Wortman Jofré: "Los ciudadanos tenemos un rol en la lucha contra la corrupción"

"Siempre hablamos de la importancia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y no miramos que nosotros los ciudadanos también tenemos muchas cosas para hacer desde nuestro rol y de las organizaciones de la sociedad civil", asegura Hugo Wortman Jofré, especialista en la materia y con vasta trayectoria como consultor y actor directo en causas por ese tipo de ilícitos, sobre todo desde Poder Ciudadano.

Pero no se trata tanto de un reproche como de una invitación, y en ese sentido dirigió su participación en el II Congreso Anticorrupción organizado en Santa Fe por la Asociación Río Paraná, y también el diálogo con El Litoral. Principalmente, en orden a la existencia de legislación internacional que permite plantear fuera del territorio casos contra responsables de esas prácticas.

"En Estados Unidos, por ejemplo, hay normas específicas que permiten que los corruptos latinoamericanos sufran sanciones ahí, más allá de las investigaciones judiciales que están sufriendo en los países de origen, por ejemplo que se le incauten bienes. Hay una ley que se llama Global Magnitsky que permite que cualquier ONG o cualquier ciudadano latinoamericano vaya a plantear un caso en Estados Unidos para que se apliquen sanciones, se congelen cuentas, o se les impida la entrada a ese país.

- Son acciones paralelas…

- Claro, no se buscan condenas, sino otro tipo de sanciones. Que lo que hacen es evidenciar que hay todo un sistema de pesos y contrapesos internacionales, más allá de lo que haga la Justicia del país donde se haga el juicio al perpetrador de corrupción y qué penas se le apliquen. Y otro mecanismo se apoya en una ley nueva, que es del año pasado y se llama Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, Foreign Extortion Prevention Act), que busca que las empresas puedan denunciar los pedidos indebidos de los funcionarios, las extorsiones, sin necesidad de tener que haber pagado el soborno para eso. Es decir, se corre la posibilidad a un momento anterior al acto de corrupción. Para esos supuestos se aplicaba una ley antigua, del año '77, que era la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act). Ahí el caso más conocido es el de IBM-Banco Nación. La empresa fue acusada de pagar sobornos a funcionarios argentinos para obtener el contrato de informatización del Banco, en el gobierno de Carlos Menem. La empresa y todos sus directivos fueron juzgados en Estados Unidos, por haber aceptado pagar un soborno para hacer negocios en Latinoamérica. Con la nueva ley no es necesario que la empresa acepte pagar.

- ¿En Poder Ciudadano se trabaja a partir de estas herramientas?

- Tenemos un área muy específica de lucha contra la corrupción, que se llama Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC), donde recibimos denuncias y las litigamos, las llevamos a la Justicia. Hace un par de meses tuvo mucha resonancia el caso de una ciudadana de La Rioja que denunció que una jueza le estaba pidiendo 8 millones de pesos para sacar adelante una sucesión. Ese caso también entró al centro Alac de Poder Ciudadano y nosotros acompañamos a la denunciante en todo el proceso. Porque lo que suele ocurrir, cuando uno enfrenta a la corrupción, es que es un ciudadano que está solo frente a un sistema de un Poder Judicial que muchas veces está cooptado por la política. Entonces, es inseguridad, miedo a sufrir amenazas. Nosotros en Poder Ciudadano los vamos guiando, y este caso fue muy exitoso porque después ella se conectó con el periodismo, hicieron una cámara oculta y lograron acreditar que efectivamente existía el hecho denunciado. Es un ejemplo palmario de que en Poder Ciudadano no nos quedamos solamente en el diseño de políticas públicas, sino que vamos a las acciones, para ayudar a que quien enfrente la corrupción tenga un final feliz; porque hay sobrados ejemplos de casos en que no fue así.

Acceso a la información

- Ahí tiene un rol importante el periodismo, en la medida en que tenga libertad para indagar y difundir.

