El gobierno promete hacer ajuste en el gasto político

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el Poder Ejecutivo (PE) está “preparando un ajuste en el gasto político”, que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.

“También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo”, dijo el jefe de Gabinete en diálogo con CNN radio, donde detalló que el PE está preparando “normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.

Por otro lado, destacó la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió en ley, y remarcó que ahora el Gobierno tiene “más facultades para ordenar”, al tiempo que señaló que hay “un paquete de medidas para resolver y generar alivio” que apunta a “los que menos tienen”.

Cafiero también cuestionó a los legisladores de Juntos por el Cambio por sus exposiciones durante el debate parlamentario: “La oposición no hace ninguna autocrítica de todos los errores que tuvieron, fueron injustos en algunos pasajes”, dijo, y consideró que “los opositores en el Congreso estuvieron más preocupados por salir en los diarios que en solucionar los problemas que ellos generaron”.

En cuanto a la cuestión previsional, el funcionario remarcó que “las jubilaciones se van a actualizar de forma trimestral y el índice los va a favorecer”, ratificó que “los jubilados van a tener aumento en marzo, y luego en junio; está en la ley”, y dijo que la “confusión” sobre el tema “la trajeron referentes de la oposición”.

Sobre las jubilaciones de privilegio, Cafiero sostuvo que “el Poder Judicial y el cuerpo diplomático tienen las jubilaciones más altas de la Argentina, con una diferencia con la mínima altísima, y por eso queremos que se discutan”.

En relación a las jubilaciones de privilegio que cobran los ex presidentes, el jefe de Gabinete aseveró que primero “hay que ver cuántos son” los que las perciben y luego aclaró que, de todos modos, “es un monto muy inferior a lo que cobra un juez de la Corte Suprema: 4 o 5 veces más que un Presidente”.

Finalmente, con relación al dólar, el jefe de Gabinete de ministros dijo que para el Gobierno “el valor en este momento está bien”, y ratificó que el impuesto a las compras en moneda estadounidense, que agrega un 30 por ciento a la cotización, se debe a que se “necesita cuidar nuestros dólares”, entre otras cosas, “para importar y mejorar el perfil exportador”.

“Nos dejaron un Banco Central complicado. La medida puede ser antipática. Afecta a los que viajan, pero necesitamos un esfuerzo y queremos favorecer el turismo local”, concluyó.

El rol de la oposición y los gobernadores

Los gobernadores de la UCR y otros referentes provinciales opositores jugaron un papel clave para que el presidente Alberto Fernández tuviera rápidamente la ley de emergencia económica con la que dio el puntapié inicial de su gestión.

La ley ómnibus denominada oficialmente “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” se sancionó con la velocidad que el Gobierno quiso: empezó a tratarse jueves por la tarde en Diputados y el sábado por la madrugada el Senado ya la había sancionado.

El gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, que se mantuvo afuera del Frente de Todos, prestó un colaboración central al oficialismo en la Cámara de Diputados, con los cuatro legisladores que le responden.

Por instrucciones del mandatario, los cuatro diputados cordobeses acompañaron el dictamen de comisión, dieron quórum para la sesión y finalmente votaron a favor del proyecto en general, diferenciándose en unos pocos artículos en la votación particular.

Los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) ayudaron de otra manera: los tres salieron públicamente al cruce de la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum y bloquear la sesión.

Los hicieron luego de la reunión que mantuvieron el lunes anterior con el presidente Alberto Fernnández, y quedaron enfrentados así con el ala dura de la oposición que encarnan buena parte del PRO y la Coalición Cívica.

En el Senado el oficialismo no precisó de la oposición para tener quórum pero sí para habilitar el tratamiento del tema con dos tercios de los presentes.

Caso inverso al de Diputados: al ausentarse del recinto, Juntos por el Cambio posibilitó que el Frente de Todos reuniera esos dos tercios por sí solo, algo que no hubiese ocurrido si bajaban todos, como propuso Martín Lousteau.

Es por ello que en la reunión de bloque previa al debate hubo fuertes cruces entre un ala comandada por Lousteau, que quería obligar al oficialismo a sesionar la semana próxima, y otra por el jefe de la bancada, Luis Naidenoff, hombre de Morales, que defendió la idea de habilitar el tratamiento.

Uno de los que se alineó detrás de Naidenoff fue Pedro Braillard Poccard, quien pese a no ser radical tuvo un pedido de Valdés para no sumarse a la estrategia del bloqueo.

También Alberto Weretilneck, ex gobernador de Río Negro y líder del oficialismo provincial votó con el Frente de Todos en el Senado, así como lo hizo en Diputados Luis Di Giácomo, dirigente de su partido.

El escenario fue muy parecido al de 2016 en varios aspectos, el primero de los cuales es la aparente división entre oposición “dura” y oposición “responsable”, como solía denominar a su sector el ex senador peronista Miguel Pichetto.

También quedó en evidencia que los mandatarios opositores jugaron un rol muy similar al que tuvieron en el inicio del gobierno de Mauricio Macri los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (Sann Juan) y Domingo Peppo (Chaco).

“Un cheque en blanco”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, afirmó que la Ley de Emergencia fue aprobada en el Congreso “sin los votos del Juntos por el Cambio porque entendemos que es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para imponer un brutal congelamiento a los jubilados, un impuestazo a la clase media y atacar una vez más al campo, que es uno de los sectores y motores que activan la economía Argentina”.

“La ley que se acaba de sancionar declaró 9 emergencias con la excusa de delegarle poderes absolutos al presidente Alberto Fernández. Como argentinos, no podemos avalar estas peligrosas concesiones políticas, que lo único que hacen es callar al pueblo, representado en las cámaras legislativas, durante un año”, sostuvo.

Incluso, manifestó que “cuando el actual oficialismo era oposición se encargó de tildar constantemente al ex presidente Macri de ‘ajustador’, diciéndole que los jubilados eran los grandes perdedores en su administración y que ellos venían a gobernar para todos. Es algo sin sentido porque ahora, la primera medida que toman es congelar jubilaciones,”, señaló y cuestionó: “¿Qué va a pasar con los jubilados que cobran la mínima y en febrero ya no van a tener ni el bono ni la movilidad?”.

Con información de Télam y NA