Emergencia en discapacidad: "No es impacto fiscal, es deuda del Estado"

Aprobada por las dos cámaras del Congreso nacional, vetada por el Ejecutivo, ratificada por Diputados y por el Senado, la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue varias veces noticias pero sigue sin ser aplicada. Eso en virtud del artículo 2º del decreto de promulgación que devolvió la norma al Congreso para que explique de dónde van a salir los fondos para su plena vigencia.

Lejos de concluido el debate, el tema sigue escalando en el trabajo legislativo y para los próximos días están previstas varias reuniones de comisión para expedirse sobre este tema: una para el martes a las 13 a fin de emplazar al Jefe de Gabinete Guillermo Francos para ser interpelado, y otra, ese mismo día a las 15, para derogar el mencionado artículo 2.

Mientras tanto, la situación en el sector sigue siendo crítica con montos muy atrasados para profesionales y transportistas y centros de atención más cerca del cierre que de la continuidad. "Lo que está pasando es inhumano", afirma sin rodeos Daniel Arroyo, diputado nacional (UxP), presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley de emergencia. Y en diálogo con El Litoral explica por qué.

- ¿Tenemos o no tenemos ley de Emergencia en Discapacidad?

- Si, la ley fue promulgada y ya está vigente pero el gobierno hizo algo absurdo e inconstitucional: en el artículo 1 la promulgó y en el artículo 2 suspendió su aplicación hasta que defina el Congreso de dónde salen los recursos, cuando hace dos años que los argentinos no tenemos presupuesto (rige aún el que fue prorrogado desde 2023). Frente a esa situación hay tres caminos: el primero es el de la racionalidad y el sentido común, que entiendo que no lo va a aplicar el gobierno, para poner en marcha la ley y transfiera los recursos de parte del Jefe de Gabinete a la Agencia de Discapacidad. El segundo camino es el de la Justicia y yo ahí tengo más fe porque ha actuado rápido en este tema cuando se presentaron familiares, las Defensorías del Pueblo de las provincias y diputados que presentaron proyectos para que el gobierno ponga ya en marcha la ley. El tercer camino es el del Congreso y vamos a interpelar al Jefe de Gabinete porque está haciendo algo inconstitucional y puede tener una moción de censura.

El miércoles pasado en el Congreso emplazamos, es decir, obligamos a que la comisión de Asuntos Constitucionales trate el tema el próximo martes y seguramente ese día se va a poner fecha para la interpelación del Jefe de Gabinete. Lo lógico sería que prime el sentido común y el gobierno ponga en marcha la ley, pero hasta acá no parece estar dispuesto a hacerlo.

- ¿Cambió algo desde que se aprobó y promulgó la ley? ¿Se restituyeron derechos a personas con discapacidad?

- El gobierno, el mismo día que promulgó y suspendió la aplicación, envió una partida presupuestaria a la Agencia de Discapacidad diciendo que era para actualizar el nomenclador a partir del mes de octubre. Eso, hasta ahora, no sucedió; transfirió la partida pero la Andis no actualizó el nomenclador como decía el propio decreto del gobierno. Soy el autor de la ley, en febrero hablamos de emergencia, la primera vez que se votó fue en mayo y decíamos que la situación se estaba agudizando. Hoy la situación es de colapso: una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes, un acompañante terapéutico, 3 mil pesos la hora a 180 días. Es decir que ese profesional empieza hoy a acompañar a una persona con discapacidad pero va a cobrar el año que viene. El transportista sigue cobrando 541 pesos el kilómetro y por eso, en vez de llevarlo 5 días al centro de atención, lo lleva 2. Están colapsados los centros de día y hogares; están haciendo ferias americanas y rifas para subsistir.

- ¿Qué afectación presupuestaria tendría esta ley en caso de que sea aplicada?

- Sería de 0,03 del PBI para reordenar el sistema de prestaciones, es decir, las que hacen a transporte, acompañamiento, centros de día, hogares, talleres protegidos y medicamentos. Pero esto no es impacto fiscal, es deuda. Y esto pasa porque el Estado no autorizó el nomenclador; la última vez que se reunió el directorio fue en noviembre del año pasado, todo este año se actualizó en un 0,5 %. Por eso, mi opinión es que no hay que pensar en el costo fiscal sino en cuánto le debe el Estado a las personas con discapacidad y sus familias.

- ¿Se restituyeron pensiones a personas a las que se les habían quitado?

- Parcialmente. El esquema es así: hay 110 mil pensiones que se dieron de baja y, de ese total, 90 mil son por caso de domicilio. Es decir que son personas que nunca recibieron el telegrama o la carta documento, no se enteraron de que tenían que presentarse (para revalidar sus datos) y supieron que les habían suspendido la pensión cuando la dejaron de cobrar. Cuando fueron a la Anses les dijeron que tendría que haber ido hace 60 o 90 días cuando en realidad nunca recibieron la citación. En algunos casos la Justicia de las provincias falló para restituir las pensiones, como en el caso de Formosa y la Agencia lo está haciendo de acuerdo a cada situación particular. Lo que planteamos en el Congreso es la obligación de restituir todas porque estamos hablando de personas que nunca supieron que tenían que ir a una auditoría.

- ¿Hay una posibilidad de que avance una moción de censura sobre el Jefe de Gabinete Guillermo Francos?

- Si, porque votamos y tuvimos la mayoría para que la comisión se reúna el próximo martes (será un plenario de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento). Es absolutamente inconstitucional, absurdo, fuera de toda regla institucional lo que se hizo. Mi intención, pero porque estoy comprometido con las personas con discapacidad y sus familias, es que, antes, el gobierno reflexione y ponga en marcha la ley. Pero veo posibilidades reales de que avance un proceso sobre el Jefe de Gabinete.

- ¿Por qué se involucró en este tema y presentó este proyecto de emergencia en febrero?

- Soy presidente de la Comisión de Discapacidad y mi intención no era presentar este proyecto sino una ley marco. Porque la norma que rige el funcionamiento del sistema para personas con Discapacidad es de 1981, por lo cual está totalmente desfasada. Convoqué a instituciones a debatir ese tema y cuando venían a la comisión decían "no aguantamos más", "estamos a punto de cerrar". Ahí fue cuando viré al tema de la emergencia para que las respuestas estén ya. La otra ley, la ley marco, involucra un debate más profundo sobre la situación de la escuela especial, el mundo del trabajo y la accesibilidad, entre otros aspectos. Pero frente a la situación de desesperación, decidimos ir directo a la emergencia. Porque, además, hay una situación de desigualdad; hay familias que pagan un extra al acompañante para que no se vaya y eso es lógico; pero hay otras familias que no lo pueden hacer. Las obras sociales y prepagas se desentendieron y siguen actuando como las habilitaba la resolución 70/23 de diciembre de 2023. Y hay algo que es perverso: el gobierno tiene por regla achicar trámites y desburocratizar y por eso es más fácil, por ejemplo, comprar un auto. Pero en materia de discapacidad aumentó todos los trámites. Lo que está pasando es inhumano