- Por eso es muy importante para nosotros la herramienta de la Ley de Acceso a la Información, y por eso es que vamos a tener una posición muy combativa en orden a este decreto nuevo que sacó el gobierno, tratando de regular y limitar sus alcances. La ley fue una lucha de la sociedad civil de más de 30 años. Primero tuvimos un decreto, que fue el 1172, después el gobierno de Macri sacó la ley, que solamente se aplica ahora a nivel del Poder Ejecutivo, porque ni el Judicial ni el Congreso han implementado los mecanismos para responder los pedidos que se hacen desde la sociedad civil o desde el periodismo. E imagínese que gracias a eso hemos descubierto el caso de los cuadernos de las coimas, la fiesta de Olivos durante la pandemia…. Nosotros sistemáticamente a cada gobierno que asume le pedimos la información relativa a ingresos y egresos de la quinta de Olivos. Que ahora se intente restringir ese derecho es algo que hay que combatir. No nos pueden negar el derecho a preguntar.

- Se plantean las restricciones desde el punto de vista de la razonabilidad, de no invadir la esfera privada. Pero eso ya estaba contemplado en la ley, lo de ahora son restricciones adicionales.

- Y reglamentadas, o sea, surgen de una norma de segunda jerarquía. Y esto de la vida privada ya se ha discutido a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue famoso el juicio de Menem contra editorial Perfil por el caso de su hijo extramatrimonial, de Nair. La Corte de Menem condenó a la editorial, Perfil acudió a la Comisión Interamericana y ahí se discutió si la vida privada de un presidente, que además estaba casado y que tenía su familia, era de interés público. Y la Comisión Interamericana fue tajante en ese fallo, donde absolvió a la editorial, diciendo que un funcionario, cuando decide asumir una alta función como es la magistratura de un país, ya sabe que su vida privada va a ser escrutada, y el nivel de privacidad que tiene un ciudadano común frente al presidente de la República es mucho mayor. Y que el Presidente ya prácticamente no tiene vida privada. Y que si no se quiere exponer a eso, no tiene que aspirar a ese cargo. Y la razón es que el pueblo tiene derecho a ponderar en los actos de su vida privada de los políticos, de los candidatos, lo que después va a volcar en el momento de votar. Por eso el periodismo tiene derecho a preguntar, y por eso la libertad de prensa y la libertad de expresión son superiores a la defensa de la vida privada de cualquier funcionario público, que sabe que la va a tener restringida. Y por eso para nosotros esta es una batalla que no vamos a resignar.

Justicia y empresas

- El Poder Judicial no goza de la mejor imagen ante la sociedad. ¿Está preparado estructuralmente para dar respuestas eficaces en materia de corrupción?

- Bueno, la verdad es que lo ideal es que la Justicia esté especializada en investigar casos de corrupción y que cuente con organismos auxiliares de apoyo. La Capital Federal está bastante bien organizada, porque hay fiscalías especializadas: la Procelac, la de trata de personas, la de violencia de género, la de cuestiones vinculadas a la Seguridad Social, al narcotráfico. Pero cuando uno va al interior, el mismo juez que atiende un homicidio después está atendiendo una estafa. Entonces, la verdad es que faltaría especialización. Y obviamente que el sistema de enjuiciamiento, los códigos procesales, ayudan mucho a acelerar. Entonces es muy buena la idea de implementar el sistema acusatorio. Que los fiscales investiguen, que decidan qué es lo que llevan a juicio y que los juicios sean rápidos a cargo de Tribunales imparciales, me parece que es una solución. Las causas de corrupción, según una investigación de una ONG amiga, en la Argentina duran 15 años promedio.

