Investigan a una dirigente de La Cámpora por la compra de un inmueble debajo del departamento de Cristina Kirchner

La Justicia Federal puso la lupa sobre María Soledad Calle, referente sindical de La Cámpora en Campana y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras la adquisición de un departamento en el primer piso del icónico inmueble ubicado en San José 1111 (CABA), justo debajo de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La transacción se da en paralelo a una causa judicial incoada por el juez Julián Ercolini, donde se investiga la presunta administración fraudulenta y desvío de mil millonarios fondos sindicales del gremio metalúrgico.

Un movimiento inmobiliario bajo la lupa judicial

La operación comercial se registró el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 le concediera la prisión domiciliaria a la exmandataria nacional. Se trata de una unidad funcional situada en el primer piso del tradicional edificio de Recoleta/Constitución, posición estratégica inmediatamente inferior a la vivienda que ocupa Fernández de Kirchner.

Según trascendió de las negociaciones previas al boleto de compraventa, la dirigenta habría argumentado que el destino del espacio seria la radicación de la sede central de una fundación. Sin embargo, fuentes vinculadas a la tramitación y vecinos del consorcio expresaron reparos sobre el destino real de la propiedad. Ante las reiteradas consultas presenciales en la unidad, no se registró respuesta de ocupantes ni presencia habitual de Calle en el lugar.

Trayectoria política y la sombra de una causa penal por fondos millonarios

María Soledad Calle ostenta una prolífica trayectoria en la administración pública bonaerense: se desempeñó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de la Dirección General de Cultura y Educación provincial y presidió el bloque de La Cámpora en el Concejo Deliberante de la municipalidad de Campana. Políticamente alineada con el gobernador Axel Kicillof y de estrecho lazo ideológico con el kirchnerismo, su situación procesal se agrava a partir de sus nexos con la conducción de la UOM.

En diciembre de 2022, Calle constituyó la firma comercial USEM S.A. junto a Adalberto Raúl Braconi. Un bimestre más tarde, la cúpula de la UOM —encabezada por Abel Furlán— resolvió ceder a dicha sociedad anónima la gestión de la caja recaudatoria sobre el 80 % de los aportes pertenecientes a aproximadamente 200.000 afiliados metalúrgicos.

La investigación de Julián Ercolini

El convenio, acordado hasta el año 2033, concedía a USEM S.A. la facultad de administrar fondos de la cuota sindical, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio y ejecutar pagos directos, devengando una retribución privada equivalente al 0,5 % de la recaudación total. Estimaciones judiciales sugieren que la operatoria generó rendimientos por montos cercanos a los 100 millones de pesos mensuales.

Por estos hechos, impulsados por una denuncia formal de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, el juez federal Julián Ercolini investiga a Calle y a Furlán por presunta administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración y asociación ilícita. Pese a que registros oficiales constatan su representación sindical ante organismos internacionales, la dirgenta negó públicamente desempeñarse como empleada en relación de dependencia de la UOM.

El cruce entre la gestión de cuantiosos recursos sindicales y operaciones inmobiliarias de alto impacto simbólico —como la adquisición de una propiedad estratégica en el edificio de la exjefa de Estado— vuelve a ubicar a las segundas líneas de la militancia oficialista en el centro de los requerimientos de la Justicia Federal.