Cococcioni presentó una solicitud que está enmarcada en la Ley N° 14243, llamada de ejecución de la pena privativa de libertad, que entre otras cosas, previó la creación de la Cámara y entre sus funciones debe dar "las opiniones consultivas que le fueran requeridas por la Fiscalía General, la Defensoría Provincial, la Fiscalía de Estado o la administración penitenciaria, por motivos de previsibilidad o seguridad jurídica".
































