorecidas de las ciudades. El respeto del bloque constitucional del derecho argentino exige rechazar este tipo de iniciativas legislativas y también comprometerse con el desarrollo de políticas a favor de su derecho a trabajar como parte de sus derechos fundamentales notoriamente desatendidos".

"Asumimos la responsabilidad de aportar elementos que ayuden al descernimiento conjunto sobre los acontecimientos que afectan a nuestros conciudadanos", marcó la Pastoral Social en un documento.

Dicen creen coincidir con honestidad intelectual, en seis verdades esenciales con los legisladores. A saber "que atravesamos una situación socioeconómica sumamente compleja, que golpea con dureza las bases de nuestra sociedad". Agrega que "frente a esa crudeza, muchos cuidacoches encuentran en esta actividad un medio precario, pero indispensable, para sostenerse mínimamente día tras día".

Marca que "la meta final de cualquier propuesta que pretenda ser verdaderamente sostenible en el tiempo no debe ser perpetuar crónicamente la figura del trapito, sino ofrecerles una vía de salida real, digna y progresiva de la informalidad. Que moral y legalmente el delito es siempre condenable, no admite atenuantes ideológicos y bajo ningún punto de vista puede ser justificado".

Sostiene que "con la misma firmeza con la que condenamos el delito, debemos reconocer con justicia que no todos los casos son iguales, y muchos, sino la mayoría son solo hermanos tratando de subsistir. Toda legislación que aspire a ser justa debe contemplar, de manera ineludible, el bien común y la atención prioritaria a los menos favorecidos de nuestra patria".