Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: los puntos centrales del proyecto

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone modificar el régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, reemplazaría la Ley 26.659, sancionada en 2011. El nuevo esquema amplía las actividades alcanzadas por las restricciones y suma herramientas vinculadas con la seguridad, la inteligencia y la protección de los intereses estratégicos del país.

Uno de los principales cambios está relacionado con los recursos naturales. Mientras la normativa vigente está enfocada principalmente en los hidrocarburos, el proyecto incorpora también otros recursos renovables y no renovables que puedan ser explotados sin autorización argentina.

La propuesta alcanza a las actividades desarrolladas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares correspondientes y la Plataforma Continental Argentina.

Sanciones

El proyecto establece un nuevo régimen de sanciones para personas y empresas que participen en actividades consideradas contrarias a la legislación argentina. Las medidas no se limitarían a las compañías que ejecuten directamente las operaciones.

También podrían alcanzar a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto enviado al Parlamento.

Entre las consecuencias previstas aparecen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar determinadas actividades económicas en el país. Para algunas conductas, la iniciativa contempla penas de prisión que podrían llegar hasta los 20 años.

El proyecto también establece la creación de un registro público de infractores. Las personas y empresas incluidas en ese listado podrían quedar impedidas de contratar con organismos del Estado y de acceder a determinados beneficios o habilitaciones.

Otro de los puntos incorporados es un régimen de desistimiento y regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan con las condiciones que establezca la nueva normativa.

La iniciativa también contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para determinados delitos incluidos dentro del nuevo régimen.

Un Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto no se limita al control de los recursos naturales. También propone cambios en la estructura estatal destinada a responder frente a amenazas consideradas externas.

En ese marco, establece la creación del Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente de la Nación.

El organismo tendrá entre sus integrantes permanentes al jefe de Gabinete y a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado y de la Secretaría Legal y Técnica.

El objetivo planteado es coordinar las distintas áreas del Estado frente a situaciones que puedan afectar los intereses estratégicos del país. El esquema contempla aspectos diplomáticos, económicos, militares, jurídicos, cibernéticos y de inteligencia.

También se incluye la protección de infraestructuras consideradas críticas y la coordinación de las distintas dependencias públicas que intervengan ante este tipo de situaciones.

Procedimientos para aeronaves y buques

Otro capítulo del proyecto establece procedimientos para actuar frente a aeronaves consideradas hostiles dentro del espacio aéreo argentino.

El esquema prevé distintas etapas de respuesta, que incluyen la identificación de la aeronave, las advertencias y las demostraciones de fuerza. El uso de la fuerza aparece como instancia posterior y como último recurso dentro del procedimiento previsto.

Para los buques se contempla un mecanismo progresivo que incluye persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización de la embarcación.

El hundimiento queda reservado para situaciones excepcionales y requeriría autorización presidencial. El texto establece además que esta medida no podrá utilizarse como una sanción contra una embarcación civil ni simplemente con el objetivo de impedir una fuga.

Restricciones

El proyecto también incorpora herramientas destinadas a responder ante amenazas que puedan provenir de otros Estados o de actores extranjeros.

Entre las medidas contempladas aparecen restricciones sobre determinadas operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones y contrataciones y limitaciones sobre algunas operaciones de comercio exterior.

Según la iniciativa, estas medidas deberán contar con una fundamentación y un plazo determinado. También deberán finalizar cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su aplicación.

El texto incorpora además disposiciones relacionadas con la denominada influencia extranjera. En particular, propone restricciones para los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras destinados a partidos políticos y campañas electorales.

También se incorporan figuras vinculadas con la entrega de información considerada secreta a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y con la colaboración material en operaciones clandestinas de inteligencia.

El proyecto contempla asimismo conductas relacionadas con acciones financiadas desde el exterior que tengan como objetivo intervenir en procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva.

A esto se suman disposiciones sobre la promoción o financiación de actos de violencia y sabotaje.

Por último, la iniciativa incorpora al marco legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que establece restricciones sobre determinadas operaciones económicas y financieras con personas o entidades incluidas en ese listado.

El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido parlamentario en el Congreso. La Cámara de Diputados será la encargada de iniciar el tratamiento de la iniciativa, que podrá ser modificada durante su análisis en comisiones y posteriormente en el recinto.