- Con respecto a la situación de las empresas frente a la corrupción, usted también viene trabajando desde hace tiempo en los programas de control internos…

- Si, es lo que se llama compliance. Justamente en esa línea yo suelo venir a acá a Santa Fe porque soy presidente del Consejo de Integridad de la Cámara de la Construcción, de Camarco. Fui contratado para implementar mecanismos internos en el sector de la obra pública para que las empresas puedan enfrentar eficazmente la corrupción. Y ahora tenemos legislación para eso. Cuando (el presidente, Mauricio) Macri quiso que el país ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una gestión que después lamentablemente no se continuó, se dispuso a cumplir con los requisitos para eso. Entre ellos, tener una ley de acceso a la información que funcione, y una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se sancionó y es la 27.401.

-¿De esa ley se desprenden pautas para las empresas?

- Justamente, implementó mecanismos de compliance interno, para que las empresas tengan anticuerpos frente a la corrupción. Que sepan qué tienen que hacer para evitar caer en un acto corrupto. Entonces ahí se generan códigos de ética internos, con regulaciones para que los empleados sepan qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Dentro de la ley y dentro de los mandatos que la propia los propios dueños de la compañía dictan. Después, hay reglas de relacionamiento con el sector público: cómo actuar cuando se va a ver a un funcionario, la cuestión de los regalos, de concurrir de a dos para que de todo haya testigos. O sea, regulaciones. Y después, capacitaciones, que es lo que yo hago. Así que ahí hay toda una red que se está construyendo, que es muy positiva y debería extenderse a las demás actividades. Este gobierno ya activó nuevamente las gestiones para ingresar en la OCDE, así que eso es muy importante, porque vamos a tener una evaluación.

El Juicio a las Juntas y 40 años después

- Usted viene trabajando en temas de corrupción desde la época del juicio a las Juntas Militares. Y ahí, más allá de las violaciones a los derechos humanos, también estuvieron presentes los delitos económicos. Porque a veces hay quienes quieren hacer pensar que la corrupción empezó con la democracia…

- Claro, no. Yo trabajé con Luis Moreno Ocampo, entré a la Justicia por Julio Strassera. Y eso fue lo que se llamó la dimensión económica de las violaciones de los derechos humanos, que era cuando los militares se apropiaron de las empresas de las personas detenidas. Hubo casos famosos, como el del grupo Greco, bancos, financieras, campos, industrias.. La verdad que sí hubo toda una dimensión económica y me parece que desde allí aprendimos mucho como investigar la corrupción. Por ejemplo, en aquel momento cuando un testigo venía a hablar, pasaba que los militares habían estado en el poder hasta hacía un año. Entonces, las personas venían y decían: '¿Y si yo hablo y vuelven los militares, qué pasa conmigo?'. Y nosotros no teníamos nada para ofrecerles. No teníamos ni sistema de protección de testigo, ni plata, ni podíamos cambiarle la identidad, nada. Lo único que le dábamos era decirles 'y bueno, si va preso, vamos todos presos con usted'.

- ¿Y ahora, 40 años después?

- Ahora tenemos un Programa Nacional de Protección de Testigos, apareció la figura del arrepentido, se pueden cambiar las identidades y se puede mandar a otros países a las personas en casos del crimen organizado. Estamos más fortalecidos que en aquel momento, pero la verdad que aquello fue un hecho histórico y una gesta sí, que ningún otro país de Latinoamérica pudo hacer. Y eso se logró gracias a funcionarios valientes como Strassera, y a que hubo decisión política. Son los dos componentes que lo hiciero posible.

Perfil

Wortman Jofré es abogado (Universidad de Buenos Aires). Fue Secretario Letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del "Centro de Estudios y Asuntos Penales" del Banco Central de la República Argentina, siendo el representante del BCRA en la investigación de los delitos económicos que involucraron a entidades financieras de la República Argentina en las décadas del 80 y 90. Consultor en programas integrales de control de corrupción y control del fraude y litiga en diversas causas de trascendencia pública e institucional. Conferencista especialista en prevención e investigación de fraude en diversos seminarios en ámbitos empresariales y estatales. Fue presidente y sigue siendo integrante de la Fundación Poder Ciudadano.