Comisario vuelve a la carga por "allanamiento ilegal" contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra

Una fiscal en Rosario respaldó la labor de sus pares y entendió que no hubo delito al producir un allanamiento a partir de lo que indicaba una prueba que, según el denunciante, fue "alterada". Ernesto Andriozzi pide que el tema quede fuera de esa fiscalía regional.

Ernesto F. Andriozzi, un ex comisario retirado, le inició una causa a los fiscales que lo acusaron de peculado. Lo hizo ante la fiscalía regional de Santa Fe, porque sostiene que fue injustamente involucrado en una investigación por dos miembros del MPA de Rosario, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pero el expediente fue a la fiscalía regional del sur.

Lo más importante que denunció en octubre de 2022 el ex uniformado es que para el allanamiento sencillamente se "falsificó" la transcripción de una conversación captada por una investigación judicial en la que se "agregó" su nombre, apellido y apodo. El propósito fue "engañar" a un juez, y que libre una orden de allanamiento sobre su vivienda, donde también fue revisado y tomado material del estudio jurídico de su hija, Evelyn, una abogada penalista que actúa como su representante en el caso. Ella sostiene que la jueza fue víctima del accionar de los fiscales, ya que debió resolver sobre un extenso escrito en muy poco tiempo y que su queja es contra el proceder de los fiscales, no de la magistrada que materialmente no pudo verificar el audio original y la transcripción.

El 12 de abril pasado, la denuncia fue desestimada por la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario, en un escrito de diez carillas, que no ha dejado conforme a los Andriozzi. Presentaron luego su queja, para que la cuestión no pase al archivo, y porque esperan que alguna vez el asunto pueda ser resuelto en otra fiscalía regional, donde no exista una evidente proximidad de quienes deciden con los fiscales que cuestionan. Por ahora, todo sucede en el sur santafesino: el hecho a investigar, la denuncia y la investigación, todo puertas adentro del MPA que ha cambiado su titular en la regional, casí como en su conducción general en la provincia.

La resolución del caso -ya respondida por Andriozzi- sucedió unos pocos días antes del cambio de autoridades.

De la tergiversación a la "referencia puntual"

Al explicar los fundamentos de su decisión, la fiscal Bartocci aborda el tema central de la denuncia. Dice lo siguiente: "Estimo que es cierto que no hay una referencia puntual a una conversación telefónica entre los allanados mencionado en la solicitud". En pocas palabras que estisma que "es cierto" lo que sostienen los Andriozzi en el sentido de que en la prueba original (el audio de una causa por nacrotráfico contra el clan Alvarado) no se dice lo que luego aparece en la transcripción presentada por los fiscales ante un juez para producir el allanamiento.

Es importante completar el resto del párrafo de la fiscal que justifica el allanamiento porque pese a confirmar lo que dice la denuncia, la ausencia de una "referencia puntual", en cambio "sí la hay en cuanto se vinculan entre si, y por lo tanto (resultan) sospechados". Ello, sigue, "sumado a que Andriozzi es personal policial retirado lo que constituye un indicio, no solo por la importancia y gravedad de hechos de violencia institucional sino por la vinculación de -otros- agentes policiales en la organización criminal investigada". Es decir, aquellos vínculos y el haber sido policía es un indicio porque "otros" policías están involucrados y también estos otros uniformados aparecen en los vínculos del investigado.

La queja de los allanados dice sin medias tintas que la prueba para entrar a su propiedad "se falsificó", palabra que no aparece en el escrito de la Dra. Bartocci.

Por lo que El Litoral ha podido reconstruir a Andriozzi se lo llama "el perro" y así se lo agregó a la prueba en la transcripción que llegó a la jueza que autorizó el ingreso de las fuerzas del orden a su casa, donde han construido sus viviendas también sus dos hijos, en el fondo y en la planta alta. Una de ellos, es abogada y tiene allí su estudio que, pese a tener un ingreso propio con salida a la calle independiente (era la cochera) y estar separado del resto de la propiedad por una puerta con llave, también se allanó como si fuera parte de la vivienda del padre.

Evaluación

Para la fiscal, en su denegatoria a Andriozzi, más allá de la prueba adulterada, lo importante es al evaluar "los fundamentos de la solicitud del allanamiento", que "no solo se encuentra fundado en lo referenciado sino en todo el legajo".

Y aclara que "el artículo 169 del Código Procesal Penal norma que el requerimiento debe ser fundado sin tasar la forma de fundamentación, por lo que deja librado a la evaluación de la magistratura si la solicitud se encuentra fundada o no en el caso en concreto. Tampoco ordena que la fundamentación se agote en el escrito de presentación, ya que, incluso, podría ser verbal".

Presencias

Del allanamiento cuestionado queda otro dato: hubo funcionarios del Ministerio de Seguridad que por supuesto no eran parte del MPA, pero estuvieron allí.

Aquel episodio -varias veces mencionado por el senador Armando Traferri en sus diatribas contra los fiscales que lo investigan y no ha podido imputarlo- sucedió mientras era al mismo tiempo ministro de Seguridad y titular del Organismo de Investigaciones (en uso de licencia), Marcelo Sain. Con un pie en cada poder, uno en el Ejecutivo y otro en el Judicial.

Hoy hay una causa judicial por mal uso de datos contra el ex funcionario, al que la Legislatura expulsó en una sesión conjunta de ambas cámaras del cargo que había ganado por concurso en el MPA, tras haber renunciado al ministerio, por los resultados de su gestión.

En ese proceso están imputados Sain y otros ex colaboradores del ministerio y del OI, y como víctima participa Traferri, junto a otras altas figuras políticas, empresariales y de la prensa. Un dato relevante es que el comisario Andriozzi fue investigado por haber ordenado custodiar letreros de la campaña electoral de 2017 (una elección de medio término nacional) en el departamento San Lorenzo, por un pedido de Traferri, en 2017. Fue imputado por "peculado de servicios", cuestión sobre la que se extiende la fiscal al entender por qué se pide el allanamiento de la casa.

También la fiscal entiende que "les asiste la razón" a los Andriozzi en cuanto a que "no existen vínculos con el homicidio del joven Vitali ni con la banda de Alvarado" pero "sí demuestra vínculos con los demás involucrados en esas causas".

Lecturas a la luz de la causa Sain

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, es mencionado en el escrito de la fiscal. Dice que "inclusive la mención de la causa perfilamiento o presunto espionaje seguido a funcionarios del Minsterio de Seguridad por la Fiscalía Regional del Distrito Santa Fe es también una clara muestra que el nombre de Andriozzi está siendo investigado por sus vinculaciones" y agrega que entiende que es "plausible de ser investigado más no una certeza legal que de lugar a una resolución judicial en su contra, por lo menos hasta el momento".

Y sigue la fiscal "sobre la presencia en el allanamiento de integrantes del Ministerio de Seguridad, en el domicilio del ex comisario. Subraya que Milagros Bernard y Diego Rodríguez "son referentes en ese momento de la secretaría de Control, autoridades políticas de la Agencia de Control de Policías en Santa Fe, organismo encargado del registro. Por lo que, además de poder estar vinculados con el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain el allanamiento estaba dirigido a la Agencia de Control, ex Asuntos Internos donde estaban cumpliendo labores políticas".

El ex comisario Andriozzi sostiene que para entonces ya llevaba tres años fuera de la fuerza, como jubilado. Bernard y Rodríguez son parte de la nómina de ex funcionarios imputados en la causa Sain.