Diputados busca dictaminar la reforma a los DNU y recibe al primer funcionario por Presupuesto

La Cámara de Diputados de la Nación ingresa en una nueva semana de alto voltaje político que tendrá dos frentes abiertos en comisiones. La firma del dictamen para limitar DNU’s y el inicio de las exposiciones de funcionarios para defender el Presupuesto 2026.

En primer lugar el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento —que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO)— se reunirá para emitir dictamen sobre la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, que ya tiene media sanción del Senado. El mandato del plenario es puntual: tiene emplazamiento para este 30 de septiembre.

El otro frente tendrá lugar el miércoles, cuando la comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert, retomará el debate del Presupuesto 2026. Será el turno de la primera exposición, pero la oposición reclama la presencia del equipo económico completo y dictamen antes de noviembre.

Ambos carriles condensan una disputa similar: limitar la discrecionalidad del Ejecutivo —por vía política y económica— y contener el contrapeso propio del Congreso en cuanto a fijar procedimientos más estrictos en la forma de gobierno y de la administración de los recursos del estado con una “ley de leyes” para el año próximo, tras dos reconducciones consecutivas.

Reforma de los DNU

El último martes 23 se abrió la discusión, con un texto que ya trae media sanción del Senado. No es un expediente más: limita la herramienta que el Gobierno convirtió en columna vertebral de su gobernabilidad, a sabiendas de su minoría en el Congreso.

Para el oficialismo, es un recorte directo sobre su margen de maniobra. Para una oposición amplia —peronismo, radicales, bloques provinciales y parte del PRO—, es restauración institucional de las funciones del Congreso.

En el plenario anterior, se dejaron asentadas las posiciones. Desde Unión por la Patria, Mónica Litza, defendió una “norma sencilla que fortalece la división de poderes” y remarcó el uso “abusivo” de la herramienta por parte del Ejecutivo.

Desde el PRO, Silvia Lospennato recordó que su bloque ya había presentado “proyectos más exigentes” y cuestionó el doble estándar: “Gobierno u oposición, la Constitución es la misma”.

En la UCR, Rodrigo de Loredo aportó contexto comparado sobre la curva histórica de DNU desde 1994 y señaló los “aspectos desestabilizadores” del uso discrecional.

El resto de los bloques, desde Democracia para Siempre a los federales, se alineó con la necesidad de acotar el DNU a su excepción constitucional. Mientras que los legisladores que responden a mandatarios aliados al gobierno mostraron sus reparos.

El Gobierno, tal como viene haciendo, anticipó que vetará la reforma de convertirse en ley; el desenlace volvería a poner el tablero en un cara a cara entre Casa Rosada y Congreso, con la oposición buscando los dos tercios para insistir como viene sucediendo con Discapacidad, Universidades y distribución de los ATN.

Desde la reforma de 1994, los DNU se regularon con la promesa de acotar al Ejecutivo. Sin embargo, la ley 26.122 terminó consolidando una práctica de perduración para los decretos. La cada vez más difícil construcción de mayorías en ambas cámaras para rechazarlos los volvió, en los hechos, quasi leyes. El mega DNU desregulador 70/2023 tensó ese límite.

La reforma propuesta corrige esa deriva: materia única, plazo y caída por inacción. El texto que cuenta con media sanción del Senado introduce cuatro modificaciones medulares:

• Plazo de 90 días: todo DNU caduca si no es aprobado por el Congreso dentro de los tres meses de su publicación.

• Silencio o rechazo: si vence el plazo sin tratamiento, o una sola cámara lo rechaza, el DNU queda derogado.

• Receso no es excusa: el Congreso deberá tratar los DNU aun en receso; se habilita el tratamiento expreso e inmediato.

• Una sola materia: los DNU deben ser temáticos, no ómnibus. Se prohíbe la acumulación de reformas heterogéneas en un único decreto.

Presupuesto 2026

Luego de que el plenario sobre DNU busque su dictamen, la comisión de Presupuesto y Hacienda abrirá su segunda ronda de reuniones en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Este miércoles 1 de octubre, desde las 13, está citado a exponer Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

La semana pasada fue con el fin de consensuar el plan de trabajo y el esquema de reuniones. Persiste un tironeo que no se saldó sobre el funcionamiento de la comisión. La oposición exige fijar un cronograma con dos reuniones semanales para sostener el ritmo, citar a funcionarios de la primera línea de Economía, Capital Humano, Salud, BCRA, ARCA, Agricultura y ANSES; y establecer una fecha para dictaminar para fines de noviembre.

El oficialismo, pro su parte, sin llegar siquiera a una decena de bancas en la comisión (apenas 6 propios de 49 totales, según el conteo de los cronistas parlamentarios), carece de margen para trazar una hoja de ruta sin acuerdos con aliados. La táctica, mientras, es manejar los tiempos con exposiciones técnicas como la de Guberman y la de la Oficina de Presupuesto del Congreso que presentará un informe propio, sumando segundas y terceras líneas de las carteras, con el fin de estirar los debates hasta conocer el humor político de octubre, tras las elecciones.

El mensaje enviado por el presidente Javier Milei al Congreso plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026, y se proyecta incrementos del 10,6% de las exportaciones, y 11% de importaciones. Y prevé refuerzos en jubilaciones (5%), salud (17%), pensiones (5%) y universidades (hasta $ 4,8 billones).

Asimismo, el mandatario remarcó en la presentación que no negocia consolidar el ancla fiscal que se presenta como piedra angular de la estabilización, con gastos por debajo de los ingresos. En ese sentido, fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual espera tener un superávit primario de 2 billones de pesos.

La oposición asegura que las partidas sociales no recomponen atrasos y exige financiamiento educativo para recuperar el 6% del PBI previsto por ley. En paralelo, aparecen preguntas sobre supuestos macro (actividad, precios, tipo de cambio, recaudación) en una economía que todavía convive con brecha cambiaria, tasas altas y crédito restringido.

Una diferencia clave es que 2024 y 2025 transitaron con presupuesto reconducido, en un clima de polarización política que impidió ley. Ahora, en medio de una campaña electoral, con un gobierno en minoría que necesita previsibilidad y un Congreso que quiere marcar límites, ambas tienen nuevas necesidades: el Ejecutivo busca otorgar señales políticas al mercado; mientras que la oposición quiere recuperar el control de prioridades políticas.