Milei vetó la ley que elevaba jubilaciones y los fondos para prestaciones en discapacidad

El presidente Javier Milei firmó el veto total al proyecto que había sido aprobado por el Congreso y que contemplaba un incremento del 7,2 % en las jubilaciones mínimas, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad. La decisión se anunció formalmente mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes.

Motivos formales del veto

Según el Gobierno, la ley sancionada no especificaba el origen de los fondos necesarios para financiar el aumento de jubilaciones y las prestaciones en discapacidad. El decreto destaca que la iniciativa implicaría un gasto adicional de aproximadamente 1,02 % del PBI en 2024 y 1,64 % en 2025, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.

La Casa Rosada calificó la medida como un acto de “demagogia populista” que comprometía el equilibrio financiero logrado mediante rigurosas políticas de ajuste.

Reacciones legislativas

A pesar de haber obtenido amplia mayoría en ambas cámaras, los bloques opositores enfrentan ahora el desafío de conseguir dos tercios de los votos para rechazar el veto y convertir la ley en definitiva.

Algunos aliados dentro del oficialismo, como Miguel Ángel Pichetto y Oscar Zago, ya alertaron sobre la dificultad de sostener el veto sin renegociación política con gobernadores y partidos minoritarios.

Perspectivas económicas y sociales

Desde la oposición se destaca que, si bien el proyecto proponía un ajuste moderado (7,2 %), representaba una reparación necesaria ante la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, estimada en más del 45 % desde 2017, y frente al creciente ajuste sobre servicios de salud y medicamentos.

Miles cuestionan la coherencia del discurso oficial: “dicen que no hay plata, pero destinas millones a gastos reservados, mientras vetan aumentos modestos que aliviarían a los jubilados”.

¿Qué sigue?

El Congreso podría insistir nuevamente en la norma, pero necesita lograr el quorum calificado para que el veto sea derogado. Hasta ahora, hay actores del oficialismo que reconocen que la mayoría opositora no se mantiene firme y tendría dificultades para sumar votos suficientes.

Por su parte, el Ejecutivo inició un acercamiento con sectores del PRO y gobernadores provinciales para evitar que se repita la votación original.

En caso de que el veto sea superado, la ley se convertiría en instrumento legal; de lo contrario, el Ejecutivo insiste con su disponibilidad a judicializar el trámite e incluso a cuestionar la constitucionalidad de la norma.

Contexto más amplio

La medida se enmarca en el esquema de austeridad implementado desde diciembre de 2023, que permitió alcanzar el primer superávit fiscal desde 2008, con recortes en gasto público, despidos, reducción de subsidios y ajustes en sectores sensibles como salud, educación y ciencia.

El veto total de Milei a la ley que preveía aumentos previsionales y declaraba la emergencia en discapacidad instala una nueva etapa de tensión entre Ejecutivo, Legislativo y ciudadanos.

La pulseada en el Congreso decidirá si la reclamación social se convierte en política pública o se mantiene bloqueada bajo la bandera del superávit fiscal. La judicialización anunciada por el Presidente añade otro capítulo imprevisible al conflicto institucional.