En la Cámara de Diputados de Santa Fe, el oficialismo pone como prioridad la emergencia en agua y cloacas

La ley que declarará hasta el 31 de diciembre de 2024 "en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe", sería sancionada este jueves por la Cámara de Diputados. La declaración de emergencia "tiene como fin atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad", señala el artículo primero del mensaje del Poder Ejecutivo.

Voceros parlamentarios del bloque de diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe dieron por descontada la sanción del proyecto que se inició en el Senado y que tiene como comisión de cabecera a Obras y Servicios Públicos, comisión que encabeza el radical Dionisio Scarpin. Dicha comisión está citada para este miércoles, a las 17 con temas que tienen preferencia para la sesión del jueves: la emergencia y el proyecto de María Fernanda Castellani (Pro) para convocar a una audiencia pública, jornada de trabajo y debate por el estado de deterioro de la calzada de la ruta nacional N° 33, entre Rufino y Rosario. "El objeto de la reunión es lograr visibilizar la problemática ante las autoridades nacionales", dijo la autora.

Semanas atrás, la Comisión de Obras y Servicios Públicos recibió al directorio completo de ASSA que encabeza Anahí Rodríguez para analizar el alcance de la iniciativa que motoriza el Ejecutivo.

En el tema sanitario, el radical José Corral señaló que están trabajando con los diferentes bloques el dictado de una resolución - que también se votaría el jueves- para ordenar una transición en aquellos municipios y comunas que adeudan facturas a ASSA o que no estén cobrando los servicios a los usuarios. La resolución -cuyos alcances serán definidos el jueves- apuntan a tranquilizar a los gobiernos locales prestadores de servicios de agua. El justicialista Marcos Corach viene advirtiendo sobre "la injusta e inconstitucional pretensión de hacer responsablemente solidarios a los municipios de las deudas de cooperativas con la empresa estatal Assa. Y por si fuera poco, el gobierno provincial también se arroga a partir de esta norma el poder de retener compulsivamente hasta un 5% de la coparticipación de los municipios y comunas para saldar deudas futuras y pasadas". El legislador mantuvo reuniones con varias cooperativas prestadoras del servicio en el interior santafesino.

El proyecto prevé prórroga de esta emergencia hasta diciembre de 2025 y en dicho período el Poder Ejecutivo quedará facultado "a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el artículo 3 de la Ley N° 11.220". Para fijar el nuevo cuadro tarifario, el Poder Ejecutivo "deberá tender a la sostenibilidad ambiental, económica y social del servicio" y más adelante señala que "deberá garantizar los derechos de usuarios del servicio, para lo cual se deberán desarrollar audiencias públicas de modo previo a la determinación de la tarifa y se deberán explicitar en cada caso los fundamentos de las decisiones que se tomen en materia tarifaria".

El otro aspecto que prevé la ley es la delegación a ASSA de la operación, mantenimiento, administración y explotación del sistema de acueductos implementado en el marco del "Programa de Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe" creado por la Ley N ° 12.668.

El último punto del proyecto refiere a la elaboración por parte del Ejecutivo de una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento. El plazo de presentación vencerá junto a la emergencia.

Suelos

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados fue citada para este miércoles para empezar a considerar un proyecto de ley para implementar en la provincia políticas integrales de buenas prácticas para la producción agropecuaria sostenible.

A la primera reunión del grupo que preside el radical Marcelo González fueron invitados a exponer los integrantes de la Fundación Barbechando. Se trata de una sociedad civil que trabaja junto a diputados y senadores nacionales para incidir positivamente en leyes y políticas públicas para el desarrollo del sistema agrobioindustrial. La entidad dice aportar información, propuestas y conocimiento técnico sobre los proyectos. Barbecheando se formó en el 2008 en el contexto de la Resolución 125, cuando un grupo de productores, defensores de los valores republicanos, comenzaron a caminar los pasillos del Congreso a explicar y esclarecer las características del interior productivo, para pasar del reclamo a la propuesta. El contacto con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados se producto en la muestra activa de San Nicolás y acordar venir a exponer sobre el proyecto en cuestión

El socialista Joaquín Blanco explicó que "a través de la implementación de buenas prácticas agropecuarias se pretende: a) promover que los productos agropecuarios no hagan daño a la salud humana y animal ni al medio ambiente; b) proteger la salud y la seguridad de los trabajadores; y, c) procurar el buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. De allí, que resulte imprescindible contar políticas públicas integrales dirigidas a lograr tales objetivos, en un contexto de cambio permanente tanto de las condiciones sociales, económicas y ambientales vinculadas a la producción agropecuaria, como de las maneras e insumos utilizados para producir y procesar los productos agropecuarios".