"Privatización de la gestión", tema central de una jornada sobre el futuro de las energías

De las opiniones de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, se ocupan esta semana los sitios de internet y los periodistas gráficos especializados en esa materia de la prensa nacional. Aquí se ofrece un resumen de sus conceptos basado en los entrecomillados de distintos medios. El encuentro tuvo lugar en el Club Hípico Alemán "con la participación de los principales referentes del sector eléctrico y las energías renovables", indica una crónica de Econojournal, que fue el organizador.

La funcionaria participó de un panel junto a empresarios de los tres subsectores del sector eléctrico desde la generación y la distribución, pasando por el transporte. El tema central fue el futuro de las energías (combustibles líquidos, gas natural y electricidad) en la Argentina. Se espera que los propios actores del mercado queden a cargo de la gestión de los combustibles y de la contratación de energía.

Tettamanti se mostró optimista respecto de las variables económicas y financiera para después de los comicios del 26 y dijo que lanzará un plan para "volver a privatizar la gestión". Y explicó que durante el gobierno de Carlos Menem "salimos de una industria (de la energía) en los 80 estatal, y se privatizaron tanto los activos como su gestión". Sin embargo, tras el derrumbe de la Convertibilidad "la propiedad quedó en manos privadas, pero la gestión no".

Indicó que "se fue interviniendo tanto desde el Estado que, en definitiva, lo que hizo fue estatizar el sector, y nosotros queremos volver a la privatización absoluta del sector. Lo peor que podemos hacer es continuar con este régimen regulado y estatista, porque va a llevar a lo que tenemos hoy, que es un sistema descapitalizado, donde, sin contratos previsibles y entre partes privadas, no hay desarrollo a largo plazo", opinó.

Luego describió el escenario que se pretende: "Los grandes usuarios tienen que gestionar su energía. Si desde Cammesa y la Secretaría de Energía vemos que el sector privado no se está moviendo en esa dirección, veremos si es necesario hacer una acción más centralizada de hacer el cálculo, la planificación y la licitación, pero no el offtaker (la compra). No somos dogmáticos y si en algún momento hay que hacer algo para garantizarle al proveedor el cobro de lo que va a vender lo vamos a hacer, pero a lo que apuntamos es a que el sector privado sea el offtaker de la nueva producción de energía", remarcó.

Hoy para el mercado eléctrico en su mayoría y para todo el sector del gas natural los actores principales son privados pero no la gestión de los valores del mercado: el Estado indica cuánto valen la energía eléctrica y el gas natural en generación y en transporte a cargo de empresas privadas. Y también la Nación fija indirectamente las tarifas en el interior del país en el sector eléctrico (que cuenta con empresas provinciales estatales, como la Epe santafesina, Epec cordobesa y algunas bonaerenses) al establecer el valor del mercado mayorista. Obviamente, también el sector público nacional, con subsidios, cubre una parte de esos valores para los consumos en los hogares.

Hoy el Estado interviene en la cadena mediante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que intermedia entre productores de gas, generadores eléctricos y distribuidoras.

"Las distribuidoras seguirán teniendo generación asignada para cubrir la demanda residencial, pero deberán pagar la energía en el mercado mayorista o salir a contratarla directamente con un privado. El gran usuario también podrá elegir", detalló Tettamanti.

Advirtió que "sin una macroeconomía ordenada, estabilidad fiscal y cambiaria, no hay política pública que funcione. El sector energético está altamente dolarizado; por lo tanto, las decisiones deben ser consistentes con los lineamientos del Ministerio de Economía", expresó.

"La reforma eléctrica está pensada para un contexto donde no va a haber cimbronazos cambiarios. Creemos que lo de estas semanas es una turbulencia por las dudas sobre el proceso político".

Los subsidios que se busca eliminar

Es más que relevante lo que se juega en el sector de las energías en los próximos años. Y las declaraciones de las autoridades nacionales en esa materia marcan un camino para los próximos dos años, luego de dos en los que -si bien hubo avances- quedaron sin concretarse varios anuncios de la conducción anterior.

Ya no se ha vuelto a hablar de una "canasta básica de energías" tras la renuncia de Eduardo Chirillo, en octubre del año pasado. Su preocupación fue bajar los costosos subsidios y en parte lo logró al "encarecer" o "sincerar" las tarifas, según se prefiera. Pero no pudo con lo más importante, identificar los casos de abusos que se había propuesto: recién medio año después de su salida del gabinete se cortaron ayudas a usuarios de zonas de muy alto poder adquisitivo (como Puerto Madero) que juraban ser de clase media para tener kilovatios baratos.

Es notable como la cuestión de los subsidios recorre el debate sobre las tarifas de los servicios de gas natural y electricidad desde que el país dejó atrás la Convertibilidad en aquel estallido de 2001-2002 que terminó con la paridad entre el peso y el dólar. Hasta entonces solo había subsidios cruzados y unas pocas tarifas sociales.

Luego, en sucesivos gobiernos nacionales de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, crecieron exponencialmente al punto de que su el costo para el Estado fue -en parte- el talón de Aquiles de la economía (y de cualquier esfuerzo por conseguir el equilibrio fiscal). Paso durante los años del kirchnerismo pero también, en menor medida, del macrismo.

Los aportes del sector público nacional a los consumidores finales estaban absurdamente generalizados: había gas barato para el transporte de personas y productos en las ciudades con el GNC pero también para calefaccionar piscinas en pleno invierno.

En 2024 bajaron -37,6 % y en lo que va del año en curso otro -44%, según las mediciones del Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet que allí suma lo que la Nación gasta para bajarles los boletos de ómnibus, subtes y trenes únicamente a porteños y bonaerenses del conurbano.

Con unos pocos cambios, se sostiene la segmentación tarifaria que sin cosechar sus frutos inició el gobierno nacional anterior. Consiste simplemente en cobrarle a quien sí puede pagar. Divide a los usuarios residenciales (hogares) por sus presuntos niveles de ingreso según una declaración jurada para ser N1, N2 o N3. Los dos últimos (bajos y medios) aún cuentan con ayudas que cubren el 82 y el 78% del gas natural por redes y el 71 y 63% de las facturas de la luz. Los N1 pagan un 66% del costo que el gobierno nacional admite para el primero y 80% del segundo.

En otras palabras, con porcentajes distintos, y porque se busca que las tarifas no influyan en el índice inflacionario (o en las urnas), siempre hay buenas razones para ralentizar la quita de subsidios a las capas medias y altas.

Un mercado sin regulaciones ni intervenciones estatales en generación y transporte (en distribución el VAD parece estar cubierto en buena parte del país) supone que no haya subsidios y que las tarifas sean sustancialmente más caras. Por eso la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, advierte que no se puede iniciar la desregulación si sigue inestable el panorama económico y financiero.